Quedarse con los bienes, permisos especiales: el debate por el sometimiento propuesto a disidencias y bandas criminales

Desde que el presidente Gustavo Petro estaba en campaña, ya hablaba sobre el concepto de ‘paz total’, el cual no ha sido ajeno al debate y polémica en la arena política nacional. De hecho, durante los casi dos meses que lleva su gobierno, ya hizo importantes anuncios como la disposición para negociar con el ELN y la posibilidad de anunciar una cese al fuego multilateral.

SEMANA conoció el borrador que fue elaborado para construir la denominada ley de sometimiento a la justicia, que se presentará en los próximos días al Congreso de la República para iniciar la discusión y tener unas reglas de juego claras para desarticular las estructuras criminales en el país.

En Vicky en Semana, el excandidato presidencial Enrique Gómez y el abogado Francisco Bernate debatieron sobre los puntos contemplados en el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para estructuras criminales.

“Sometimiento, acogimiento, guachafita, hago lo que me da la gana, cese multilateral, plurilateral, multidiverso de hostilidades. Esto es realmente catastrófico”, criticó Enrique Gómez en su introducción. Para el excandidato, la gestión del jefe de Estado en esta materia ha conducido hacia un enfoque “indiscriminado hacia la ruta de impunidad máxima”.

A su turno, el abogado penalista Francisco Bernate analizó lo contemplado en el borrador del proyecto, donde dice que los miembros de estructuras criminales podrían obtener hasta un 60 % de rebaja en sus penas. “Encuentro un texto largo donde, en efecto, ya no se habla de acogimiento, sino de sometimiento”, precisó. En tal virtud, indicó que este detalle le hace suponer que los grupos y personas que se sometan van a entrar a la jurisdicción ordinaria, sin que se cree una jurisdicción especial para este caso ―como sucedió con la JEP en su momento―.

“La parte de beneficios más importantes tienen que ver con quienes hayan incurrido solo en delitos de concierto para delinquir, empleo de uniformes o de equipo de comunicación y, sobre todo, el porte ilegal de armas que pueden pasar 4 y 5 años en programas especiales de reinserción. Aquí es donde están las grandes rebajas”, detalló Bernate.

Teniendo en cuenta lo consignado en el borrador de la ley de sometimiento, el abogado coincidió con Enrique Gómez en cuanto a la impunidad presente en el proyecto, “en el sentido de disminuir significativamente las penas y modificar la forma en que se van a cumplir (...). Si bien se trata de un sometimiento, se trata de condiciones mucho más benéficas de las que establece la ley penal”, resaltó el penalista.

“Esto ya se negoció en campaña, en La Picota”

Para Enrique Gómez no resulta sorpresivo el listado de beneficios contemplados en la proyecto. Incluso, aseguró se trata de algo que ya se negoció, recordando el escándalo del denominado “Pacto de La Picota”.

“Aquí ya hubo por parte de Petro una entrega de la soberanía nacional, una renuncia de la aplicación de la ley penal para favorecer a unos grupos terribles. Aquí obviamente que la ciudadanía está azotada con la llamada delincuencia común, aunque aquí ya no hay delincuencia común porque en Colombia, ante la impunidad, toda forma de violencia se desarrolla en concierto. Veo que están radicando un proyecto de ley que, a pupitrazo limpio, las minorías del Pacto Histórico y sus aliados políticos van a aprobar para dar cumplimiento a unos pactos que existen previamente”, enfatizó el excandidato en Vicky en Semana, agregando que todavía “no nos han explicado qué recibió Petro a cambio en el proceso electoral por este hermosísimo paquete de impunidad”.

“Una forma legal de hacer lavado de activos”

Otro tema que ha motivado la polémica tiene que ver con la posibilidad de que los miembros de grupos criminales se puedan quedar con una parte de sus bienes. Al respecto, se ha hablado sobre un 10 %.

“Es uno de los grandísimos fallos que tiene el Código de Extinción de Dominio que hoy nos rige. Efectivamente, en la legislación vigente, si una persona dice que tiene mil millones ―todos mal habidos― tiene derecho a quedarse con el 5 % de sus ganancias. Es una forma legal de lavado de activos (...). Pero lo que cambia en esta propuesta es que se aumenta al 10 %”, expuso el abogado Francisco Bernate.

“En la práctica estimula el que las personas hagan entregas infladas de bienes producto de los ilícitos para quedarse con el 10 %. No es novedoso, lo que cambia es que pasa del 5 % (ordinario) al 10 % (extraordinario), pero es una forma lícita de lavado de activos”, complementó el penalista.

“No se ve enfoque de justicia”

Otra crítica común que surgió durante el debate tiene que ver con que, a pesar de los múltiples beneficios ofrecidos a los miembros de estructuras criminales, no se les exige un retorno de verdad, justicia y reparación.

“Lo que se está planteando es una desmovilización sin que haya un ejercicio de verdad, sin que haya la apertura de nuevas investigaciones. Es desmovilícese, entréguese, llévese estos beneficios, coja el 10 % de sus cosas y aquí seguimos. No se ve un enfoque de verdad, justicia y reparación (...). Mucho menos hacia las víctimas”, concluyó Bernate.

En esa línea, Enrique Gómez anotó que en el proyecto no hay requisitos en relación con colaboración eficaz con la justicia; tampoco renuncia a redes, rutas, laboratorios ni armas. “Esto es una autopista criminal. El efecto más importante es la estigmatización a la que va a quedar sometida la sociedad colombiana”, concluyó.