La llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia ha generado un cambio en el balance de la política nacional, lo que ha sacado de su zona de confort a quienes esperaban que el proyecto político del Pacto Histórico continuara por un periodo más, pero especialmente a los miembros de los grupos armados que se beneficiaron de todas las formas posibles de esa funesta tramoya que llamaron “paz total”. Ya la Contraloría, en un informe de 800 páginas, da a conocer a la nación la enorme corrupción detrás de esa iniciativa.
Recuperar los territorios dejados a merced de los ilegales, para restituir la majestad de la ley y el orden perdidos en ellos, fue una promesa de campaña que se comenzó a cumplir desde el día uno del Gobierno, aun en medio de la tragedia nacional que significó el terremoto del 10 de septiembre. El nuevo ímpetu de la Fuerza Pública ha despertado a quienes en las calles y en el recinto de las cámaras del Congreso gritaban “S. O. S., nos están matando”; a quienes con ahínco rechazaban las masacres de los líderes sociales y clamaban respeto por la vida de los niños, pero que de manera cómplice callaron durante los cuatro años del “gobierno del cambio” frente a las 350 masacres registradas en ese tiempo que, según Indepaz, dejaron más de 1.200 muertos, entre ellos cerca de 700 líderes sociales. También callaron cuando, por acción de la Fuerza Pública, en un número indeterminado de bombardeos, murieron 65 niños.
Repentinamente, con el cambio de gobierno, la sensibilidad social, la faceta humanista y la indignación se vuelven a despertar y buscan cómo frenar a la Fuerza Pública. Pretenden negar a los militares el empleo de las capacidades con las cuales se pueden reducir los altos riesgos que significa para los hombres y mujeres uniformados ingresar a los territorios para desalojar a los terroristas que, gracias a la paz de Petro, se enquistaron en los 527 municipios que, según la Fundación Pares, están bajo su control. La Defensoría del Pueblo estima que el 71 % del territorio nacional se encuentra bajo riesgo u ocupación de estos grupos.
Como soldado, he visto que los uniformados asesinados y/o mutilados poco o nada importan. Algunos consideran que es más ventajoso mandarlos a caminar por campos minados o exponerlos en camiones que transiten por vías peligrosas, mientras los helicópteros, sin mantenimiento, se llenan de polvo en un hangar o, en el mejor de los casos, los prefieren dejar “congelados” en bases y cuarteles.
Ahora, la izquierda y los detractores del Gobierno —que no necesariamente están en ese sector— se volvieron puritanos y moralistas. Incluso citan a Dios para descalificar las decisiones del mandatario de turno, pero olvidan que fue la mano divina la que destruyó a Sodoma y a Gomorra, la que guio a Josué en la destrucción de Jericó, y que la Biblia está llena de relatos donde se castiga de manera implacable a quienes rompen las reglas, siendo el diluvio universal la máxima expresión de castigo por la maldad y la violencia de la humanidad. Evidentemente, este primer mes de gestión ha mostrado cómo será el panorama de aquí en adelante, hasta 2030: demandas, tutelas, citaciones al Congreso con moción de censura, videos y artículos manipuladores o malintencionados para desinformar serán la constante.
En Colombia, el país de los hipócritas, la muerte pasó hace mucho tiempo de ser un espectáculo a convertirse en un buen negocio. El hecho de que algún día nuestro país llegue a lograr el estado ideal de la paz —acabando con la confrontación violenta en el campo y en la ciudad— representaría una amenaza para la subsistencia de muchas personas y organizaciones que viven de la “guerra”, pues las dejaría sin razón de ser y sin oficio. Solamente una organización, registrada como Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, reúne a más de 221 ONG dedicadas exclusivamente al tema de los derechos humanos y el conflicto. Existe, además, la llamada Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, donde se agrupan 127 organizaciones. Por otro lado, el Foro de ONG Humanitarias de Colombia agrupa a decenas de entidades que atienden a las poblaciones afectadas por el conflicto, además de ese ejército de activistas digitales, juristas y políticos dedicados a poner palos en la rueda de la seguridad pública.
Es desconsolador decirlo, pero es una realidad que, en un país como el nuestro, en donde los colombianos corren en desbandada a hacer videos con quienes por cualquier causa caen en las calles de cada ciudad, para hacer de la muerte el contenido diario de las redes sociales, o acuden en frenética carrera hacia vehículos accidentados para saquear cargas y pertenencias de quienes aún agonizan entre los escombros, la sociedad está en grave peligro de entrar a ese lamentable estado de anomia social, como lo define el sociólogo Émile Durkheim, cuando se llega a perder el valor de la vida humana. Para los hipócritas indignados, las víctimas no importan; tampoco importan si son niños y menos si son miembros de la Fuerza Pública. Ellas, las víctimas, son al final un instrumento que se usa para el logro de sus objetivos políticos, personales u organizacionales y, en ese orden de ideas, tampoco les importa si los muertos en una operación militar son expuestos en un campo de parada, salvo que indignarse por ello les represente algún rédito.
Los indignados han elevado sus voces porque el presidente de la República caminó entre las hileras de bolsas mortuorias en las que se conservaban los cuerpos de sujetos muertos en combate contra tropas del Ejército Nacional, y han aprovechado esas imágenes para estructurar ataques mediáticos en su contra y contra la política de seguridad que ha venido desarrollando durante el primer mes de Gobierno. De repente, se dieron cuenta de que un protocolo que nunca les importó, y que se ha venido cumpliendo desde hace muchos años, es una forma cuestionable de tratar a los delincuentes muertos en combate. Al final, el problema no eran los sacos con los cadáveres en el piso; el problema es que, por primera vez, un presidente se toma el tema de la seguridad tan en serio, y eso asusta a muchos.
En este punto, es sano que los colombianos entiendan que ese protocolo —el de presentar las bajas— tiene un propósito que va más allá de un efecto propagandístico. Esta es una forma de poner los cuerpos a disposición de las autoridades competentes, que, por razones de seguridad y limitaciones territoriales, no pueden acceder al área de combate para realizar los levantamientos. Esto obliga a que sean los militares, aun sin tener funciones de policía judicial, los que evacúen los cuerpos y el material recuperado.
En el lugar dispuesto para la recepción, se realizan los primeros actos urgentes antes de trasladarlos al Instituto de Medicina Legal, donde se les identifica, prepara y alista para ser entregados a las familias que los reclamen para su posterior inhumación. Con ello se evita, como en épocas pasadas, que los fallecidos sean llevados al pueblo más cercano, donde eran enterrados como “NN” y que hoy son exhumados y presentados, en muchos casos, como ejecuciones extrajudiciales.
Claro, este proceso no es fácil. Para quienes no están acostumbrados a verlo, es duro y parece cruel; incluso lo puede ser para los indignados. Sin embargo, en gobiernos pasados y durante décadas, esta práctica ha sido parte de un protocolo que, de alguna manera, blinda a la unidad que ejecuta la operación militar de acciones legales futuras. Acciones que podrían terminar en algo similar a lo que hoy se vive con los llamados “falsos positivos” en el interior de una amañada justicia transicional, como lo es la JEP. Los hipócritas de nuestro país tendrán que expresar su indignación muchas veces, pues la realidad actual nos muestra que, durante los cuatro años del gobierno del cambio, los violentos se empoderaron del país: crecieron y se fortalecieron logística y financieramente. Volverlos a llevar a un punto donde el sometimiento a la justicia sea la opción más aceptable para ellos va a exigir una cuota de sacrificio muy alta, más aún si consideramos el debilitamiento de las instituciones promovido desde ese mismo Gobierno. Los delincuentes se burlaron del país con la silenciosa complicidad de quienes recobraron la voz para mostrarse indignados, promoviendo una paz que ellos no desean, pues les es más rentable el narcotráfico y la minería criminal que regresar a la civilidad; sobre todo cuando no hay una justicia que los condene ni una autoridad fuerte que los persiga y los someta.
Tenemos que trabajar mucho para que la muerte no sea parte de la normalidad de nuestro país; la muerte producto de la violencia no puede ser aceptada como una situación cotidiana, normal o parte del paisaje nacional. Como soldado, digo con claridad que la muerte de quien se enfrenta en armas a la Fuerza Pública no alegra a nuestros soldados; por el contrario, el único sentimiento que experimentan es el de una tristeza infinita, pues detrás de cada hombre o mujer metido en una bolsa de plástico hay una tragedia que solo conocen las familias de quienes —engañados, obligados o convencidos— tomaron un fusil y decidieron de la ilegalidad su forma de vida. También, detrás de cada resultado operacional está el sacrificio de las tropas que salieron, caminaron y se expusieron a las armas de un oponente que no conoce el respeto, la ética, la moral, los DD. HH. o el DIH; y que, después de presentar armas y bajas a las autoridades de la República, deberán transitar por el largo y costoso camino jurídico que acompaña cada acción militar.
Esta es la dinámica operacional de un país que, entre ferias y carnavales, se ha desangrado por décadas ante la indiferencia de un pueblo que solo atestigua la tragedia a través de las pantallas. Espero que la indignación actual por los bombardeos y por ver al presidente caminar entre los cuerpos no sea pasajera. Es crucial que se comprenda la inhumanidad del reclutamiento de menores y que este conflicto nos toca a todos; no es una exclusividad de soldados y delincuentes. Colectivos, sindicatos, asociaciones campesinas, indígenas, estudiantes y la sociedad civil no deben salir a las calles solo a pedir que los excluyan de la guerra, sino a integrarse a la institucionalidad y a la legalidad de un Estado unido contra el crimen. Solo apropiándonos del dolor de las víctimas, el clamor será por las vidas perdidas y no por simple oposición al presidente de turno.