Así fue la primera prueba de la reforma política en el Congreso

Temas como las listas cerradas, el voto obligatorio y la posibilidad de que los congresistas puedan saltar a ser ministros serán el eje del debate parlamentario en los próximos meses en medio del trámite de la reforma política, la cual tuvo su primer hervor el pasado miércoles y quedó lista para seguir su tránsito en el Congreso.

El proyecto de acto legislativo que modifica algunas costumbres políticas y electorales en el país ha sido uno de los más trajinados en tiempos recientes. Varios intentos para aprobarlo han naufragado en medio de la falta de voluntad política de las mayorías partidistas, que parecen más interesadas en perpetuar ciertas normas rechazadas por la opinión pública que en renovarse.

Con la llegada del nuevo gobierno, varias fuerzas con presencia en el Legislativo emprendieron una vez más el camino para modificar varias de estas prácticas, y algunas de estas propuestas comenzaron a generar una amplia discusión entre las bancadas.

En medio del primero de ocho debates de la enmienda constitucional, en la Comisión Primera del Senado, uno de los temas que mayor discusión generó fue la adopción de las listas cerradas para la elección de cuerpos colegiados como el Congreso, los concejos y las asambleas departamentales.

La implementación de este esquema ha sido una de las propuestas más recurrentes al principio de la discusión en las reformas políticas que se han tramitado en el pasado. Sin embargo, con el avance de los debates, la idea siempre termina archivada con diferentes excusas.

Las listas cerradas son aquellas planchas en las que se escoge un número uno o cabeza de lista por el cual se vota y, a partir de la cantidad de votos que consigue, se van eligiendo candidatos de manera descendente.

Un ejemplo de esta modalidad fue la que utilizó el uribismo cuando llegó al Congreso en 2014. En ese momento, esta fuerza política se avaló mediante la recolección de firmas y el número uno de la lista al Senado fue el expresidente Álvaro Uribe, quien obtuvo 2′045.564 votos, según datos de la Registraduría Nacional, y logró elegir a 20 senadores.

El otro mecanismo, la lista abierta, es el que utiliza la mayoría de los partidos y movimientos políticos y cada candidato tiene su propio número y, a partir de la cantidad de votos que logre cada uno de los integrantes de la plancha, se va conformando la bancada.

Sin embargo, diferentes sectores de la opinión pública han manifestado que este esquema favorece que algunos candidatos gasten grandes cantidades de recursos ―en ocasiones de origen irregular― para hacerse elegir y que superen, en algunos casos, los topes permitidos.

Esta búsqueda de la transparencia en la política viene de la mano con otra propuesta que fue aprobada en la reforma política y es la financiación preponderantemente estatal de las campañas.

En este sentido, el senador por el partido de La U Alfredo Deluque afirmó que “dotar de transparencia al proceso de financiación de las campañas políticas generaría una confianza adicional del elector que yo creo que es necesaria” para evitar las “dudas que no han sido resueltas por el actual sistema”.

Una de las voces en contra fue la del senador Jota Pe Hernández, elegido en la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde y quien fue uno de los más votados en las elecciones legislativas pasadas.

“Me hice elegir con 194.758 votos en una lista abierta, ubicado en la posición 54. Era más fácil encontrarle la mamá al Chavo del 8 que encontrar el número 54 en el tarjetón. Y aún así sucedió la sorpresa: obtuve la mayor votación del partido Alianza Verde, colocándole casi 200.000 votos”, afirmó el congresista.

Hernández aseguró que en el mecanismo de planchas cerradas habría una especie de “cacique” en varios partidos políticos, que sería el que armaría “la lista cerrada como le dé la gana”, con algunas variables, entre ellas que solamente ingresarían “quienes más platica tengan”.

“Me contaron que el 13 de marzo del año 2022 (fecha de las elecciones legislativas), una lista cerrada que llegó a este Congreso cobró 400 millones de pesos por la primera posición en esa plancha; 300 millones por la segunda posición y 200 millones por la tercera”, denunció Hernández.

Este tema, que fue aprobado en el primer debate, seguirá siendo debatido en el resto del año, cuando el acto legislativo debe cumplir tres debates adicionales y así completar su primera vuelta en el Congreso. La segunda vuelta, es decir cuatro debates más, se cumplirá entre el 16 de marzo y el 20 de junio del próximo año.

Otro asunto que generó discusión y que promete una amplia controversia es la implementación del voto obligatorio en los próximos dos cuatrienios, una propuesta contra la cual hubo voces como la del senador por el Partido Liberal Alejandro Vega, quien propuso eliminar esta disposición de la reforma política.

Según el congresista, “el derecho al voto y su abstención es una manifestación legítima del ejercicio político, ya sea por el descontento que hay frente a la institucionalidad o porque ninguno de los candidatos avalados por los partidos o movimientos políticos generan la simpatía del ciudadano y está en todo su derecho de tomar la decisión de abstenerse”.

Para Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical, el voto obligatorio “vicia la democracia” y “no se pueden aumentar las cifras de participación electoral a costa de limitar garantías ciudadanas”.

“El voto obligatorio, en sí mismo, no resuelve la crisis de representatividad. No es práctico establecer sanciones a ese ciudadano que legítimamente decide abstenerse o no participar, que también es una decisión política”, afirmó el congresista valluno.

Pero el senador por la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Ariel Ávila mostró otra posición. El congresista afirmó que la obligatoriedad del voto haría que los ciudadanos se tengan que empapar más de lo que pasa en su “mundo político”.

“Nosotros los llevaríamos a que ellos se tengan informar de cuál es el candidato o el partido que más se acerca a sus intereses y aspiraciones, porque nos quejamos de que la gente no participa o no sabe y este es un incentivo para que el ciudadano vaya y al menos busque cuál es la propuesta que más le interese”, afirmó el congresista.

Al final de la discusión, la Comisión Primera del Senado aprobó la obligatoriedad del sufragio en los próximos dos periodos, pero eso no quiere decir que el debate quedó cerrado y, seguramente, revivirá en el trámite que le queda al acto legislativo.

Y un tema adicional que generó un intenso debate en este primer hervor de la reforma política fue la posibilidad de que los congresistas puedan renunciar a sus curules e inmediatamente irse a ocupar otros cargos como, por ejemplo, ser ministros del despacho.

El eje de la discusión en este caso fue la posibilidad de que los gobernantes de turno sobornen ―de alguna manera― a los sectores políticos para que los acompañen en su agenda legislativa o en otras de sus políticas públicas, favoreciéndolos con el nombramiento de uno de los suyos en el gabinete ministerial.

Actualmente, la inhabilidad para que un legislador ocupe un cargo público ―como un ministerio― es de un año y la propuesta en la reforma política es eliminar esa restricción.

En este sentido, una de las voces a favor fue la del senador por el Pacto Histórico Roy Barreras, coordinador ponente de la reforma política, quien afirmó que esta propuesta es “absolutamente razonable” y que “todas las socialdemocracias europeas permiten que sus diputados” integren los Gobiernos y “llaman a sus mejores hombres a gobernar”.

Pero senadores como Motoa sostienen que esas democracias a las que se refiere Barreras “son diferentes a las de Colombia” y que con esta posibilidad “estamos premiando al congresista para que pueda ocupar un cargo” en el gobierno de turno.

Aunque esta opción quedó viva en el primer debate de la reforma política, parece generar dudas entre algunos sectores políticos, que podrían modificarla e incluso eliminarla en los siete debates que aún le queda a este proyecto de enmienda a la Carta Política.

De esta forma, el comienzo del trámite de la reforma política en el Congreso empezó con estas y otras controversias, las cuales seguirán presentes hasta junio del próximo año, cuando el Congreso espera tener listas las nuevas normas políticas y electorales que, según se ha dicho, se irían implementado de manera gradual en la democracia colombiana.