Confidenciales
Demandan el ‘decretazo’ 0799, con el que el presidente Gustavo Petro pretende que no sea el Consejo de Estado el tribunal que asuma las tutelas en su contra
La demanda la presentó la exconcejal de Medellín Lina García Gañán, quien argumenta el desconocimiento del principio de separación de poderes.
Sigue levantando ampolla el “decretazo” 0799, expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que se pretende que las tutelas que se presenten justamente contra el mandatario, no sean de conocimiento exclusivo del Consejo de Estado, alto tribunal que en reiteradas ocasiones lo ha obligado a retractarse de señalamientos por haber mentido.
A la ya aceptada demanda presentada por la senadora María Fernanda Cabal, se suma esta nueva, presentada por la exconcejal de Medellín Lina García Gañán, quien es también abogada y constitucionalista.
Según la denuncia, como hecho único a demandar, advierte que “en las últimas horas fue expedido el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, mediante el cual pretende el presidente de la República busca retirarle la competencia exclusiva al Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente Gustavo Petro, permitiendo que ahora sean revisadas por jueces del circuito, lo que claramente va en contravía de las disposiciones constitucionales".
Sobre la demanda, señaló García Gañán: “Mi preocupación radica en la ruptura del principio del juez natural y la flagrante usurpación de competencias del Congreso, ya que cualquier modificación estructural a la administración de justicia debe hacerse mediante ley estatutaria, con el debido trámite legislativo y control previo de la Corte Constitucional”.
Para la constitucionalista, permitir que un decreto modifique este tipo de competencias atenta contra la separación de poderes, la independencia judicial y el equilibrio institucional.
“Esta demanda no solo pretende que se declare la inexequibilidad del decreto en cuestión, sino también contribuir al fortalecimiento del debate público y jurídico sobre la defensa del orden constitucional, el respeto a los procedimientos legislativos y la garantía de una justicia independiente, imparcial y especializada”, afirmó García Gañán.
