El país necesita atender sus obligaciones, recuperar la inversión pública y enfrentar una deuda que consume buena parte de sus recursos. El Gobierno propone recortar gastos, reorganizar el Estado y modificar impuestos para responder a una situación fiscal sobre la que venía advirtiendo desde la campaña y el comienzo de su administración.
Es claro que nada quiere pagar más impuestos. Mucho menos en un país donde tantas familias apenas consiguen cubrir sus necesidades. Pero Colombia tiene un problema que no desaparece por ignorarlo. El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó la Ley de Rescate Fiscal para hacer frente a unas cuentas públicas agobiadas por el endeudamiento y los intereses, con cada vez menos recursos disponibles para invertir. La discusión debe ir más allá de cuánto costará la reforma. También es necesario entender cómo llegamos a esta situación y qué opciones tiene el país para superarla.
Según cifras del Ministerio de Hacienda, en agosto de 2022, cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, la deuda bruta del Gobierno ascendía a $804,9 billones. En marzo de 2026 alcanzaba los $1.215,4 billones. Son $410,5 billones adicionales, un aumento cercano al 51 %. En ese crecimiento influyeron las tasas de interés, las obligaciones anteriores y el comportamiento de la economía, pero también las decisiones de gasto y endeudamiento de la administración Petro. Considero que ese manejo de las finanzas públicas dejó al país con una carga que hoy limita seriamente su capacidad de respuesta.
A esa deuda hay que sumarle los intereses. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a agosto de 2026 esos pagos equivalían al 27,8 % del recaudo tributario. Es una proporción considerable de los ingresos del Estado, que también debe atender las necesidades de millones de colombianos. ¿Cómo se financian las carreteras, los hospitales, la seguridad y los demás compromisos del Estado cuando una parte creciente de los ingresos se destina a pagar deudas anteriores?
El Gobierno venía advirtiendo sobre este panorama mucho antes de presentar la reforma. Desde su elección, Abelardo De La Espriella comenzó a señalar públicamente el estado de las finanzas que recibiría. Una vez posesionado, su administración continuó exponiendo las cifras de deuda y las dificultades presupuestales. El Libro de la Verdad reunió hallazgos y denuncias sobre el manejo de distintas entidades durante el gobierno anterior. En varias alocuciones presidenciales, el mandatario insistió en la gravedad del problema. La Ley de Rescate Fiscal es la respuesta que ahora pone a consideración del Congreso.
El Estado no puede suspender el pago de pensiones, salarios, contratos y compromisos financieros. Tampoco puede desentenderse de la inversión pública. Cuando los ingresos son insuficientes, recurre al crédito, pero financiar de manera permanente el faltante con nuevos préstamos termina encareciendo la deuda. El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió, en una entrevista publicada por SEMANA el 24 de octubre, que Colombia podría enfrentar una grave crisis fiscal en marzo de 2027, si no se adoptan las medidas necesarias. Es una advertencia sobre un riesgo, no una certeza de que la crisis vaya a estallar en esa fecha. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal también ha señalado los peligros asociados al déficit y al endeudamiento previstos para 2027. Son alertas que no deberían desestimarse.
La salud muestra parte de las dificultades que recibió la actual administración. Durante el gobierno Petro se agravaron los problemas financieros de numerosas EPS y las intervenciones estatales no lograron corregir la situación en varias entidades examinadas por los organismos de control. La Procuraduría y la Contraloría advirtieron sobre deudas, deterioro financiero y dificultades de atención. También existen investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Los pacientes conocen las consecuencias de esta crisis: medicamentos que no llegan, tratamientos aplazados y citas que tardan demasiado.
A ese panorama se sumaron escándalos como el de la UNGRD y otros casos de presunta corrupción en la contratación pública, que dieron lugar a investigaciones y procesos judiciales. También está la denuncia de Deicy Jiménez, quien aseguró que durante el gobierno Petro se habrían entregado contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales. Su testimonio guarda relación con las declaraciones del director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, quien denunció públicamente que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante la anterior administración. Son denuncias de enorme gravedad cuya veracidad corresponde establecer a las autoridades.
Estos casos también obligan a preguntarse cuánto dinero público terminó comprometido en contratos irregulares, cuánto se perdió y quiénes deben responder por ello. Porque mientras el país enfrenta dificultades para financiar sus obligaciones, todavía hay recursos del Estado cuyo destino y manejo deben esclarecerse.
Mi valoración sobre el endeudamiento del gobierno Petro es especialmente crítica. Considero que el crecimiento de las obligaciones públicas estuvo acompañado de prácticas de clientelismo, contratación política y hechos de corrupción que merecen una investigación rigurosa. No es posible afirmar, sin una trazabilidad de los recursos, que toda la deuda se destinó a esos fines. Pero el debate fiscal tampoco puede desligarse de las responsabilidades por el manejo del dinero público.
La Ley de Rescate Fiscal plantea que el primer esfuerzo debe hacerlo el propio Estado. El proyecto contempla recortes en contratos de prestación de servicios, reducción de costos de personal y una revisión de los gastos de funcionamiento. El propósito es liberar recursos para atender obligaciones prioritarias y corregir estructuras administrativas que el Ejecutivo considera demasiado costosas.
Uno de los puntos más importantes de la Operación Rescate es la propuesta de reducir el tamaño del Estado. El proyecto contempla otorgarle facultades extraordinarias por seis meses al presidente Abelardo De La Espriella para eliminar o fusionar ministerios y entidades públicas. El Gobierno pretende suprimir funciones duplicadas y reducir una burocracia que representa una carga considerable para el presupuesto. Ya era hora de meterle mano a tanta burocracia y acabar con los gastos innecesarios.
El Ejecutivo sostiene que una parte sustancial del ajuste provendría del ahorro y de una administración más eficiente. Sin embargo, algunos análisis centrados en 2027 atribuyen un peso considerable a los nuevos ingresos tributarios. Las diferencias dependen de los periodos y conceptos utilizados para hacer los cálculos. ¿Cuánto dejará de gastar realmente el Estado y cuánto tendrán que aportar los colombianos? Esa es una de las preguntas que el Congreso deberá resolver al estudiar las cifras del proyecto.
Reducir el gasto administrativo es necesario, pero los ahorros no bastan para cubrir de inmediato las deudas acumuladas. De ahí que la reforma incluya modificaciones tributarias con las que el Gobierno espera disminuir el déficit y mantener la financiación de proyectos públicos.
El IVA concentra buena parte de las preocupaciones. La iniciativa propone modificar tratamientos preferenciales y aplicar la tarifa general del 19 % a determinados bienes y servicios que hoy tienen una tarifa inferior o un tratamiento distinto. Algunos productos y servicios podrían encarecerse cuando entre en vigor el cambio. La inquietud es comprensible. Cualquier aumento que llegue al precio final afecta el presupuesto familiar. Según las estimaciones del Ejecutivo, el mayor esfuerzo tributario recaería sobre el 10 % de la población con ingresos más altos. Esa es la distribución que busca el Gobierno, aunque habrá que examinar con cuidado el efecto real de los cambios sobre los precios.
Para aliviar esa carga, el proyecto contempla EfectIVA. El Gobierno calcula que alrededor de 19 millones de colombianos podrían recibir la devolución total del IVA efectivamente pagado y otros 16,5 millones accederían a compensaciones parciales, según sus ingresos y los límites previstos. Así, aunque determinados productos o servicios pasen a pagar el 19 %, los hogares beneficiarios podrían recuperar todo o parte del impuesto. La devolución dependería de las condiciones establecidas para cada grupo y del IVA efectivamente pagado. Es una de las medidas con las que el Ejecutivo busca evitar que el ajuste recaiga de la misma manera sobre quienes tienen menor capacidad económica.
La salud es otro de los asuntos que merece especial atención. El proyecto propone aumentar progresivamente las cotizaciones de determinados trabajadores, según su nivel salarial, con porcentajes que llegarían al 8 % en algunos rangos. El incremento no sería igual para todos, pues dependería de los ingresos y de las condiciones previstas para cada grupo. También contempla cambios para los independientes y elevar al 19 % el IVA de la medicina prepagada y otros planes adicionales que actualmente tienen una tarifa reducida. Para quienes deban asumir esos mayores costos, la preocupación es legítima, especialmente cuando tantas familias ya destinan una parte importante de sus ingresos a la atención médica.
El Gobierno espera que estos recursos contribuyan a financiar un sistema de salud que arrastra deudas con hospitales y clínicas, problemas de atención y dificultades en la entrega de medicamentos. La necesidad de financiación es evidente, pero también lo es la obligación de garantizar que el dinero se traduzca en mejores servicios. Los pacientes necesitan tratamientos oportunos, medicamentos disponibles y una atención que no dependa de trámites interminables.
La reforma también propone estimular la actividad económica. Contempla reducir gradualmente la tarifa general de renta empresarial, del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, junto con incentivos para nuevas inversiones. Con ello, el Gobierno busca ofrecer mejores condiciones para que las empresas amplíen sus operaciones y generen empleo. Una economía que crezca y produzca más también puede fortalecer el recaudo futuro y aliviar la dependencia del endeudamiento.
La Ley de Rescate Fiscal contiene medidas que deben examinarse en su conjunto. Los recortes de gasto, la reorganización de entidades, los cambios tributarios, las compensaciones mediante EfectIVA y los incentivos empresariales tienen efectos distintos y requieren una evaluación rigurosa. El Congreso está en su derecho de cuestionar, modificar y mejorar el proyecto. Pero si decide eliminar una fuente de ingresos, debe explicar cómo la reemplazará o qué gastos propone reducir. Rechazar una medida sin ofrecer una alternativa no resuelve el faltante de recursos.
Colombia no puede seguir aplazando las decisiones que exige su situación fiscal. El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha presentado una propuesta para enfrentarla y corresponde al Congreso estudiarla con rigor, corregir lo que sea necesario y alcanzar acuerdos que permitan avanzar. Los colombianos necesitan que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de la mano para recuperar las finanzas públicas, proteger la inversión y crear mejores condiciones para el empleo y el crecimiento económico.
Los desacuerdos son legítimos, pero deben resolverse con argumentos, cifras y alternativas viables. Los congresistas tienen una responsabilidad que va mucho más allá de sus intereses políticos. Ante un problema de esta magnitud, deben dejar a un lado los cálculos electorales y poner por delante el futuro del país.