El debate democrático no es un adorno, es el mecanismo que permite a la ciudadanía perforar la tela de retórica y ver lo que hay detrás de las promesas. Cuando los aspirantes, como Iván Cepeda, rehúsan enfrentarse públicamente, no solo evitan preguntas incómodas; privan al electorado de la posibilidad de evaluar coherencia, prioridades y límites de sus proyectos. Eso es un déficit democrático que ningún manual de campañas puede suplir.
El programa de Iván Cepeda, con sus más de 400 páginas, es voluminoso y enrevesado, y por más papel que ocupe, no sustituye la claridad. Los documentos técnicos deben acompañarse de explicaciones limpias y debatibles; sin eso, el elector solo recibe folclore ideológico y eslóganes. La transparencia exige que las ideas se sometan a contraste: cifras, fuentes, impacto fiscal, efectos sobre libertad económica y control institucional. El debate obliga a precisar cómo se van a proteger derechos, garantizar inversión y mantener controles sobre el poder.
En Colombia, la ciudadanía desconfía radicalmente de sus instituciones que han demostrado vulnerabilidades. La corrupción, la captura y la ineficacia son motivos reales de descontento. Pero esa desafección no autoriza propuestas que concentrarían más poder sin detallar salvaguardas. Reforma constitucional no es sinónimo de más centralización; al contrario, las reformas honestas buscan contrapesos, transparencia y rendición de cuentas. Exigir mecanismos concretos —agendas de control, independencia judicial, límites al gasto y reglas claras para contratación pública— no es ideología, es prudencia cívica.
La ideología del candidato Cepeda tiene ahí su gran contradicción. Criado en un hogar de padres comunistas, estudió en Bulgaria y vivió junto a sus progenitores en Checoslovaquia y en Cuba. Fue miembro en Colombia de las Juventudes Comunistas (JUCO) y cercano a muchos exponentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Encarna la filosofía comunista, según la cual todas las relaciones sociales las define y controla el Estado. Tal vez por esta razón evita exponer sus ideas abiertamente en debate.
Entendiendo que muchas instituciones de lo público tienen falencias en Colombia, Cepeda propone un cambio radical de las mismas, sin entender la profunda contradicción que implica darle más poder al Estado cuando sus instituciones no funcionan bien. Esta postura de ir contra las instituciones no es, por lo tanto, genuina, sino una manera de reflejar como suya, con motivos electorales, la profunda desconfianza que el pueblo colombiano tiene de ellas.
En efecto, el colombiano desconfía cada vez más, y justificadamente, de sus instituciones. La clase política se ha encargado de hacer de muchas de ellas un negocio y de paso han dejado de prestar los servicios esenciales a los colombianos. Las más altas cortes han sido víctimas con el magistrado Jorge Pretelt de corrupción clientelista, el principal asesor presidencial Carlos Ramón González está volado de la justicia con la ayuda del propio gobierno progresista y el presidente de Ecopetrol está siendo juzgado por utilizar su posición para beneficio propio. Pero, cuidado, que no se trata acá de escándalos sufridos bajo gobiernos de derecha solamente, evidencia de lo cual son el escándalo de la UNGRD, los asesinatos de líderes sociales y muchos de los escándalos vividos durante el gobierno Petro.
En este contexto, el deber de los medios y de la sociedad civil es elevar la exigencia: a Cepeda se le debe preguntar por concreciones, por plazos, por fuentes de financiamiento y por cómo es compatible cualquier ambición estatal con la protección de derechos y la pluralidad. El debate debe ser más que un duelo de ocurrencias: tiene que generar propuestas verificables, previsibles y evaluables.
Evitar el cara a cara es, en última instancia, una decisión política que debilita la legitimidad de quien la toma. La democracia necesita claridad, no evasivas; propuestas, no ambigüedades. El electorado merece respuestas precisas sobre el rol del Estado, seguridad, economía, independencia de poderes y transparencia. Si las respuestas no existen o son insuficientes, la discusión pública debe profundizarse hasta que lo sean. Porque, sin debate, la elección se convierte en una apuesta a ciegas con costos que paga la sociedad entera.