Centro Democrático dice que el petrismo se quedó sin discurso político tras contundente anuncio de la JEP

Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la imputación de cargos contra cuatro generales en retiro por 442 casos de falsos positivos que se presentaron en el departamento de Antioquia durante los años 2004 y 2007, pero también se dejó en claro un tema relacionado a la política de seguridad de esa década.

La magistrada Catalina Díaz aseguró que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política de la seguridad democrática liderada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Por esa razón, en el Centro Democrático celebraron esa postura de la JEP y señalaron que la izquierda ya debería de dejar se usar ese tema como recurso político. El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, envío un mensaje al petrismo.

“Ya se cae todo el estandarte político de la izquierda en Colombia, que llevaba 20 años acusando al presidente Álvaro Uribe sobre el tema de los falsos positivos y la misma JEP. La justicia montada por ellos no tuvo otra alternativa, sino decir que no fueron política de Estado; no eran política de la Seguridad Democrática los falsos positivos, sino que lamentablemente fue el daño de algunos miembros de la fuerza pública que cometieron estas atrocidades”, dijo.

El concejal señaló que ya ese tema no podrá ser usado en la campaña electoral de 2026 y le pidió a los colombianos conocer la postura que fijó la JEP. “Ya no tienen excusa ni relato para seguir haciéndole daño a Colombia con mentiras. Y queda claro que la Seguridad Democrática fue la operación de libertad de todo el país y que hoy más que nunca lo está volviendo a pedir. Ahora sí, que vuelva la Seguridad Democrática a Colombia”, reiteró.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, puso de presente una serie de patrones que se presentaron durante la práctica de los denominados falsos positivos y que se centraron en la búsqueda de resultados operacionales.

Sin embargo, pese a lo que muchos sectores políticos habían manifestado, estas prácticas no se hicieron en cumplimiento a la política de Seguridad Democrática. Esto, si se tiene en cuenta la revisión de los lineamientos de la lucha contra la subversión que se planteó.

“El texto de la política de Seguridad Democrática no tenía consignaba la política de control de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medían bajas”, enfatizó la magistrada Díaz al poner de presente la necesidad de establecer qué llevó a los generales en mención a darle órdenes directas a sus subalternos de buscar y demostrar más resultados.

Por ahora, sectores del progresismo no se han referido al pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que podría acabar con una discusión política de décadas.