¿Qué pasará con la medicina prepagada de Sanitas? “Esperamos que no haya otro comportamiento ilegal”

Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty, que integra la EPS Sanitas, habló con ‘Vicky en SEMANA’. En el marco de la entrevista, en la cual habló de la batalla jurídica que emprendió la compañía contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, para recuperar la administración de Sanitas, el letrado se refirió a cuál será el futuro de la medicina prepagada de personas que siguen afiliadas a dicha EPS, ahora bajo control estatal.

“Las empresas de medicina prepagada no tienen ningún tipo de afectación y pues continuaremos prestando el servicio como lo hemos hecho en el pasado. Esperamos que no vaya a haber otro comportamiento ilegal que busque afectarlas en medio de toda esta situación de discriminación y persecución que hemos sentido, pero por ahora nuestro llamado es a que haya tranquilidad absoluta por parte de nuestros usuarios”, aseveró.

“Vamos a destinar todos los recursos desde el punto de vista humano, jurídico, para seguir en Colombia”, agregó, al señalar que la intevención del Gobierno fue ilegal. “Después de lo que nosotros consideramos es un acto arbitrario por parte de la Superintendencia de Salud, que termina con la intervención de la EPS Sanitas, lo que hemos hecho es diseñar una estrategia jurídica para dirigirnos a los jueces de la República, tratando de evitar que continúe este acto arbitrario y lograr recuperar la administración de la EPS. La finalidad es esa: recuperar, a la mayor brevedad, la administración de la EPS, pensando fundamentalmente en que podamos continuar prestando el servicio para nuestros usuarios, como lo hemos hecho desde hace algo más de 43 años de presencia en Colombia”, dijo el jurista.

Vea la declaración completa sobre la medicina prepagada:

En diálogo con ‘Vicky en SEMANA’, el abogado señaló que la intervención fue totalmente desproporcionada y se hizo manipulando información. Según dijo, por ejemplo, el Gobierno informó como deudas millonarias de la EPS pagos que se debían hacer este mes y están bajo la normativa legal. De igual manera, señaló, el Ejecutivo intervino a Sanitas, a través de la Superintendencia de Salud, porque ellos fueron críticos de la reforma a la salud.

“Manipulan la información con una finalidad que ha quedado de manera evidente: la intervención de Sanitas la querían utilizar para generar esa zozobra que se está produciendo y para generar otra presión en otros órganos, en otros agentes del sistema de salud porque la organización ha sido crítica de algunas de las posiciones del Gobierno respecto a la reforma (de salud), poniendo de presente que somos conscientes que el sistema se puede perfeccionar”, señaló Riveros.

Vea la entrevista completa con Juan David Riveros, abogado de Keralty:

El abogado agregó que la decisión del Gobierno genera “zozobra, angustia en los usuarios de la EPS, una angustia tremenda en los trabajadores, más de 3.800 empleos directos y alrededor de 4.500 empleos indirectos. Hay una multiplicidad de víctimas”.

“Esa es la razón por la cual nosotros acudimos el día de hoy, como inicio de una estrategia legal, a la Fiscalía General de la Nación, para proponer una denuncia en contra del superintendente nacional de Salud, porque consideramos que la decisión en si misma está por fuera del ordenamiento jurídico por muchas razones, pero hay una que a mí me parece que es trascendental en la actualidad de nuestro país, y es que toman una decisión que no tiene sustento legal y suspenden a la junta o a la asamblea de accionistas de la EPS. Eso lo que quiere decir es que están desconociendo el derecho a la propiedad de unos particulares en una empresa y eso es tremendamente grave y no está recogido ni tiene sustento en ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano, es decir, está absolutamente por fuera de la ley”, agregó. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.