Medellín se niega a ser el laboratorio de la impunidad. Lo ocurrido recientemente en la cárcel de Itagüí es la radiografía exacta de una paz total que claudica ante el crimen. Fue una celebración grotesca de los victimarios, financiada por las rentas de la extorsión y erigida sobre el silencio y el dolor de las víctimas que aún esperan justicia.
A la senadora Isabel Zuleta, principal promotora de este despropósito, el tiro le salió por la culata. Pretendieron, mediante la Resolución 0072 de la Fiscalía, otorgar un aire de libertad a 23 cabecillas criminales que, en conjunto, acumulan más de 362 años de condenas. El plan era claro: que los responsables de desplazar familias en nuestras comunas caminaran tranquilos por las calles bajo el rótulo de voceros. Sin embargo, la presión ciudadana y nuestra ofensiva jurídica desde Medellín los obligaron a recular.
Mientras las familias víctimas de nuestra ciudad trabajan para llegar a fin de mes, en el Patio 1 de Itagüí se organizaba una ‘vaca’ de 500 millones de pesos para contratar a un reconocido artista vallenato. Una parranda con licor y sin cámaras, presuntamente autorizada por “órdenes de arriba”, según denuncian funcionarios del propio Inpec. ¿Qué celebraban estos sujetos? Celebraban el engaño a la institucionalidad.
Celebraban que el Gobierno nacional intentó disfrazar a criminales como figuras políticas para levantarles sus órdenes de captura.
Es indignante que, mientras en Medellín perseguimos el delito en cada esquina, el Gobierno les facilite tarimas. Lo vimos el 21 de junio en La Alpujarra, desafiando a la ciudad frente a su propia Alcaldía, y lo vemos ahora con conciertos privados en las celdas. La fiscal general afirmó inclusive que no se imaginaba que la solicitud de suspensión de capturas incluía a condenados y, aun así, cayó en el cuento. Pero el comisionado de paz sabía perfectamente a quiénes beneficiaba. No fue un error; fue una decisión política para empoderar a estructuras que controlan más del 45 % del crimen organizado.
Nombres como alias Douglas (La Terraza), condenado por secuestro extorsivo; Carlos Pesebre (Robledo), responsable de homicidios agravados, o Chaparro (La Milagrosa), el ‘sicario de sicarios’, no son gestores de paz: son actores del bajo mundo que han convertido la mesa de diálogo en un escudo para sus economías ilícitas. Solo una de estas redes, se dice, genera rentas de 5.000 millones de pesos mensuales mientras sigue explotando sexualmente a niños en el parque Lleras.
El Pacto de La Picota 2.0 no pasará en Antioquia. El 40 % de los criminales en los que este gobierno confió ya volvieron a delinquir. Darles beneficios no es buscar la paz, es claudicar. Por eso, radicamos ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra esa resolución ilegal y nuestro alcalde presentó al Congreso un proyecto de ley para que ningún cabecilla criminal pueda recibir beneficios administrativos sobre sentencias judiciales en firme.
Hoy la Mesa de Paz Urbana está suspendida porque el descaro fue tal que ya no pudieron ocultarlo ni sostenerlo. Se les acabó la guachafita. La paz no se construye con parrandas vallenatas en cárceles de máxima seguridad; se construye con justicia, con reparación real y con la autoridad de un Estado que no se arrodilla.