Así funciona el negocio esmeraldífero

La cadena productiva de la esmeralda arranca con el minero que la encuentra. Él la entrega al propietario de la mina, quien la vende a un comprador que viaja luego a Bogotá para intentar tallarla o exportarla. En el recorrido entre el dueño y el consumidor final, que en el 95 por ciento de los casos se encuentra en otro país, la piedra suele pasar por muchos intermediarios: los talladores, que la transforman; los comisionistas, que buscan compradores, y los comercializadores.

Anteriormente, los comercializadores hacían los trámites correspondientes para registrar la piedra y garantizar que pudiera salir del país, y asumían el pago de regalías ante la Agencia Nacional de Minería (ANM). Es decir, para la ley todo el proceso anterior se ejercía de forma ilegal (por más que los propietarios de las minas fueran titulares debidamente registrados), pues los demás minerales explotados en Colombia se declaran desde la bocamina.

En muchos casos, los titulares mineros declaraban lo que habían extraído cada tres meses y el gobierno nacional no verificaba que efectivamente las minas funcionaran y que el material proviniera del socavón señalado. Esto propició que en el negocio se colaran criminales que usaban las esmeraldas para lavar activos o comercializar gemas robadas.

En 2015 entró en funcionamiento el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), creado para certificar a quienes negocian con minerales, con el fin de darle mayor transparencia y control a esta actividad. Desde entonces, todo aquel que quiera vender una esmeralda debe estar en este sistema que aplica para toda la cadena.

Incluso los denominados guaqueros, que ejercen la tradicional minería de subsistencia, deben registrarse ante las alcaldías de sus municipios para poder vender lo que sacan de entre las montañas. De igual manera, tienen que presentar un certificado que especifica dónde encontraron las gemas, entre otros requisitos como su cédula y un NIT. Gracias a todo esto, desde el inicio el proceso ya se está haciendo de forma legal y transparente, garantizando el origen y tributando como en cualquier otra actividad económica.

Lo mismo aplica para los propietarios de las minas, solo que ellos no necesitan estar registrados en las alcaldías sino únicamente en el Rucom para expedirle al comprador el certificado de origen. Con estas medidas se inició la formalización y legalización de la minería de esmeraldas. Cada vez que un nuevo jugador entra a esta cadena productiva debe contar con el certificado de origen de la piedra y del Rucom que lo acrediten como comercializador.

Sin embargo, el pago de las regalías se sigue realizando, aproximadamente en un 95 por ciento de los casos, al momento de exportar, por lo que muchos reclaman que el gobierno nacional debería implementar mayores controles y así lograr que se haga de la misma manera que con los otros minerales. Además, al igual que sucede con el oro y los barequeros se presentan situaciones en las que un guaquero certifica el origen de una mercancía que se obtuvo de forma ilegal.

En medio de esta realidad que todavía resulta compleja, no hay que desconocer que desde hace varios años entraron a formar parte del sector grandes empresas que poseen toda la cadena productiva: son titulares mineros, tienen centros de tallado y exportan los productos. Estas compañías contribuyen con la formalización de la actividad, pues todos sus empleados están contratados de manera formal, garantizan la trazabilidad de su material con fechas y horas exactas de cada etapa del proceso, y aportan el grueso de las regalías. Las Compañias Muzo (TMC), por ejemplo, en 2016 giraron el 88 por ciento de los 8.422 millones que produjo en ese año.

No obstante, muy pocas empresas funcionan así, por lo que el resto del comercio se mueve de manera informal o ilegal. Quienes han formado parte del negocio de las esmeraldas desde hace décadas sostienen que se requiere de un mecanismo más efectivo diseñado exclusivamente para este sector, pues consideran que el gobierno creó el Rucom para resolver, más que todo, el problema de la minería ilegal de oro.

Lo cierto es que un porcentaje importante de actores del sector le solicitan al gobierno prestar mayor atención a una industria que mueve sumas importantes de dinero y cuyo producto es reconocido en el mundo por su calidad y exclusividad.