Esta semana, finalmente, Juliana Guerrero aceptó lo que todos sabíamos desde hace mucho, pero que ella insistía en negar: el título profesional que pretendió utilizar para acceder al cargo de viceministra de Juventudes era falso y lo obtuvo fraudulentamente con la complicidad de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general de la Fundación Universitaria San José.
Después de ocupar el cargo de secretaria general del Ministerio del Interior, jefe de Gabinete de este ministerio y de ser la delegada del presidente de la República en el Consejo Estudiantil de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Juliana Guerrero aceptó ante el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que era una farsante y que no tenía formación académica que le permitiera ocupar los cargos que ejerció. Ni era técnica en Gestión Contable y Tributaria ni contadora pública, como aseguró incluso en una entrevista en medios de comunicación y en la hoja de vida que subió al Sigep cuando aspiraba a ser nombrada viceministra de Juventudes.
No es algo tan simple como que una jovencita perdió el rumbo y cometió un error, mintiendo en su hoja de vida para llegar más alto de lo que podía. Se trata de una mujer que tuvo acceso al más alto poder del Estado colombiano y desde allí conoció los más íntimos detalles del manejo del Gobierno.
Gracias a esta posición de privilegio, recibió los beneficios de pertenecer a la élite política: tener un esquema de seguridad a su servicio, participar en viajes de delegaciones gubernamentales, usar camionetas, aviones y helicópteros reservados a altos funcionarios del Estado y sentarse incluso en un consejo de ministros para escuchar de primera mano los asuntos más delicados de la administración. Todo a sabiendas de que mentía sobre quién era y por qué estaba allí. Tuvo la frialdad de buscar y pagar por un diploma inexistente para escalar aún más en este poder y tener un cargo de viceministra.
Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Gracias a un preacuerdo firmado con la Fiscalía, se desecharon los cargos por falsedad ideológica en documento público y su participación en el delito quedó degradada de autora a cómplice.
Tras este acuerdo, fue condenada a tres años de prisión, multa de 100 salarios mínimos e inhabilidad por dos años y medio para ejercer cargos o funciones públicas. Pero, ¡momento!, en el mismo fallo el juez le concedió el beneficio de la suspensión de la pena, por lo cual, a pesar de la gravedad de su conducta, Juliana Guerrero no pagará un solo día de cárcel y ni siquiera estará en detención domiciliaria. Puede seguir su vida sin limitaciones.
Tras la aceptación de su farsa y su trampa, la señorita Guerrero publicó una carta disculpándose con el país y la comunidad educativa de la Fundación Universitaria San José. En esta misiva pedía una segunda oportunidad. Luego publicó un video en el que, con un rosario en la mano, sentada con los pies descalzos y un pasaje bíblico a sus espaldas, dijo sentirse maltratada por haber sido tildada de “ladrona” y por las insinuaciones de tener una relación afectiva con el expresidente Gustavo Petro.
Ahora Juliana Guerrero dice querer “cerrar este capítulo” y recuperar su tranquilidad.
Aunque algunos crean que con decir “lo siento” es suficiente, no lo es. Juliana Guerrero solo ha aceptado una verdad a medias, que no se compadece con la gravedad de lo que hizo. No ha dicho la verdad de lo que pasó.
Ninguna persona llega a ese nivel de poder sin la ayuda de alguien muy arriba. Guerrero llegó hasta allí auspiciada por alguien del que aún no sabemos su nombre. El presidente Petro la defendió hasta el último día e insistió en que quienes denunciaron las irregularidades en su hoja de vida se oponían a su nombramiento por ser una “mujer humilde, que no estudió en Los Andes”. Además, la sostuvo como su representante ante el Consejo Superior de la UPC hasta que salió del Gobierno.
Pero no fue solo el presidente. El exministro del Interior, Armando Benedetti, la nombró primero secretaria general del ministerio para, solo unos días después, ascenderla a jefe de gabinete y otorgarle el mayor ingreso posible. Desde allí, Benedetti le autorizó el uso de aeronaves dispuestas solo para el desplazamiento del ministro y le permitió la compañía de personas completamente ajenas al ministerio. ¿Por qué?
La gran pregunta de este escándalo sigue sin responderse: ¿quién fue la persona que llamó a la Fundación Universitaria San José a pedir el favor de que le entregaran diplomas falsos a Juliana Guerrero para nombrarla viceministra?
¿O será entonces que la Fundación Universitaria San José, a través de su ya condenado secretario Gutiérrez, tenía un gran negocio de venta de títulos falsos del que Guerrero tuvo conocimiento? Si así es, ¿dónde están las demás investigaciones por los otros títulos que se habrían expedido de forma irregular? ¿Será acaso que por ser Daniel Rojas, el ministro de Educación de entonces, uno de los amigos del alma de Juliana Guerrero, no se investigó lo que se tenía que investigar?
Ese “lo siento” de Juliana Guerrero no es sincero. Si fuera sincero, contaría toda la verdad que hasta hoy ella sigue ocultando.
P. D.: En la Fiscalía y la Procuraduría cursan procesos en contra de Juliana Guerrero por el uso indebido de las aeronaves de la Policía, pero no avanzan. Siguen engavetadas en el despacho de algún funcionario.