Gustavo Petro y su campaña: estas son las claves de la presunta violación de topes que investiga el CNE

El presidente Gustavo Petro ha dado muestras de estar preocupado por una investigación en su contra. Se trata del caso que lleva el Consejo Nacional Electoral (CNE), un tribunal administrativo que empezará a debatir y, eventualmente, votará el 16 de septiembre un proyecto de pliego de cargos en contra de la campaña presidencial de Petro porque, al parecer, violó los topes electorales en 5.355 millones de pesos en primera y segunda vuelta presidencial, entre mayo y junio de 2022.

El expediente de 8.525 páginas está lleno de pruebas documentales, facturas electrónicas y testimonios que confirman que la campaña Petro Presidente no habría reportado la totalidad de sus gastos e inversiones a Cuentas Claras.

La ley que habla de la violación de topes o límites de gastos de campañas electorales es la 1864 de 2017, que en su artículo 15 señala: “El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

En la ley seguidamente aparece el artículo 396 C, que habla de la omisión de información del aportante. “El que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos por la ley incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales, mensuales vigentes”.

Gustavo Petro y su campaña presidencial podían gastar hasta 28.536′520.492 de pesos en la primera vuelta presidencial y 13.347′457.427 en la segunda vuelta. En esas cifras están incluidos los dineros que aporta el Estado y los particulares a la contienda.

Esos valores están consignados en la Resolución 0694 del 19 de enero de 2022 firmada por la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez, y el vicepresidente, Virgilio Almanza.

Sin embargo, según el proyecto de pliego de cargos contra la campaña elaborado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, Petro y las directivas de su contienda, presuntamente, vulneraron los topes de gastos a invertir en su campaña en primera vuelta por 3.709′361.344.

Los togados fijaron la violación de topes por 1.646′386.773 en la segunda vuelta presidencial.

SEMANA confirmó que, en la primera vuelta, Gustavo Petro quedó a 28 millones de pesos de volarse los topes electorales, según la información que reportó el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa. Y a 13 millones en la segunda vuelta. Pero las pesquisas del CNE reflejan que eso no fue así, sino que se pasaron el tope en más de 5.000 millones de pesos.

Según el expediente del CNE, son varias las pruebas contundentes contra la campaña de Petro:

1. La certificación suscrita por Fecode, mediante la cual se indica que el 3 de mayo de 2022 el comité ejecutivo de la organización sindical aprobó la destinación específica de 500′000.000 de pesos para “la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República”.

2. La contribución realizada por el Partido Polo Democrático Alternativo por 500′000.000 de pesos, cuantía que había sido reportada en el informe inicial y que, misteriosamente, en el informe final se suprimió.

3. El CNE tiene las bases de datos reportadas por compañías de giros por 30.256 pagos a testigos electorales para la primera vuelta y 5.328 para la segunda vuelta, lo cual asciende a 931′290.000 y 177′680.000 pesos.

4. Los magistrados tienen los extractos bancarios de la empresa encargada de suministrar los servicios de capacitación y coordinación de testigos electorales en que se observa un aprovisionamiento de recursos desde la campaña del congreso del Pacto Histórico a la campaña a la presidencia por valor de 202′471.731 pesos, por conceptos de servicios tecnológicos, seguridad de plataformas y capacitaciones entre el 9 y el 20 de mayo de 2022.

5. Los contratos de fletamento y facturas electrónicas de los servicios de transporte aéreo prestados a la campaña de primera y segunda vuelta presidencial, valores que, irregularmente, fueron modificados para no sobrepasar los topes de gastos en las campañas electorales.

6. Las actas de la Unión Sindical Obrero (USO) donde se aprobó realizar aportes económicos a la campaña Petro Presidente. Ese dinero no fue reportado por la campaña.

7. La factura electrónica del 16 de junio de 2022, mediante la cual el gerente de campaña, Ricardo Roa, pagó la suma de 100′000.000 de pesos por concepto del evento del cierre de campaña en el Movistar Arena, la cual no se reportó en la rendición de cuentas.

8. Los informes anuales dictaminados por el revisor fiscal del movimiento Colombia Humana, mediante los cuales se observan pagos realizados por la suma de 530′579.983 pesos por concepto de transporte, alimentación y logística de testigos electorales.

9. La factura electrónica del Canal Caracol que confirma que la campaña presidencial de Gustavo Petro pagó más de 367 millones de pesos en publicidad que no fueron reportados a Cuentas Claras. La factura es proferida por la Dian y se convierte en una de las pruebas más contundentes contra el hoy presidente.

Posibles sanciones

Según la Ley 996 de 2005, en caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien sea por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas o superar los topes de gastos, se podrá imponer como sanción la devolución parcial o total de los recursos no reportados.

En el caso del ganador de las elecciones presidenciales (Gustavo Petro), el CNE remitirá la decisión a la Comisión de Investigación y Acusación quien podrá, eventualmente, decretar la pérdida del cargo, según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por su indignidad política.

Quien tendría mayores consecuencias es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial. A él, como a los demás directivos de la contienda, los podrían sancionar en el CNE (multa económica), retirar del cargo y les compulsarían, eventualmente, copias a la Fiscalía General.