Gustavo Petro ha terminado por sabotear la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Desde ese 7 de junio de 2025, cuando un sicario atentó contra el entonces precandidato mientras pronunciaba un discurso, el presidente de la República, además de estigmatizar a las víctimas, ha contribuido a entorpecer la labor de la Fiscalía en la resolución de ese crimen, el más grave de su mandato.
La pieza que faltaba para dimensionar este comportamiento la reveló SEMANA en su última edición. Allí se conoció el interrogatorio de Simeone Pérez Marroquín —alias El Viejo—, en el que se confirmaron elementos que desde hace meses se advertían: la participación de estructuras de la Segunda Marquetalia, la planeación del homicidio, sus financiadores y ejecutores. Todo ello en coherencia con las capturas realizadas y con el prolijo trabajo de la Fiscalía en un caso particularmente complejo.
Puesta esta información de presente, vale la pena señalar el modus operandi del presidente Petro: plagar de hipótesis la autoría del magnicidio para desviar la atención, generar ruido y sembrar versiones paralelas. A los hechos me remito.
El 12 de junio de 2025, cinco días después del atentado, Petro afirmó en una entrevista con CNN que “este tipo de asesinos tiene relaciones dentro de Estados Unidos de tipo mafioso”. Posteriormente, el 22 de julio, en su cuenta de X, sostuvo que el homicidio no tenía motivación política. Esta aseveración, además de carecer de soporte probatorio, es contraevidente. Cualquier persona con un mínimo de sentido común entiende que un ataque sicarial contra un dirigente político de ese nivel tiene, prima facie, una motivación política.
El 29 de julio volvió a pronunciarse en la misma red social para afirmar que “todos los indicios —nunca se supo cuáles— apuntaban al narcotráfico”. En esa intervención agregó que no existían elementos que vincularan a la izquierda con el crimen. Hoy se sabe que el ataque provino de estructuras de una guerrilla marxista.
Ya en agosto, tras la muerte del precandidato, Petro arreció en la construcción de hipótesis. Cuando en la opinión pública comenzaba a tomar fuerza el nombre de alias Zarco Aldinever como quien desde la Segunda Marquetalia habría determinado el homicidio, el presidente introdujo una nueva versión: el 11 de agosto responsabilizó al ELN. Días después, el 18 de agosto, rectificó, no sin antes agregar otra hipótesis: que la Segunda Marquetalia habría actuado por encargo. En medio de ello, se refirió a una supuesta “Junta Internacional del Narcotráfico de Dubái”, cuya existencia, estructura y funcionamiento siguen siendo hoy desconocidos.
Pero el sainete no se detuvo. El 20 de agosto, en una afirmación infame, insistió en esa supuesta estructura, esta vez vinculándola con un “negocio de esmeraldas”. Apenas dos semanas después, el 3 de septiembre, salió con un nuevo disparate: responsabilizó a alias El Mosco —un delincuente del Bronx—, respecto de quien planteó, sin sustento alguno, que pudo haber actuado por venganza, por encargo o por ambas razones.
Así, de tumbo en tumbo, cerró el año con siete versiones: mafias de Estados Unidos, narcotráfico común, ELN, la Segunda Marquetalia por encargo, una supuesta junta internacional, móviles ligados a esmeraldas y un actor del crimen urbano.
El 21 de marzo de 2026, tras la publicación del informe de Semana, el Presidente finalmente reconoció la autoría de la Segunda Marquetalia. Pero lo hizo introduciendo una nueva variable: que la operación habría sido ordenada por terceros, a quienes denominó —nuevamente sin pruebas— como una “junta nacional del narcotráfico de esmeralderos”. Ni siquiera con la evidencia en la mano ha sido capaz de desistir del sabotaje.
A estas alturas, resulta evidente que la investigación ha avanzado no gracias al presidente, sino a pesar de él y de su política de obstrucción. Y surgen preguntas necesarias:
¿Por qué el presidente ha saboteado sistemáticamente la investigación? ¿Por qué insiste en impedir que se conozca la verdad sobre el homicidio más grave de esta década en Colombia? ¿Por qué busca minimizar la responsabilidad de la Segunda Marquetalia? ¿Por qué no reconoce que, mientras negociaba con ese grupo, se planeaba el homicidio de su principal adversario? ¿Por qué se resiste a admitir que hubo una motivación política? ¿Por qué continúa revictimizando a la familia Uribe Turbay? ¿Por qué no asume su responsabilidad política?
Creo tener una respuesta a todas esas preguntas. Y sospecho que el lector también. Lo cierto es que resulta triste constatar que, en este caso, la verdad no solo ha tenido enemigos en los criminales, sino también en el presidente de la República, Gustavo Petro.