Consulta popular de Petro: cinco razones técnicas para votar ‘no’ a la reforma laboral

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo frente electoral para sacar adelante su iniciativa: la consulta popular.

De hecho, el pasado 18 de marzo, mientras en el Congreso se cerraba el capítulo de esta reforma, a pocos metros, en la Plaza de Bolívar, el mandatario anunciaba cómo sería el nuevo paso para lograr la aprobación de sus iniciativas que no tuvieron éxito en el Congreso, al tiempo que se despachó contra los congresistas y a los alcaldes los llamó “alcalduchos”.

Petro dijo que los parlamentarios no tumbarán la reforma laboral porque sea inconveniente o por las decenas de argumentos técnicos que se han expuesto en su contra, sino porque “el corazón se lo vendieron a la codicia. No tienen sentimientos. Ellos no son seres humanos”.

Unos días después, el mandatario salió al paso de las críticas a su consulta popular, la cual le costaría al Estado miles de millones de pesos. En el mensaje que publicó Petro en su cuenta personal de X, cuestionó una columna de opinión de un medio de comunicación, afirmando que la convocatoria para la consulta popular no es para “mamar gallo”.

Ahora, corre el reloj para que el Gobierno presente ante el Senado esta consulta popular y logre allí su aprobación y, posteriormente, con las preguntas definidas, busque el respaldo popular.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó el pasado jueves en la Universidad de Caldas la campaña por la consulta popular. “Después de la gran jornada de movilización del 18 de marzo que recorrió las principales calles de Colombia y convocó a nuestros compatriotas en el exterior, el Ministerio del Trabajo inicia en Manizales la convocatoria para que, en las urnas, millones de colombianos derrotemos a las minorías que se opusieron al cambio en el Senado”, aseguró el ministro.

En el encuentro, el ministro informó que recorrerá todo el país para invitar a la ciudadanía a aprobar, a través de la consulta popular, las reformas sociales que el país necesita.

Y anticipó lo que pasará en la rama educativa: “Son treinta y ocho mil colombianos entre docentes y trabajadores que serán formalizados con contratos a término indefinido para mejorar la calidad de la educación pública y las condiciones laborales y sociales de maestros, docentes, personal administrativo y de servicios generales en universidades como la de Caldas; y en todas las universidades públicas del Eje Cafetero y del país”, sentenció.

Sanguino también anunció la expedición de nueve decretos reglamentarios de esta reforma “y nos vamos a la consulta”, aunque no reveló el contenido de esos documentos, pero anunció que tendrá elementos importantes del proyecto que hundió el Congreso.

En este mecanismo de participación, lo más seguro es que la oposición se vaya por la abstención para que no se alcance al umbral. Aunque la discusión ya pasó del plano técnico al electoral y más allá de la mecánica política, hay razones de peso por las que la reforma se cayó y los impactos que tiene en el aparato productivo del país. Estos son los principales argumentos que soportan la decisión.

Incremento en los costos y golpe a las mipymes

Fedesarrollo, en medio de esta discusión, reiteró sus preocupaciones sobre esta reforma. Señaló que el aumento en los costos salariales y no salariales generado por la reforma implicaría la pérdida de 451.000 empleos. Advirtió que para un microestablecimiento comercial con tres trabajadores, la reforma supondría un incremento del 11,9 % en el costo mensual de la nómina. “No hay que olvidar que el 83 % de las empresas formales en Colombia son microestablecimientos con hasta tres empleados. Esto significa que, desde el lado de la demanda, los microestablecimientos serían los más afectados por la reforma”, señaló Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Por su parte, un estudio de la firma Crowe Co reveló que la reforma laboral propuesta podría generar un impacto significativo en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con un aumento de los costos laborales de entre 17 y 34 %.

En el informe de ponencia negativa del Senado, también se advierte que lejos de proponer una política de Estado que promueva un sistema productivo sostenible como medio fundamental para la promoción de un trabajo decente y digno, “termina por aumentar los costos laborales sin cálculo alguno, generando incertidumbre y poniendo en riesgo más de 450.000 puestos de trabajo formales”, dice al citar el informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República.

Limitación a empleo formal

Señaló el informe de la ponencia negativa que al encarecer el empleo formal y desincentivar su generación, los 13,3 millones de ocupados informales y 2,5 millones de desempleados enfrentarían mayores dificultades para acceder a empleos formales.

“El país necesita, sin duda, una reforma laboral, pero una que se enfoque en solucionar los dos principales problemas del mercado laboral: la alta tasa de desempleo (10 %) y la elevada informalidad (56 %)”, agregó Mejía, de Fedesarrollo.

Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la Andi señaló su preocupación en el sentido en que en un entorno de bajas tasas de crecimiento mundiales y en el país, junto con tasas de desempleo de dos dígitos, se tramite una reforma laboral que “aumenta sustancialmente los costos laborales, dificulta las condiciones de contratación, no tiene en cuenta los procesos productivos y las tendencias de la economía moderna y le da la espalda a la población ocupada en condiciones de informalidad y a la población económicamente inactiva”.

¿Y el impacto fiscal?

Además, en los últimos días, la Andi manifestó su preocupación por lo que llamó “la ausencia de un análisis de impacto fiscal apropiado”, durante el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Añadió que el concepto de análisis macroeconómico y de impacto fiscal, enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 11 de marzo de 2025, no cuantifica los gastos adicionales que deberá asumir el Estado si la iniciativa sale aprobada y tampoco señala las fuentes que posibilitarán la financiación de esos gastos.

“Es importante agregar que el concepto no tiene mediciones, asume que el beneficio va a estar en reducir la informalidad y aumentar el empleo, cuando los diagnósticos de otros tanques de pensamiento señalan que el resultado sería precisamente el opuesto y se perderían puestos de trabajo”, advirtió la Andi, y dijo que el Ministerio de Hacienda asume que habrá un aumento en la productividad porque el trabajador va a recibir un mayor pago.

Catástrofe empresarial

El experto laboralista Charles Chapman coincide con Fedesarrollo en el impacto a las micro y pequeñas empresas. “El país y su tejido empresarial es de micro y pequeñas empresas. En Colombia las grandes empresas son solamente 7.000 de 1.600.000 que existen en el país. El Gobierno pretendía hacer una reforma laboral para empresas grandes y boyantes, cuando en el país realmente las empresas son micro y pequeñas empresas”, indicó.

Además, reiteró que aumentar los costos laborales en medio de lo que calificó como una “catástrofe empresarial” no es la mejor medida. ¿Por qué una catástrofe empresarial? “En pandemia, en 2020, se liquidaron o se cancelaron en el país 195.042 compañías. Un dato complicado, el país ese año estaba viviendo una catástrofe sanitaria. Al ver los datos de 2023, se da el primer salto: se liquidaron 233.404. Nunca en la historia de Colombia se había cancelado ese número de empresas. Pero la cifra de hoy es todavía mucho peor y la crisis se ha agravado: en 2024 se cerraron 286.719 empresas. Eso representa frente a la pandemia un crecimiento del 46 % de empresas canceladas”, señaló Chapman.

Desconoce nuevas formas de contratación

Agrega la ponencia negativa que la iniciativa “en nada incentiva ni promueve la generación de nuevos empleos, desconoce y no brinda soluciones que atiendan los desafíos sobre las nuevas formas de contratación”. Al describir la posición de los partidos, la ponencia señala que, en el caso de Colombia Justa Libres, califica la reforma de regresiva, porque propicia la informalidad y el desempleo; de inconstitucional, porque vulnera derechos fundamentales; de inconveniente, pues varias de sus propuestas podrían realizarse por vía de una ley ordinaria, y carece de impacto fiscal.