Opinión
Petro dictador
Conversar con el ELN es saber a qué atenerse.
El reciente puede ser registrado como uno de los flagelos de mayor impacto sobre los derechos humanos de los colombianos. Lo acontecido en el Catatumbo, Norte de Santander, es la prueba idónea de la absoluta ineficiencia e impertinencia de la implementación de una política de paz total que privilegia a los victimarios, desconoce a las víctimas y arrodilla a las fuerzas del orden público.
Contrario a pensar que la súbita creciente en la criminalidad y los lamentables hechos del Catatumbo son resultado de una casualidad, la realidad es que este plan criminal es notablemente orquestado y premeditado.
Desde campaña, el presidente Petro mintió descaradamente a los colombianos, prometió paz con el ELN cuando lo que realmente buscaba era fortalecer a estos grupos narcotraficantes, reclutadores de menores, extorsionistas, secuestradores y, en general, violadores de los derechos humanos de los colombianos.
Conversar con el ELN es saber a qué atenerse; el fortalecimiento financiero y militar era la idea inicial, luego de ello, es claro que el tener el brazo armado del ELN es prenda de garantía para arrodillar al país y dejarlo a merced de una dictadura militar insurgente, las cifras de violencia en 2024 ya rondan las 87 masacres con 299 muertos, 182 ataques terroristas, 13.555 homicidios y 99 asesinatos a la Fuerza Pública.
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Colombia está expuesta a una desbordada violencia que ha alcanzado, con el caso del Catatumbo, su pico más alto. La Defensoría del Pueblo reporta al menos 32.000 personas desplazadas, que en su mayoría ha llegado a Cúcuta (15.086), Ocaña (11.503) y Tibú (5.300); lo peor —aparte de las secuelas y consecuencias inmediatas del conflicto— es que el Gobierno Petro ha encontrado de forma intencional y provocada la “excusa perfecta” para imponer a fuerza de decreto el estado de excepción, una dictadura.
Es claro que los poderes de un presidente se exacerban cuando las condiciones así lo ameritan, lo anterior podría obedecer a tres situaciones en particular: por una guerra exterior, por la declaratoria de una conmoción interior (o alteraciones graves al orden público), o bien por la existencia de una emergencia económica, social y ecológica.
Lo que ha trascendido a la opinión pública es que el mandatario optará por decretar una conmoción interior dado que la situación de orden público —en gran parte por la ineficiencia del Gobierno y la fallida paz total— atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Para lo anterior, el presidente necesita la firma de todos sus ministros, la vigencia de este estado de excepción no podrá exceder los 90 días, que son prorrogables por otros 180 días más —la segunda prórroga requerirá concepto previo y favorable del Senado de la República—.
En virtud de la declaratoria del estado de conmoción interior, entre otras Petro podrá: suspender las leyes, restringir el derecho de circulación y residencia, imponer el toque de queda, establecer —mediante decretos legislativos— restricciones a la radio y la televisión de divulgar información.
El Gobierno podrá suspender temporalmente los servicios de radiocomunicaciones de redes públicas o privadas, también someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones; podrá disponer la aprehensión preventiva de personas, suspender a alcaldes o gobernadores, y estos —a su vez— podrán suspender a los alcaldes de su departamento, entre otras peligrosas atribuciones.
Las anteriores facultades, de por sí peligrosas, en manos de Petro conducen a estimar que el riesgo de una dictadura socialista es inminente y se encuentra próxima a materializarse. Ahora bien, si el Gobierno estima declarar conjuntamente la emergencia económica, social y ecológica, sus poderes aumentarán; el Gobierno incluso podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, y así conseguir lo que por vía del Congreso le ha sido imposible tramitar.
Es menester estar apercibidos. La estrategia tiene un objetivo muy preciso: suspender el calendario electoral e impedir el desarrollo normal y adecuado de las elecciones de 2026, en las que se avizora una aplastante derrota a la izquierda empobrecedora e inepta que ha gobernado a Colombia desde el 7 de agosto de 2022. No lo podemos ni lo vamos a permitir.
Colombia, su Estado de derecho, su institucionalidad y el futuro próximo de la democracia, quedan en manos de la Corte Constitucional, que deberá, como guardiana de la Constitución, ejercer el control judicial de los decretos de estado de excepción que dicte Petro.
La función esencial será la revisión del contenido y que cumpla con los principios de conexidad, necesidad, finalidad y proporcionalidad; de no cumplir el decreto con estos principios —como es notorio que no los cumple—, fuerza a que el alto tribunal declare la inexequibilidad, y por vía de decisión judicial ordene el restablecimiento del orden constitucional en nuestro país.
Atentos, la dictadura de Petro se ha puesto en marcha y es nuestro deber ciudadano contener este ataque.
