César Gaviria pide ayuda tras presión del Gobierno al Congreso: “La democracia no puede permitir que sus representantes sean silenciados”

La relación del presidente Gustavo Petro con el Congreso de la República se ha ido deteriorando cada vez más tras las distintas peleas y críticas que el mandatario ha lanzado al Legislativo, especialmente, tras el hundimiento y la poca aprobación que han recibido sus reformas. El jefe de Estado ha arremetido en repetidas ocasiones contra senadores y también contra el mismo presidente del Senado.

El último ataque se dio hace algunos días, tras la radicación de una ponencia de archivo por parte de los sectores de la oposición en el Congreso, que llevó a un virtual hundimiento de la reforma laboral. A través de la tribuna favorita del mandatario, la red social X, este aseguró que con esa “actitud de la mayoría de la Comisión VII rompen el diálogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del cambio”.

Tras los distintos comentarios del mandatario, este sábado, 15 de marzo, el Partido Liberal envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El firmante de la carta es el expresidente colombiano César Gaviria, director del Partido Liberal.

En la misiva, Gaviria alertó sobre los ataques, amenazas y actos de persecución que han sufrido varios senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República. Detalló que estos hechos han ocurrido luego de que firmaran la ponencia que propone el archivo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

“Las acciones de intimidación han escalado hasta niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los congresistas y sus familias”, precisó el director. Además, se refirió al caso particular del senador Miguel Ángel Pinto, quien ha sido víctima de una serie de ataques que han puesto en riesgo su seguridad y la de su familia. Además de ello, buscarían afectar su buen nombre.

“A raíz de su liderazgo en esta decisión legislativa, su hija, Silvia Pinto Vargas, fue despedida arbitrariamente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en lo que solo puede interpretarse como una represalia política. Al mismo tiempo, se han lanzado calumnias infundadas en su contra, acusándolo falsamente de vínculos con grupos paramilitares, con el claro propósito de desprestigiarlo y deslegitimar su actuar como senador”, sentenció.

También aseguró que la “persecución” del Gobierno no se limita a este congresista, pues otros senadores que también participaron de la firma de la ponencia habrían recibido presiones similares, entre los que se encuentran Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, quienes han sido señalados por ejercer su derecho a votar y deliberar libremente en el Congreso.

“Más preocupante aún es que estas amenazas no provienen de sectores aislados, sino que parecen estar impulsadas por una estrategia de gobierno que, en lugar de promover el debate democrático, ha optado por la estigmatización y la persecución de quienes se oponen a sus reformas”, precisó. Dijo, además, que el Gobierno ha utilizado su influencia para generar un ambiente de confrontación.

Por otro lado, también se suma el preocupante desacato del Gobierno a las órdenes judiciales de la Corte Constitucional en temas de salud, que es una problemática que también será debatida próximamente en la Comisión Séptima del Senado.

“Recientemente, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir decisiones judiciales que buscan garantizar el acceso a la salud de los colombianos. Este hecho pone en evidencia un patrón de desobediencia institucional por parte del Gobierno, que no solo afecta la independencia de los poderes del Estado, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía”, indicó la misiva.

A través de la carta, insta a que la CIDH haga un llamado enfático al respeto por la independencia del Congreso y al derecho de los legisladores a ejercer sus funciones sin ser objeto de presiones indebidas.

“La democracia colombiana no puede permitir que sus representantes sean silenciados mediante la intimidación, ni que se consolide un modelo en el que el disenso se castiga con represalias personales y familiares”, comentaron.