¡La vida de Jazmín es responsabilidad del Estado!

Jazmín Romero Epiayú es un símbolo de los muchos damnificados por la crítica situación de inseguridad reinante en toda Colombia. Ella forma parte de la historia de los líderes y lideresas sociales en Colombia que, por la expansión en rentas, en número de miembros y en territorios controlados por los grupos armados, han elevado el riesgo y la vulnerabilidad de quienes promueven y defienden los derechos de sus comunidades.

Según Indepaz, entre agosto de 2022 y febrero de 2025, han asesinado a 455, en promedio 15 mensuales, solo algo menos que durante el Gobierno de Duque; es decir, en cuanto a la vida de los liderazgos sociales, el “cambio” no llegó.

Por departamentos, aunque los asesinatos se presentan en 29 de 33 (incluyendo Bogotá), cinco concentran la mitad de los casos: Cauca (76), Antioquia (58), Valle del Cauca (40), Nariño (30) y Arauca (27). Una de cada diez víctimas son mujeres, y, del total, cuatro de cada cinco eran dirigentes comunales (179), indígenas (78), líderes políticos (48), dirigentes campesinos (78) y sindicalistas (25).

En el departamento de La Guajira van nueve, y las intimidaciones contra activistas, líderes sociales e indígenas son constantes. Es el caso de Jazmín Romero Epiayú, lideresa del pueblo wayú, amenazada por un grupo armado. Frente a este riesgo, es imperativo que el Estado colombiano, en el Gobierno de Gustavo Petro, le garantice el derecho a la vida y a la seguridad integral. Durante los últimos 12 meses, Jazmín ha recibido agresiones, conminaciones y hostigamientos, cada vez más graves, sin que tenga protección alguna, mientras se encuentra expuesta a la violencia de las bandas que operan en La Guajira y Magdalena.

Jazmín Romero es una colombiana ejemplar. Ha liderado la resistencia civil en Barrancas, Fonseca y Distracción de las comunidades wayús más vulnerables en esa zona –las que no pertenecen a ningún resguardo–, que han padecido las secuelas en la salud y el medioambiente, consecuencia de la explotación del carbón de la multinacional Glencore en el Cerrejón.

En el último año, Jazmín conduce 44 comunidades no resguardadas, como Sumaain, Walinay, Wayuukazo o Jarijinamana, que, desde hace décadas, habitan territorios aledaños a la troncal del Caribe. Estas han sido presionadas a dejar sus tierras por particulares en apropiaciones indebidas o por proyectos de infraestructura de orden nacional y distrital. Tales atropellos, incluidos los cometidos contra 15 grupos que ya fueron desalojados, se denunciaron por ella y por 13 autoridades wayús en el Senado de la República el 19 de diciembre de 2024, en una audiencia pública de la Comisión IV, organizada por el senador indígena Richard Fuelantala. A pesar de contar con la presencia del Ministerio del Interior, la Defensoría y la Agencia de Tierras, aún están pendientes las respuestas ciertas a los reclamos expuestos.

Fuera de ser madre cabeza de hogar, en calidad de dirigente feminista acompaña numerosos casos de violencia basada en género ocurridos en La Guajira y es educadora en salud reproductiva de niñas y mujeres wayús. También es comisionada y asesora científica del ICBF para el seguimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la que declaró el estado de cosas inconstitucional en esta región y cuyo objeto es garantizar el derecho a la alimentación, la salud y el acceso a agua potable.

Jazmín, junto con Las Guardianas del Viento, organización de mujeres de la Alta Guajira, ha alzado la voz frente a la construcción de 57 parques eólicos que 17 multinacionales quieren desarrollar en esa zona. No se han resuelto con equidad y respeto los conflictos que surgen con relación al suelo, al mar, la fauna, la cultura, la espiritualidad y los medios de vida de las comunidades ancestrales del cabo de la Vela, bahía Honda y punta Gallinas, entre varias. El relato fácil es acusar a los indígenas “que no quieren o no dejan”, cuando tales proyectos ni siquiera les solucionan inveteradas carencias en acceso a energía y agua potable.

Es deber del Gobierno Petro y de las entidades estatales competentes activar las rutas necesarias y ofrecer las medidas efectivas para proteger la vida de Jazmín, quien a diario desarrolla sus actividades de manera democrática y civilizada por toda la geografía de La Guajira, reivindicando el respeto por el territorio, las tradiciones y los derechos del pueblo wayú.

Colombia debe poner los ojos sobre la peligrosa situación que atraviesan en todo el territorio líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, sociales y económicos, como Jazmín. ¡Ni una víctima más!