En diciembre de 2025, la señora Martha Cecilia Valbuena Mesa recibió una pensión de vejez pagada por Colfondos por 2.326.911 pesos. En enero de 2026, Colfondos le pagó 1.750.905 pesos; es decir, una disminución del 24,7 por ciento. Ella y los otros 72.600 jubilados por vejez, invalidez y muerte recibieron de Colfondos, un fondo privado, un correo electrónico en el que le informaban que su mesada pensional sería reducida en más de un 10 por ciento.
El abogado Aníbal Rodríguez Guerrero está demandando a Colfondos y al Gobierno a nombre de la señora Valbuena y de otros damnificados. Alega que se violó el artículo 48 de la Constitución: “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Reducir la pensión en un 24 por ciento es un golpe bajo a los pensionados.
Según el abogado: “Colfondos Pensiones y Cesantías S. A. y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nunca adelantaron gestión alguna para garantizar, en enero de 2026, el incremento de las pensiones de 72.600 afiliados a dicha administradora en el régimen de ahorro individual, modalidad de retiro programado, vulnerando con ello el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna del servicio público de seguridad social”.
Señala el demandante que cuando se les pregunta a los fondos de pensiones privados por qué redujeron o congelaron las pensiones a pesar de que la Constitución expresamente lo prohíbe, argumentan que se trata de un riesgo de descapitalización que voluntariamente aceptan quienes se pensionan por este sistema. Sin embargo, la explicación elude mencionar que constitucionalmente la seguridad social es irrenunciable y que, si llegaran a faltar recursos, el Estado debe garantizar el incremento periódico de todas las pensiones sin importar el sistema pensional del jubilado.
Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, atribuyó en febrero la disminución de pensiones al alza del salario mínimo: “El sistema privado (AFP) funciona con lógica actuarial. La pensión depende del ahorro acumulado, la expectativa de vida del afiliado y de su grupo familiar. Cada año, en retiro programado, se recalcula la mesada para garantizar que el capital alcance para toda la vida proyectada. En diciembre ocurrieron dos hechos simultáneos. Primero, el salario mínimo subió 23 por ciento, cerca de 28 por ciento real, el incremento más alto en 50 años. Segundo, se modificó el decreto de deslizamiento, que desde 2016 mitigaba el impacto de aumentos del salario mínimo por encima de la inflación en las rentas vitalicias. El fenómeno no es discrecional ni político. Es un tema absolutamente aritmético. El costo de una renta vitalicia pasó de cerca de 350 millones a 550 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento cercano al 57 por ciento, producto de ambas medidas. Eso cambia completamente las ecuaciones, porque bajo el contexto actual una persona necesita hoy 200 millones de pesos más para garantizar una renta vitalicia que le cubra hasta su fallecimiento; ahora requiere 550 millones. Es un salto gigante de un día para otro”.
Las explicaciones del presidente de Colfondos pueden ser válidas desde el punto de vista técnico, pero la Constitución no admite ninguna razón para reducir o congelar las pensiones. La prohibición es absoluta.
“ARTÍCULO 48… por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho…”.
Entonces, lo que debió ocurrir no fue una disminución masiva de las mesadas, sino que Colfondos tenía que gestionar ante el Ministerio de Hacienda el cubrimiento de los recursos faltantes, pues la misma Constitución impone al Estado el deber de garantizar el aumento periódico de las pensiones.
“ARTÍCULO 53... El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
Para el abogado Aníbal Rodríguez Guerrero: “Como el negocio de los fondos de pensiones no es pagar mesadas justas, sino cobrar comisiones sobre el ahorro pensional que administran, con total respaldo de la Superintendencia Financiera, los fondos calculan que una pensión va a durar hasta que el jubilado cumpla 110 años, de forma que, para estirar la plata, reducen el valor de las pensiones y retienen el capital pensional, logrando así cobrar comisiones por dilatar la leonina administración del ahorro pensional. El asunto es tan lucrativo que, al revisar los estados financieros de Colfondos, se aprecia que, con un capital social invertido de 34.000 millones de pesos, solo en el año 2024 obtuvo ingresos por comisiones de 380.000 millones de pesos”.