¡La avalancha alcabalera es un volcán en erupción!

Un fantasma recorre a Colombia: el impuesto predial.

Cada semana protestan municipios donde crece en proporción ilimitada. El Departamento de Planeación (DNP) elabora cada año el documento Conpes (4111-2023) que fija los porcentajes del alza con base en el índice de valorización predial (IVP) del Dane.

Ese índice era en 2003 de 104,42 puntos; para 2012 cerró en 168,97 y para 2022 llegó a 272,47. Según ese indicador, el valor de los predios en Colombia creció 1,6 veces en la última década. Se trata de un dato clave porque los porcentajes decretados, entre el 3 y el 5 por ciento anual para el alza del impuesto predial, se aplican a valores cada vez mayores de los inmuebles, porque se “actualizan” para acercarlos al precio comercial.

Hay ejemplos emblemáticos en Bogotá, cuando el entonces secretario de Hacienda y hoy ministro Bonilla (en ambos casos con Petro) disparó el recaudo por el mecanismo del reavalúo. Las “hazañas” de Bonilla con el predial de la capital de la república entre 2012 y 2015 le permiten al economista Juan P. Fernández demostrar que, en pesos constantes de 2022, creció 12,57 por ciento. Un abuso que dobló el de Peñalosa en el periodo siguiente. Bonilla, adicto a este tributo, va a escalarlo en toda Colombia con el catastro multipropósito, principal residuo del Plan de Desarrollo. ¡Alerta!

En Popayán, el Comité Ciudadano denuncia aumentos de los avalúos en un promedio del 300 por ciento y que la metodología “indirecta” usada por el Igac, con ortofotos desde aviones, acrecentó áreas de predios en más de 300 y hasta 600 metros cuadrados. No se respetó pinta, pero, desde luego, el impacto fue más fuerte en los sectores pobres, donde hay cobros confiscatorios.

Popayán es laboratorio del catastro multipropósito para los 984 municipios desactualizados, en el área urbana, y los 918 en el sector rural (Igac, 2019). El Igac habilitó 41 “gestores catastrales”, contratados con recursos del BID y del Banco Mundial, que ya trabajan en 241. ¡Un volcán multipropósito!

La mayor alarma es para el campo. El Conpes 4111 habla de 4.417.738 predios rurales, avaluados en 211 billones de pesos, con valor promedio de 48 millones, y recaudo de 1,11 billones por el predial; es decir, cada uno aporta 252.844 pesos. No obstante, en Cundinamarca, por la “actualización”, en territorios como Quebradanegra, lo que valía 77,3 millones de pesos en 2010 subió a 397 millones en 2023, y en 12 más, donde el proceso concluyó, hay incrementos del 600 y hasta del 1.000 por ciento en zonas agrarias (El Tiempo, 30/3/23).

En el suroeste de Antioquia sí que ruge el volcán multipropósito. En Andes, hay testimonios insólitos como “tres hectáreas de tierra que estaba avaluada en 22 millones de pesos y nos quedó tras la ‘actualización’ en 668” (Conexión Sur, 1/4/23) o una que creció 100 veces, de 7,8 millones a 763 (ver recibo en semana.com). En Támesis, donde hubo protestas recientes, y en más de 30 municipios de ese departamento, la “actualización” alzó en 70 por ciento el valor promedio de 240.000 predios urbanos y 45.000 rurales (El Colombiano, 26/2/23).

En el Gobierno Petro se reencontraron Bonilla y Jorge I. González, director del DNP, otro apasionado por los avalúos para el agro alineados al mercado inmobiliario con fines tributarios. Escribió: “El país no ha aprovechado el potencial fiscal derivado de los impuestos al suelo. La tributación en las zonas rurales es muy baja… y… el avalúo desactualizado” (La República, 6/5/23). Con el Plan de Desarrollo agita el magma.

Hay evidencia de que más que al latifundio –improductivo o de uso inadecuado– son las parcelas laboriosas pequeñas y medianas las que reciben el más doloroso garrotazo y las consecuencias en su rentabilidad serán catastróficas. El método utilizado es antiagrario, pues la valorización, que causa la explotación intensa del predio, castiga la posibilidad de ser productivo.

En Estados Unidos, a contramano, el apoyo fiscal más “significativo”, por encima de cualquier subsidio al campo (que son muchos), es “el impuesto reducido sobre bienes inmuebles agrícolas” y existe la “evaluación del valor de uso”, en el que los tributos sobre la propiedad (léase predial) se basan en su uso agrícola a perpetuidad, un “importante alivio” dice la Ocde (‘Taxation in Agriculture’).Tras el catastro multipropósito, está la avisada reforma tributaria territorial, promovida por la Ocde, que pondrá a los municipios a producir al menos la mitad de sus ingresos, y esa métrica será la base para el nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) con menores transferencias a los entes territoriales para salud y educación.

Del volcán multipropósito, legado del acuerdo de paz de 2016, saldrá la lava de la reforma tributaria regional y del recorte fiscal en el SGP. Por ahora, hay fumarolas, falta lo peor.