Visto bueno de la Anla: fumigación con Glifosato cada vez más cerca en Colombia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), modificó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), uno de los requisitos de la Corte Constitucional para que el Gobierno pueda retomar las fumigaciones aéreas con este herbicida.

Mediante la Resolución No. 694 del 14 de abril de 2021, la autoridad ambiental realizó la modificación del PMA, “incluyendo más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado, para que en caso de que se reanude la actividad de aspersión aérea, se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos, entre otros”, informó la propia entidad.

Esta modificación es clave para que se reanude este controvertido mecanismo de lucha para erradicar los cultivos de uso ilícito en el territorio nacional. Dicho trámite estaba suspendido por una tutela que presentaron varias comunidades campesinas e indígenas de Nariño que se oponen a la reactivación de la aspersión aérea con este producto, por considerar que genera afectaciones negativas en la salud y en el medio ambiente.

La modificación efectuada por la Anla al PMA es uno de los requisitos que ordenó la Corte Constitucional en 2017 para reactivar la aspersión y se registra solo dos días después de que el Gobierno expidiera el Decreto 380, que contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente con el uso del glifosato.

El Ejecutivo está dando los pasos para retomar las fumigaciones con el glifosato a pesar de los reclamos de las comunidades sobre sus riesgos y afectaciones.

La Anla aclaró que con la mencionada resolución no se reanuda el programa de aspersión con glifosato y que el Gobierno Nacional deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto No. 387 de 2019, relacionados con el diseño y puesta en marcha de un proceso decisorio que evalúe los riesgos a la salud y al medio ambiente, entre otros.

Estos requisitos deberán ser verificados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de decidir si se reanudan o no las fumigaciones con el herbicida.

Es de recordar que las zonas de intervención con el herbicida están determinadas para 14 departamentos (Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca y Vichada), y 104 municipios.

La autoridad ambiental, señaló además que estableció un esquema de atención prioritaria para peticiones, quejas y reclamos (PQRS) para la comunidad, relacionadas con presuntos incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental, que tenga en cuenta las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional y que se articule con el marco regulatorio expedido por el Gobierno Nacional.

La solicitud de modificación del PMA la había realizado la Policía Nacional y según dijo el director de la Anla, Rodrigo Suárez, el proceso de evaluación contó con el concepto de profesionales de diferentes disciplinas: hidrogeología, hidrología, geología, química, agronomía, ecología, biología, calidad de aire, ciencias forestales, ciencias jurídicas, gestión del riesgo y socioeconómicas, entre otras.