Círculo de Periodistas de Bogotá advierte riesgo de censura y declara alerta máxima por solicitud de la CRC a medios

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) declaró “alerta máxima” por lo que considera un intento de limitar la libertad de prensa en el país, al advertir que “sobre Colombia se cierne una peligrosa sombra sobre la libertad de prensa” y que el Gobierno busca imponer “una peligrosa censura a los medios de comunicación que no se plieguen a sus intereses políticos o económicos”.

El pronunciamiento del CPB se da luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) remitiera una solicitud a medios en la que pide información sobre políticas internas, mecanismos de verificación y “soportes documentales” de consejos editoriales.

En su comunicado, el CPB señala que la petición —y la advertencia de posibles sanciones por incumplimiento— constituye una intromisión en la autonomía editorial.

La CRC, por su parte, defendió el carácter de la consulta como una indagación sobre “buenas prácticas” y aseguró que la petición busca conocer cómo los distintos actores del ecosistema mediático garantizan pluralismo, imparcialidad y protección de audiencias.

¿Qué había pedido la CRC?

La CRC pidió a canales y medios que informen: las políticas internas sobre selección de contenidos; protocolos de verificación y control de calidad; actividades de capacitación; mecanismos de autorregulación; y, en algunos casos, actas o soportes de reuniones editoriales que expliquen la elección de temas, fuentes y enfoques.

Esa solicitud, y la mención de posible “adopción de medidas administrativas” ante el incumplimiento, fue la que encendió las alertas en gremios periodísticos. En palabras del CPB, “estas pretensiones de censura, disfrazadas de discursos moralistas o de ataques selectivos contra periodistas críticos, amenazan con asfixiar el derecho ciudadano a estar informado”.

Para parte del sector, requerir actas y deliberaciones internas puede vulnerar la autonomía editorial y constituir un factor inhibidor —incluso si no hay sanciones aplicadas de inmediato— porque introduce la posibilidad de fiscalizaciones que pongan en riesgo la reserva de fuentes y la libre definición de líneas editoriales.

El comunicado del CPB —firmado por su presidente, José María Bolaño de la Hoz, y difundido por la agremiación— reclama que la petición afecta derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales sobre libertad de prensa y expresión.

“No se trata solo de un pulso entre el poder y los medios”, señaló el CPB, “se trata de la defensa del derecho inalienable a la libertad de informar y ser informado”. El CPB advierte además que la medida puede traducirse en estigmatización y presiones políticas sobre periodistas críticos.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica por la solicitud de la CRC y la enmarcó en el reciente fallo del Consejo de Estado que le ordenó a esa misma entidad regular las alocuciones presidenciales. Según el mandatario, la discusión se ha desviado: el pronunciamiento del alto tribunal buscaba precisamente garantizar equilibrio informativo, no imponer censura.

La controversia estalló justo cuando ese fallo volvió a poner sobre la mesa los límites entre comunicación institucional y libertad de prensa.

Tras la ola de críticas de los gremios periodísticos y la reacción pública del presidente Petro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones aclaró que la solicitud enviada a los medios no tiene carácter sancionatorio ni busca obtener información confidencial. La entidad anunció que revisará el oficio y enviará una nueva versión para “precisar su alcance” y “evitar interpretaciones erróneas”.