Política
Registraduría recibió cinco solicitudes de revocatorias de alcaldes: uno de los comités está inscrito en Cali
El comité promotor para la revocatoria de Alejandro Eder es liderado por el ciudadano Claudio Roberto Botina Hidalgo. Le contamos cuáles son los otros municipios con este tipo de procesos.
A la Registraduría Nacional del Estado Civil han llegado cinco solicitudes para iniciar procesos de revocatoria del mandato contra los alcaldes de Cali (Valle del Cauca), Pandi (Cundinamarca), Valparaíso (Caquetá), Guarne (Antioquía) y Soledad (Atlántico).
Ese procedimiento está establecido en la Ley 1757 de 2015 y necesita de un comité promotor encargado de recoger las firmas, para las que se necesita alcanzar el 30% del número total de votos obtenidos por el ganador de la elección.
Una vez estas son entregadas, y el comité entrega el balance financiero, la Registraduría revisa esa información para decidir si se aprueba la convocatoria a las urnas. Para que esa votación sea válida se necesita una participación de, por lo menos, el 40% de la votación válida que hubo en el proceso de elección.
La resolución mediante la que se inscribió el comité promotor de la revocatoria del mandatario del alcalde de Cali, Alejandro Eder, tiene fecha del 9 de enero de 2025 y es promovida por el ciudadano Claudio Roberto Botina Hidalgo, quien es el vocero y responsable de la administración de esa iniciativa y fue firmada por los registradores especiales para el Valle del Cauca, Sandra Julieth Cardona y Juan Carlos Dorado Ríos.
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Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, explicó que para que sea válida una revocatoria se debe analizar “cuántos votos válidos hubo para la Alcaldía, sumando los votos de todos los candidatos que participaron, más el voto el blanco, y sacando el 40% de esa participación. Para que sea válida deben participar mínimo ese 40% de los posibles votantes y la decisión de revocar al alcalde debe ser suscrita por el 50% más 1 de estos”.
La revocatoria del mandato es un mecanismo que ha prosperado en escasos casos en Colombia. Los casos más recientes de la aplicación de ese instrumento sucedieron en Tasco, Boyacá, en 2018, y en el municipio de Susa, Cundinamarca, en 2022.
