Torturas a colombianos en Venezuela: estos son los relatos de los nacionales que estuvieron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro

Buenos días, amor”. Ese era el grito que se escuchaba cada mañana en la cárcel de Puerto Ordaz, en Venezuela, desde una de las dos celdas en las que un grupo de siete colombianos estuvo detenido durante tres semanas, señalados por cargos de delincuencia organizada y financiación al terrorismo. “Buenos días, reina”, le respondían desde otro calabozo ubicado a metros, una distancia que los protagonistas de esta historia jamás pudieron constatar porque cada vez que los sacaban de su reclusorio, tenían la cabeza tapada con un saco negro que les ponía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) y les impedía ver el panorama.

Después del saludo, llegaba un llamado a lista desde una celda en la que estaban detenidas tres mujeres y otra en la que fueron privados de su libertad siete hombres, de los que cuatro eran colombianos y todos pertenecientes a comunidades indígenas. Nombre por nombre y con la voz en alto para que pudiera escucharse a través de los muros, ellos saludaban y decían si estaban bien o, tal vez, no tan bien: tenían hambre, dolores en el cuerpo y desasosiego por el paso de los días detenidos sin poder hablar con sus familias en Colombia.

Un alarido de acento venezolano, de un corpulento agente del Sebín que los trató de “subversivos”, rompió el llamado a lista exigiendo silencio. “No podíamos vernos, solo escucharnos. Nos decían que nos quedáramos callados, que eso no era una cárcel, sino un centro de investigación. Aseguraban que no estábamos presos, sino de paso”. Entonces, el miedo de estar recluidos en un país ajeno, sin contacto con abogados y mucho menos con las familias, convertía el pasillo del centro de detención en un camino de silencio que solo se rompía cuando se abría la puerta de una celda para comenzar el interrogatorio.

A los siete colombianos los llamaban uno a uno para interpelarlos sobre sus antecedentes y preguntarles si conocían a la guerrilla. Ellos relatan que no sabían qué responderles a los agentes y, al cabo de un cuestionario fallido, los regresaban a sus celdas. “Nos ponían capuchas negras. Siempre agachados. A veces nos hacían arrodillar con los brazos amarrados hacia atrás. Al que levantaba la mirada, le pegaban en el cuello para que bajara la cabeza. Nos dijeron que, así como estábamos, atados, nos iban a mandar al río”. El río, el Orinoco, donde los detuvieron en la madrugada del último jueves de enero. La amenaza era que podían morir ahogados.

Sin defensa

El camino de ida y regreso al cuarto del interrogatorio era la única salida de la celda en la que el paisaje eran paredes, porque durante las más de dos semanas que estuvieron en ese centro de reclusión en Puerto Ordaz jamás vieron la luz del día. Antes de llegar allá pasaron tres días en un batallón del sector de La Esmeralda y una noche en Puerto Ayacucho. En cada calabozo había un baño y las autoridades del régimen les daban tres comidas: una arepa de desayuno a la que a veces le echaban mantequilla, pasta cocinada para el almuerzo y otra arepa más de comida, todo en porciones que no saciaban el hambre.

Los gritos de “buenos días” se escucharon cada mañana, así como los reclamos de silencio de los guardas que acusaban a los colombianos de afectar el orden en el reclusorio. Lo que no se oyó por esos muros fue la visita de algún abogado, tampoco la llamada de un familiar. Entre todos aseguraron que sus allegados en Colombia podían enviarles dinero para pagar una defensa, pero los agentes del régimen rechazaban su propuesta. “Nos decían que no teníamos derecho a llamar por ayuda porque éramos delincuentes que queríamos atentar contra la patria de Venezuela”.

Los siete colombianos están convencidos de que fueron víctimas de un secuestro porque desde las tres de la mañana del 30 de enero, cuando fueron retenidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras navegaban por el Orinoco, hasta el 19 febrero, cuando fueron liberados, no les permitieron ningún tipo de defensa, tampoco la comunicación con los consulados en ese país. Es más, ellos aseguran que los uniformados venezolanos los detuvieron en aguas colombianas y acusan al régimen de violar la frontera fluvial para capturarlos.

Del amanecer en el que resultaron presos, los recuerdos son confusos: una lancha interceptó el barco en el que se transportaban, los soldados preguntaron quiénes eran colombianos, las armas que ellos llevaban en las manos los intimidaron tanto que reconocieron su nacionalidad y decir su procedencia les significó la retención. A los hombres les pegaron, los tiraron al suelo con la cabeza mirando al río y los amarraron de pies y manos. A las mujeres no las tocaron, pero el miedo de ver a sus compañeros sometidos fue suficiente amenaza para no intentar escapar.

Mientras en Puerto Ordaz los detenidos no podían ni hablar, en Colombia sus familiares buscaban todos los medios para rescatarlos. Contrataron a un abogado que recorrió todos los penales del estado Amazonas preguntando por noticias de ellos sin recibir respuesta, contactaron a una defensora de derechos humanos a la que los agentes del Sebín le recomendaron no preguntar más por ellos y consiguieron el teléfono del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, para pedirle ayuda. Tenían miedo de denunciar en los medios, pero hablaron con SEMANA para alertar sobre el caso y hasta consiguieron a conocidos en la Armada para indagar por noticias de ellos. Todos los caminos posibles para dar con un rescate.

Se acabó el frío

A dos de las familias las extorsionaron supuestos policías de Venezuela que les pidieron dinero a cambio de permitirles una llamada con sus seres queridos detenidos. Una pagó 650.000 pesos y otra 5 millones de pesos por conversaciones que nunca llegaron a sus teléfonos. Cuando transcurría la tercera semana de la desaparición, la presión a las autoridades comenzó a dar resultados y les notificaron que ya había gestiones diplomáticas para deportarlos. En Arauca había una noticia de esperanza, pero en Puerto Ordaz el temor imperaba.

“Ya se van para el coño”, dijo uno de los guardas al grupo de hombres. Tuvieron miedo. Ellos no lo sabían, pero les estaban anunciando una deportación. Los sacaron de sus celdas de dos en dos, les pusieron ropa porque sus pertenencias se las habían quitado y les taparon los rostros con una capucha negra que les impidió ver el camino hasta que llegaron a un avión militar en el que los transportaron hasta la frontera, donde los recibió Migración Venezuela para un fallido operativo de deportación. Caía la tarde de ese miércoles 19 y ellos pasaron tres horas en una lancha de bandera venezolana esperando que una autoridad colombiana llegara a la mitad del río por ellos. No sucedió.

“Migración Colombia no salió al encuentro. Nos devolvieron, nos encerraron otra vez y tuvimos miedo de quedarnos en el lado venezolano. Al otro día se repitió la misión y esa vez sí nos recibieron. Cuando llegamos acá, a Arauca, se acabó el frío porque allá todo el tiempo estábamos en el suelo”. Ese jueves 20 de febrero volvieron a decirse buenos días, sin gritar, frente a frente y en su país de origen.

Aunque están en casa, quienes hablan cuentan su historia con el compromiso de no publicar sus nombres porque en la cárcel los guardias les dijeron que no podían hablar y que si lo hacían, ellos tenían gente al otro lado de la frontera que podía ir por ellos. Los siete indígenas fueron detenidos por supuesta minería ilegal y ellos responden que son comerciantes que no cometieron ningún delito, pero que ahora entraron a engrosar la lista de los 1.200 colombianos que han sido detenidos en el país vecino por supuestos crímenes que el régimen de Nicolás Maduro asegura, sin expedientes judiciales públicos, que son reales.