Lo advertí durante años en el Congreso, en debates, entrevistas y en las páginas de mi ensayo La democracia en peligro. Muchos ignoraron una verdad que hoy nos estalla en la cara: Colombia no está simplemente eligiendo a un presidente, está librando una batalla por la supervivencia de la democracia liberal.
Esta no será una elección más. Estamos ante una encrucijada donde el destino de nuestra patria pende de un hilo. Es la lucha definitiva entre dos visiones que no pueden convivir: de un lado, los que defendemos la libertad, la propiedad privada y la mano firme de la autoridad legítima para aplicar la ley; del otro, una izquierda voraz que se ha dedicado, con método y paciencia, a demoler los cimientos de nuestra democracia.
Los resultados del domingo pasado nos dejaron ante un escenario que no admite medias tintas: es el momento de decidir si Colombia sigue siendo una nación libre o si nos dejamos doblegar por el proyecto de quienes desprecian nuestras instituciones.
Esta primera vuelta confirmó que el proyecto político de Abelardo de la Espriella logró interpretar el profundo descontento de millones de colombianos que están cansados de la inseguridad, del desgobierno, la politiquería y las falsas promesas. Lo celebro.
Pero lo preocupante ocurrió después del preconteo. Las denuncias lanzadas por Petro sin pruebas, el intento sistemático de desacreditar a la Registraduría y la construcción deliberada de un ambiente de desconfianza son piezas de una estrategia peligrosa que viene utilizando desde hace meses en sus redes y discursos. Es una maniobra orientada a generar tensión para desconocer la nueva realidad política en caso de no favorecer sus intereses.
Ahora bien, los resultados electorales nos dejan una conclusión irrefutable sobre el terreno: donde se concentran las economías ilícitas, la institucionalidad fue desplazada. La llamada ‘paz total’ no ha sido más que la entrega de territorios a los bandidos del ‘pacto de La Picota’, derivando en un desmantelamiento sistemático de la seguridad.
Las cifras no mienten: pasamos de 230.000 hectáreas de coca en 2022 a superar las 300.000 durante este gobierno; en lo que va corrido de este año ya registramos 60 masacres, sumando un total de 339 desde el inicio de esta administración; y la expansión criminal se ha consolidado con la operación de cinco macroestructuras (GAO) y cerca de 200 bandas locales (GDO) que controlan las economías ilícitas y periferias urbanas.
Este vacío de autoridad ha alimentado una maquinaria de terror sin precedentes: solo entre el 24 y el 30 de abril, vivimos el horror en Cauca, Valle y Nariño con acciones que incluyen drones, cilindros bomba y vehículos cargados de explosivos, una realidad que se suma a un ciclo de violencia sistemática que no cesa.
La situación es de extrema gravedad: mientras la capacidad operativa del Estado se diluye totalmente, las organizaciones criminales expanden su ‘nómina’ de combatientes. Es una guerra contra el pueblo, financiada por economías ilícitas que, como la coca y la minería ilegal, han tenido un crecimiento desbordado.
¡Las consecuencias están a la vista de todos y son escalofriantes! Basta con observar el mapa electoral para confirmar nuestra peor pesadilla: allí donde el Estado se ha replegado, dejando el espacio libre para que los criminales impongan su voluntad, es donde, ‘curiosamente’, la izquierda ha obtenido sus resultados más aplastantes.
No es casualidad que Iván Cepeda haya logrado el 100 por ciento de los votos en numerosas mesas situadas en departamentos con alta presencia de terroristas y narcotráfico. Es la evidencia irrefutable de años de una permisividad desmedida.
La geopolítica del miedo avanza cuando la autoridad retrocede. Lo que estamos viendo forma parte de una narrativa que ya arruinó a Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Cambian los nombres, pero la hoja de ruta es la misma: utilizar la democracia para vaciarla desde adentro y perpetuarse en el poder.
Nuestros vecinos –Argentina, Ecuador, Chile– han empezado a desmontar modelos que destruyeron economías, empobrecieron sociedades, sometieron a millones de ciudadanos y ahora están en la tarea de corregir los errores que dejaron décadas de socialismo.
Si las instituciones no se blindan frente a este libreto, el destino de Colombia podría seguir los pasos de la inestabilidad que hoy acecha a Bolivia o Chile, donde el objetivo final es siempre el mismo: el asalto al poder para consolidar regímenes que desprecian la libertad.
En este esfuerzo nos amparamos en la doctrina del ‘Escudo de las Américas’, una visión compartida de seguridad y libertad impulsada por el presidente Donald Trump. Su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, junto a la consolidación de este frente hemisférico, nos brinda la hoja de ruta y la legitimidad indispensables para recuperar nuestra soberanía, restaurar el orden que hoy nos urge y rescatar, de una vez por todas, la dignidad de nuestra patria.
Por eso, el próximo 21 de junio no estaremos escogiendo simplemente entre dos nombres. Estaremos decidiendo si permitimos que los criminales sigan condicionando la ley o si rescatamos la dignidad de nuestra nación.
La historia nos está observando. O actuamos ahora con firmeza o seremos responsables de ver cómo se apaga la luz de nuestra democracia.