La petropitufo política

La denuncia sobre la presunta entrada de 500 millones de pesos, (aportes de dineros de actividades ilícitas) a la campaña de Gustavo Petro, ha desatado un escándalo político y social que no parece tener fin. Si se confirma que estos dineros fueron entregados por el denominado zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo, el problema se agrava aun más por las implicaciones de omisión de denuncia, ocultamiento de elementos materiales probatorios y enriquecimiento ilícito.

A pesar de que Petro ha intentado desviar la atención con excusas sobre su desconocimiento de la procedencia del dinero, las pruebas indican lo contrario. Según varias fuentes, la campaña de Petro supuestamente recibió, inicialmente, 500 millones de pesos, pero la intención de alias Papá Pitufo era entregar hasta 3.000 millones. ¿Se acordó ese monto? ¿Con quién se acordó? Petro, al parecer, dio la instrucción de devolver el dinero, pero hasta ahora no hay pruebas que respalden esta afirmación. Peor aun, nunca denunció el hecho ante las autoridades, lo que lo coloca en una situación más comprometedora.

¿Por qué Petro se quedó callado?

¿Cuánto dinero entró exactamente a la campaña?

Lo que agrava más la situación es que, en lugar de tomar medidas contra los responsables, Petro premió a Xavier Vendrell entregándole la nacionalidad colombiana. Si Petro realmente estaba comprometido con la transparencia y el cumplimiento de la ley, esta decisión resulta difícil de justificar. Además, la omisión de denuncia no solo es un acto de complicidad, sino que también pone en duda la moralidad de quienes están al mando del país.

Otro episodio desconcertante es la revelación de que Néstor Daniel García, un militante del Pacto Histórico, presuntamente se embolsilló 50 millones de pesos de los 500 millones que, según la denuncia, fueron entregados. Este hecho genera más desconfianza sobre la transparencia en el manejo de los recursos y la verdadera intención de quienes estaban involucrados en la campaña. ¿Hasta dónde llegó la penetración del contrabando en las estructuras del poder?

La situación empeora cuando el mismo Petro confirmó que viajó en una avioneta de Papá Pitufo a Buenaventura durante la campaña presidencial de 2022. Aunque ha intentado restarle importancia a este hecho, diciendo que no sabía a quién pertenecía la avioneta, el simple hecho de haber aceptado el transporte de una figura vinculada al contrabando, y que además él mismo tacha de traqueto, refleja una falta de diafanidad de un mandatario.

Además, las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien confesó ante la Fiscalía que Petro se reunió en dos ocasiones con el zar del contrabando, no hacen más que alimentar la sospecha de que el entonces candidato y hoy presidente estaba al tanto de la situación y, a pesar de ello, no actuó.

¿Y qué decir de la gestión de la Fiscalía General de la Nación? La reciente actuación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo (la fiscal de bolsillo de Petro), quien frenó la orden de captura contra Papá Pitufo apenas diez días después de asumir el cargo, plantea serias interrogantes sobre su imparcialidad y las presiones que pudo haber recibido. ¿Existió una intromisión externa? ¿Quién dio la orden? No es difícil pensar que la orden pudo provenir de figuras cercanas al poder político señaladas en este caso. Es cuestión de atar cabos.

Con esta declaración de Augusto Rodríguez, se refleja que está untado hasta los tuétanos, ya que sabía todo lo que estaba ocurriendo y también se quedó callado. Debe ser retirado de su cargo de inmediato y contar absolutamente toda la verdad a la justicia. Pero ¿con qué confianza pueden los colombianos mirar a la justicia cuando la Fiscalía está en manos de la funcionaria que retiró la orden de captura de este bandido?

Otro dato importante que no puede quedar en el aire es la presunta participación del exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. De acuerdo con información revelada por María Jimena Duzán, hay unos audios que comprometen a Roa, en los que se mencionaba una posible cercanía con Víctor Hugo Sierra, alias Harry, quien estaría vinculado al entorno delictivo de alias Papá Pitufo. Esos audios todavía no han sido revelados a la opinión pública.

El papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) en este proceso es crucial. Con Álvaro Hernán Prada al frente, el CNE tiene la responsabilidad de investigar a fondo las irregularidades cometidas en la campaña de Petro y, de ser necesario, tomar las medidas que correspondan. Si no se esclarecen estos hechos, el daño a la confianza pública en las instituciones será irreversible.

De esclarecerse la verdad sobre la presunta entrada de dineros de actos delictivos a la campaña de Gustavo Petro, no será un escándalo más en la política colombiana, sino un ejemplo de cómo las estructuras del poder están corrompidas y contaminadas por el narcotráfico y la corrupción. El uso de dinero de origen delictivo no solo pone en riesgo la integridad y transparencia de las elecciones, sino que esto es un acto ilícito y constituye una violación a las leyes electorales y a las normas éticas que regulan las fuentes de financiamiento de las campañas políticas. Es urgente que se haga justicia, que se comprueben los hechos y que quienes hayan infringido la ley enfrenten las consecuencias de sus actos. Los colombianos merecen respeto y transparencia de parte de sus dirigentes.