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OPINIÓN

Migrar por una vida mejor

Esta dura realidad requiere del Gobierno colombiano, y de cada una de las embajadas de Colombia en el exterior, tener una política pública de diálogo, atención y protección de la población migrante colombiana.

Angelino Garzón
30 de enero de 2025

La historia de la humanidad, como su desarrollo, tiene mucho que ver con las migraciones, desplazamientos a otros lugares o países motivados por el deseo de encontrar mejores condiciones de vida. Son muchos los ejemplos, en diversos países del mundo, de cómo los migrantes han contribuido no solo a su diversidad racial, sino también a su propio desarrollo económico, científico, cultural, deportivo y recreacional.

En tal sentido, las cadenas y los grilletes que por una equivocada política xenofóbica les vienen colocando en Estados Unidos a los migrantes expulsados de diferentes países de América Latina, no solo violenta su dignidad como seres humanos, también desconoce los sacrificios personales y familiares que hicieron cuando decidieron emigrar pacíficamente en busca de una vida mejor.

Como exvicepresidente de Colombia, no comparto el trato de delincuentes que el actual presidente de Estados Unidos quiere darle a la población migrante de diversos países del mundo que, desde hace muchos años, viene llegando a ese país. Todos sabemos que son los trabajadores migrantes en condiciones de irregularidad los que hacen muchas tareas o trabajos que los norteamericanos o migrantes regularizados muchas veces no realizan.

En lo personal, considero que hubiera sido mejor para la causa de los derechos humanos de la población migrante si el presidente Petro, el domingo pasado, hubiera autorizado aterrizar a los dos aviones militares norteamericanos que transportaban a centenares de migrantes colombianos, entre ellos niños y niñas, los cuales fueron deportados por el actual gobierno de Estados Unidos por el único hecho de no tener regularizada su estadía en ese hermano país al norte de las Américas.

Los desafortunados y emotivos trinos del presidente de Colombia, el pasado domingo 26 de enero, le cayeron como anillo al dedo al presidente de Estados Unidos, y de paso contribuyeron a debilitar la posibilidad de un frente común a nivel internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, en favor de la defensa de los derechos humanos de la población migrante, de la cual más de tres millones son de nacionalidad colombiana.

Afortunadamente, frente a la breve tormenta que se trató de formar y que afectaba negativamente las buenas relaciones que existen entre Colombia con Estados Unidos por la inoportunidad de unos trinos del presidente Petro y la soberbia del presidente Trump, al final de cuentas, y para bien de los pueblos de ambos países, ganaron la diplomacia, el diálogo, la sensatez y el sentido común, que son la base fundamental para unas buenas relaciones internacionales entre los pueblos y su derecho a la convivencia pacífica.

Esta dura realidad requiere del Gobierno colombiano, y de cada una de las embajadas de Colombia en el exterior, tener una política pública de diálogo, atención y protección de la población migrante colombiana, incluyendo la que no está regularizada, con el fin de diferenciarla de aquellos colombianos que desafortunadamente pueden estar metidos en actividades ilegales.

Sólo espero que los lamentables hechos sucedidos el domingo 26 de enero sirvan de reflexión y hayan enseñado, a ambos gobiernos y a sus equipos, que las relaciones internacionales, como los conflictos internos, no se resuelven con apasionamientos políticos e ideológicos, sino dialogando, respetando el derecho de las personas a ser diferentes y entendiendo que en la democracia, el pueblo —como constituyente primario— tiene el derecho a elegir soberanamente a gobernantes con pensamientos políticos muy diferentes al de otros gobernantes, y a pesar de ello, el sentido común y los intereses de los pueblos los obliga a dialogar y a entenderse en las diferencias.

En ese orden de ideas, y como el tema central de los migrantes colombianos no tiene que ver sólo con los procedimientos que se utilizan en otros países para expulsarlos, es necesario también procurar siempre, de parte del Gobierno colombiano, el desarrollo de políticas preventivas en materia económica y social para impedir los altos flujos migratorios hacia el exterior; lo mismo que el diálogo con los gobiernos de países receptores y bajo la figura de responsabilidad compartida, para garantizar el respeto a los derechos de nuestros compatriotas.

En ese camino, invito a los diversos sectores políticos y sociales de Colombia a no quedarnos en el remolino de lo que pasó y menos a seguir con la política de odios y descalificaciones políticas y sociales que tanto daño le vienen haciendo a Colombia y a su anhelo de convivencia pacífica y de reconciliación nacional.

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