Ministerio de Salud recusó a procuradora delegada por críticas al aumento de la UPC

El secretario general del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, recusó a la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, por las críticas que la funcionaria del Ministerio Público ha venido realizando por el aumento a la Unidad de Pago por Capitación -UPC y en general al método de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Para la Procuraduría, la decisión de incrementar la Unidad de Pago por Capitación en 2025, el valor que se paga anualmente por cada afiliado del sistema de salud, se basó en el rechazo de la ley de financiamiento.

Al respecto, la procuradora Ojeda ha argumentado que esa valoración se dio tras las publicaciones que han hecho algunos altos funcionarios del gobierno Petro, relacionando lo que sería un escaso aumento de la UPC con la caída de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

Esa fue la razón para que el ente de control advirtiera que el dictamen salió de un tema político.

Al funcionario al que la procuradora Ojeda hizo alusión, fue al director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

“En la publicación del primero de enero del 2025, el director de DPS, Gustavo Bolívar, dice: ‘congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento, ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. ¿Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tendría consecuencias?’. Dígame si eso es un fundamento técnico de un funcionario del Estado respecto a que por otro tipo de razones no se aprobó la ley de financiamiento”, cuestionó Ojeda.

Pues bien, fue por esos comentarios que el Ministerio de Salud tomó la decisión de recusar a la procuradora Ojeda.

Para el secretario del Ministerio de Salud, “se puede evidenciar que la procuradora Ojeda emitió, concepto, consejo, opinión y prejuzgamiento sobre la presunta crisis financiera y humanitaria en el Sistema General de Seguridad Social en Salud causada, según ella, por la insuficiencia de la UPC. Enrostrando una presunta destrucción, estatización y politización del mismo sistema”.

Y enfatizó: “Lo anterior, lo realizó bajo una serie de juicios de valor sin ningún tipo de sustento probatorio, manifestaciones subjetivas y personales, lo cual vulnera de entrada el principio de imparcialidad que debe regir en las actuaciones administrativas, así como el principio al debido proceso, defensa y contradicción, presunción de inocencia, y demás que gobiernan la función administrativa. Con ello se genera una desconfianza colectiva hacia las instituciones públicas que repercute directamente en la legitimación del Estado”.