Ricardo Bonilla se declaró impedido para autorizar el traslado de dinero a la UNGRD para atender la declaratoria de desastre

SEMANA conoció en primicia, que uno de los ministros de confianza del presidente Gustavo Petro, salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD), presentó un llamativo impedimento.

Se trata del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien el pasado 26 de noviembre en un consejo de ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, se declaró impedido, para la autorización de traslado o distribuciones presupuestales a la UNGRD, en el marco de la declaratoria de desastre en el país, por la temporada de lluvias.

Incremento de las precipitaciones, que ha dejado en alerta a varias regiones del país, especialmente al departamento del Chocó y a Bogotá.

El impedimento que presentó Bonilla fue aceptado por Petro, el cual quedó en evidencia en un decreto que expidió la Casa de Nariño.

En ese sentido el mandatario nombró como ministra ad-hoc de Hacienda a la actual ministra de Vivienda Helga Rivas.

“Nombrar como ministra de Hacienda y crédito público ad-doc a la doctora Helga María Rivas actual ministra de Viviendas Ciudad y Territorio y para desarrollar las funciones propias de su cargo relacionadas con actuaciones administrativas”, dice el documento conocido por SEMANA.

Además, señala el decreto sobre las funciones: “Trámites que tengan que ver únicamente con Unidad de Gestión del Riesgo y de Desastres y consistentes en distribuciones presupuestales autorizaciones, asignaciones especiales y adicionales que requiere la UNGRD incluidos los que se deriven de la declaratoria de situación de desastre nacional”.

Sobre Bonilla se ha dicho que sería citado por la Fiscalía General de la Nación, quien a pesar de que ha señalado en varios escenarios que las acusaciones son solo chismes, sus actuaciones como ministro sí lo tienen contra las cuerdas. En primer lugar, hizo dos autorizaciones de envío de dinero a la UNGRD, cada una por 700.000 millones de pesos, cuya finalidad, en parte, señala Olmedo López, era justamente para comprar votos de congresistas.

Dentro del escándalo que tiene en el ojo del huracán a varios funcionarios del Gobierno del llamado cambio, se ha mencionado contratos entregados a dedo por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique también son temas que tendría que explicar Bonilla.