Capitán (r) de la Polfa rompe su silencio y habla del contrabando en los puertos: “Entre $50 y $200 millones por ‘container’”

El capitán (r) Henry Lugo, exuniformado de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se retiró de la institución en enero de 2024 en medio de polémica por sus denuncias internas sobre presuntos actos de corrupción para facilitar la entrada del contrabando a Colombia. Luego del escándalo de Diego Marín, alias Papá Pitufo, el exoficial habló en SEMANA para contar lo que vio en los principales puertos del país.

Lugo, de acuerdo con su testimonio, llegó en 2020 a la Polfa por méritos, donde pudo recorrer casi todas las seccionales del país.

“En fines de semana y vacaciones, cuando se iban los titulares de las unidades, iba a reemplazarlos. Me daba cuenta de cómo funcionaba todo, cada una de las 14 divisiones”, dijo el expolicía para este medio.

De acuerdo con el capitán en retiro, la estructura está bien “planeada y organizada” en los puertos. Igualmente, dijo que existe un hermetismo ante lo que ahí ocurre, que previene que se filtre la actividad que estarían llevando a cabo los oficiales.

Y manifestó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, encargada del primer filtro, también estaría involucrada.

“Aquí también está la Dian. Ellos tienen la responsabilidad de la zona primaria y nosotros, como Polfa, nos encargábamos de la zona secundaria. Ahí se cobraban esas coimas. No solamente por container, también por guías”, explicó el exoficial.

Lugo manifestó que los comerciantes San Andresito, que venden contrabando, también estarían involucrados en el pago de coimas. Incluso, los contrabandistas habrían colaborado para que los oficiales cumplan las metas de incautación.

“Los diferentes establecimientos que se encontraban abiertos en cada uno de los San Andresito, en las zonas comerciales, y todos los que tenían contrabando, eran los que tenían que pagar esa cuota. Se cumplían las metas de incautación con mercancía que entregaban los mismos contrabandistas. Las operaciones grandes que se hacían, siempre eran los mismos contrabandistas que entregaban uno, dos o tres containers. Preciso llegaba la información y hacían el operativo”, manifestó el capitán en retiro.

Las supuestas coimas a los oficiales

El exoficial de la Policía Fiscal y Aduanera aseguró que existe un mecanismo consolidado para que los policías recauden las supuestas coimas que reciben por la entrada del contrabando al país. De acuerdo con Lugo, un policía iba, establecimiento por establecimiento, a los almacenes involucrados en la entrada de la mercancía.

“Había policías dedicados a ir, establecimiento por establecimiento, a recoger por las diferentes guías. Toda la información se pasaba para que no fueran controlados en los containers, puertos y vías. Le hacían procedimiento al comerciante que no pagaba”, sostuvo el expolicía.

Y aseguró que el puerto más grande es el de Buenaventura, que recibe el 65 % de las entradas de containers a Colombia. Estos contenedores varían en sus costos, dependiendo del valor de las mercancías que ingresan.

“Dependiendo de estos elementos se cobraba. Oscilaba entre 50 y 200 millones de pesos, que entraban por cada uno de los containers. No es solo la Polfa, también en la Dian tienen mucha responsabilidad. Los contrabandistas pagaban tanto a la Polfa como a la Dian. Tanto en los establecimientos de comercio como en San Andresito les pagaban a los de Polfa y a los azules, que eran los de fiscalización de la Dian”, manifestó Lugo.

Y en un puerto como el de Buenaventura, según el exoficial, se mueven cerca de “4 o 5 millones de dólares” mensualmente.

Lugo aseguró que presentó denuncias sobre los hechos, tanto en la Policía Nacional como en Fiscalía General de la Nación. Igualmente, dijo que tuvo acercamientos para denunciar ante políticos como Roy Barreras cuando ejercía como presidente del Senado, pero contó que hubo inacción por parte de las autoridades.

Ahora, el escándalo de alias Papá Pitufo provocó que el país ponga la lupa sobre el contrabando, un negocio que puede estar corrompiendo las instituciones colombianas encargadas de controlar la entrada de mercancías, así como sus presuntas conexiones políticas.