Alcalde Galán: “El trámite de La Rolita hoy está en el Concejo y depende del Concejo”

Sigue en el limbo el futuro de La Rolita, el operador público de transporte de Bogotá, que por orden del Tribunal de Cundinamarca deberá desaparecer por haber tenido inconsistencias durante su proceso de creación.

Pese a que ese tribunal le negó a la Alcaldía el plazo para poder corregir y subsanar los errores de forma, todavía queda una posibilidad a la que la administración de Carlos Fernando Galán le está apostando para salvar esa compañía y, en eso, el espaldarazo del Concejo de Bogotá será clave.

Justamente, en este momento cursa en el cabildo distrital un proyecto de acuerdo con el que la administración distrital busca lograr que se ratifique la capacidad jurídica de TransMilenio para constituir y ser la accionista mayoritaria de La Rolita. De no aprobarse tal propuesta, dice el alcalde Galán, se podría dar la liquidación de la operadora pública.

“La Rolita es clave para Bogotá y por eso queremos mantenerla. Nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales y, si bien hubo errores en el trámite ante el Concejo en 2020, hoy tenemos la posibilidad de subsanarlos para garantizar que La Rolita siga existiendo”, dijo el alcalde.

Y siguió: “Hoy, el trámite está en el Concejo y depende del Concejo, pero si esta ratificación es negada, TransMilenio no podrá ser parte de la sociedad, lo que seguramente lleve a la liquidación de La Rolita. Eso tendría un impacto negativo para Bogotá“.

En ese sentido, el mandatario aseguró que si no se da vía libre al Proyecto de Acuerdo, en algunas zonas de la ciudad quedaría en riesgo la prestación del servicio de transporte público. “Por ejemplo, en el caso de la Unidad Funcional de Perdomo, donde hoy opera exitosamente La Rolita con 195 buses eléctricos, se realizaron 5 procesos de licitación pública que quedaron desiertos porque ninguna empresa privada ofreció el servicio”.

También, aseguró que darle la espalda a La Rolita significaría la pérdida de un jugador “clave” en el mercado de operadores de transporte que “hoy compite con precios eficientes y el Distrito perdería acceso directo a la información técnica y financiera que permite estructurar mejores procesos de licitación”.

“Hoy La Rolita es uno de los operadores mejor calificados en calidad del sistema, con un desempeño integral sobresaliente en 11 de los 12 meses del 2024. Finalmente, se pondría en riesgo el empleo de 734 personas con una alta representación de las mujeres, que son el 52 por ciento, 61 migrantes y 161 madres y padres cabeza de familia”, anotó Galán.

Ahora bien, el proyecto en el Concejo no está del todo definido, pues cuenta con dos ponencias positivas, una de Julián Triana, de la Alianza Verde, y otra de Fernando López, del Nuevo Liberalismo, que tienen modificaciones. También tendrá una ponencia negativa de Julián Uscátegui, del Centro Democrático.

Justamente, es Uscátegui quien, a través de su ponencia, sostiene que “la ley es clara y la jurisprudencia ha sido enfática en afirmar que, al haberse anulado ese artículo, inmediatamente el contrato de sociedad quedó sin sustento legal”, ya que se encuentra viciado de nulidad absoluta en los términos del numeral 1 del artículo 899 del Código de Comercio.

Según el cabildante, ese artículo establece que un contrato es nulo cuando contraría una norma imperativa. Es decir, al no existir la autorización —debido a su anulación por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca—, la constitución de La Rolita carece de respaldo legal y, en consecuencia, su sanción jurídica es la nulidad absoluta, la cual en términos del Art. 106 del Código de Comercio es insubsanable.