Dirección clave del DPS para las “economías populares” está demorada en la ejecución de recursos: a septiembre solo había comprometido el 33% de sus fondos

Si bien el Departamento de Prosperidad Social (DPS) es una de las entidades determinantes para el Gobierno de Gustavo Petro, tanto que en ese despacho puso a su mano derecha, Laura Sarabia, a encabezar el desarrollo de los proyectos sociales, hay una dirección clave de esa entidad que está demorada en la ejecución de las iniciativas dirigidas, justamente, a las poblaciones más vulnerables del país.

Se trata de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de Prosperidad Social que, a corte del 19 de septiembre de este año, solo había ejecutado el 33,10% de sus recursos, un índice bajo si se tiene en cuenta que faltan tres meses para que termine el año.

En números, esa oficina solo ha gastado $128.801 millones de los recursos comprometidos a este corte y el 13,59 % del total de la apropiación vigente. Esas cuentas quedaron consolidadas en un documento que llegó al Congreso para el debate de control político a Laura Sarabia, la directora del DPS.

Pues bien, esa diligencia iba a tener lugar esta semana, el martes (4 de octubre), pero entre la falta de quorum de los integrantes de la Comisión Sexta del Senado y la inasistencia de Sarabia (quien estaba en la Casa de Nariño a la espera de que iniciara esa diligencia) el debate de control se terminó aplazando para el próximo lunes.

El problema de fondo es que los recursos de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de Prosperidad Social, que es la encargada de desarrollar las obras para las “economías populares” de las que tanto habla el presidente Gustavo Petro, están tan demorados en ejecución que tendrían que utilizar casi el 67% de su financiación para el 2023 en cuestión de tres meses.

Las demoras en la dirección del DPS

Las cuentas están en un documento al que tuvo acceso SEMANA y los números hablan por sí solos: “La asignación presupuestal para la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en esta vigencia es de $947.559 millones. A 19 de septiembre se han comprometido recursos por valor de $389.119 millones”, se lee en el documento de 42 páginas.

Dentro de ese monto, “$365.163 millones corresponden a 236 convenios y contratos (220 convenios, 2 contratos de obras, 13 contratos de interventorías y 1 contrato de gerencia integral) reflejados en 242 proyectos suscritos en vigencias anteriores”.

El departamento con más proyectos en desarrollo por parte de esa dirección es Antioquia (31), seguido por Tolima (25), Atlántico (17), Boyacá (17) y Valle del Cauca (15). En el despacho saben que aún les falta implementar recursos y por eso ya tiene estipulado ejecutar 188 proyectos nuevos de infraestructura social y hábitat para utilizar los fondos del Estado destinados a las economías populares.

Pero, ¿a qué se deben esas demoras en la ejecución presupuestal de esa dirección del DPS? Lo que justifica el departamento que dirige Laura Sarabia es que “la ejecución de las obras y la ejecución presupuestal mediante cumplimiento de los hitos de pago tiene relación con los avances físicos de las mismas por parte de los contratistas de obra supervisados por el ente territorial y el aval del cumplimiento de condiciones por parte de las interventorías correspondientes”.

Mejor dicho: el despacho apunta directamente a las demoras de los entes territoriales como el factor que ha llevado a esos niveles de (in)cumplimiento en la ejecución financiera de los pagos.

La dirección del DPS para las “economías populares”

La cuestión es que esa cartera es determinante para los intereses del Gobierno de Gustavo Petro de llevar inversión del Estado a las comunidades más vulnerables, porque precisamente sus recursos están pensados en promover y financiar pequeñas y medianas obras como vías, espacios comunitarios, mejoramientos de vivienda e infraestructuras productivas.

La misma concepción misional de la Dirección dejó en el papel que esas inversiones deben hacerse en el marco de las economías populares y comunitarias, con intervenciones ordenadas en torno al ciclo del agua y energías renovables que respondan al derecho humano a la alimentación. Un catálogo de temas determinantes en el discurso del presidente para los que no se están ejecutando los recursos con agilidad.