La elección que se aproxima no solo definirá un nombre en la Casa de Nariño, sino también el rumbo institucional de Colombia. Por ello, resulta inaceptable que el país siga sin conocer, con claridad meridiana, la posición del candidato oficialista sobre asuntos tan sensibles como la seguridad, la paz total, el orden público y el uso de la inteligencia estatal en medio de la contienda electoral.
A menos de dos meses de la primera vuelta, en la que la nación definirá el rumbo de su futuro presidencial, las campañas han intensificado su actividad proselitista en medio de un ambiente profundamente enrarecido por los graves escándalos que rodean al actual gobierno y por los señalamientos lanzados desde la propia Casa de Nariño contra algunos candidatos.
En este contexto, no deja de llamar poderosamente la atención la actitud del señor presidente de la República, quien, en lugar de preservar la neutralidad que exige la majestad de su investidura, da la impresión de asumir un papel cercano al de jefe de debate del candidato de la izquierda. Esta percepción se acentúa aún más cuando dicho aspirante, pese a liderar todas las encuestas, ha manifestado de manera reiterada su falta de interés en participar en debates públicos sobre asuntos de la mayor trascendencia nacional, privando al país de conocer con claridad su posición frente a temas esenciales.
Y no se trata de una elección menor. Lo que está en juego en la próxima contienda no es poca cosa: se trata, nada más y nada menos, de decidir si Colombia continuará por la senda del actual modelo de gobierno o si optará por un viraje de fondo en materias tan sensibles como la seguridad nacional, el modelo económico, la sostenibilidad del sistema de salud y la estabilidad institucional. Son asuntos que no admiten ambigüedades ni silencios calculados.
Mientras tanto, los dos principales candidatos de la oposición, la doctora Paloma Valencia y el doctor Abelardo de la Espriella, han venido exponiendo abiertamente sus planes, propuestas y puntos de vista frente a estos asuntos neurálgicos, sometiéndose al escrutinio público y al contraste democrático de ideas. En contraste, el candidato de la izquierda insiste en no asistir a ningún debate, limitando su presencia a apariciones en tarimas y escenarios cuidadosamente controlados, donde predominan discursos generales y consignas políticas, sin ofrecer respuestas concretas sobre los desafíos estructurales que enfrenta la nación. Su intervención pública parece concentrarse más en reiterar acusaciones contra el doctor Álvaro Uribe Vélez que en fijar con claridad su posición frente a los temas de fondo que hoy preocupan al país.
Por otra parte, el presidente de la República parece empeñado en desempeñar un rol protagónico dentro de la campaña, generando de manera permanente polémicas que desvían la atención mediática hacia su figura. Sus señalamientos abiertos contra candidatos de la derecha, especialmente en asuntos particularmente sensibles, no solo elevan la polarización, sino que resultan difíciles de conciliar con la responsabilidad institucional y la prudencia que demanda su cargo.
Uno de los hechos más graves de esta coyuntura es la afirmación hecha por el propio presidente al señalar, con base en supuesta información de inteligencia, una presunta cercanía del doctor Abelardo de la Espriella con Thomas Greg & Sons, insinuando una posible incidencia en los próximos resultados electorales. La situación adquiere una dimensión aún más delicada al conocerse que la Fiscalía General de la Nación informó que, tras revisar más de 13.000 interceptaciones legales, no encontró evidencia alguna que respaldara dicha afirmación, lo que plantea una pregunta obligada: ¿cuál es el origen de esa información y se están utilizando organismos de inteligencia del Estado por fuera del marco legal?
A ello se suma otro asunto de la mayor gravedad: la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales de alta peligrosidad en el marco de la paz total, medida que posteriormente fue corregida de manera parcial por la propia fiscal general al reactivar 16 de esas órdenes ante evidentes inconsistencias jurídicas. El escándalo se profundiza aún más al conocerse imágenes del denominado parrandón vallenato en la cárcel de Itagüí, hecho que envía, una vez más, un pésimo mensaje al país y, de manera especial, a las víctimas, al proyectar una preocupante sensación de permisividad frente a quienes han causado grave daño a la sociedad.
En paralelo, persisten las alertas de la Misión de Observación Electoral sobre municipios donde continúan la presión armada, el constreñimiento al elector y el control territorial por parte de grupos ilegales, algunos de los cuales, en distintas coyunturas, han expresado posiciones coincidentes o respaldo político al denominado gobierno del cambio. A ello se suma la grave denuncia formulada por el candidato presidencial Roy Barreras, quien advirtió que los beneficios otorgados a cabecillas criminales podrían estar orientados a incidir, bajo coacción territorial, en la votación a favor del candidato oficialista. En estos escenarios, la libertad del voto puede verse seriamente comprometida. La convergencia de estos hechos proyecta un manto de duda que el país necesita esclarecer con absoluta transparencia para preservar la legitimidad del proceso democrático.
Frente a estos asuntos, resulta indispensable que sea el candidato del oficialismo, hoy líder en las encuestas, y no el presidente de la República, quien se pronuncie de manera directa y sin ambigüedades. El país tiene derecho a conocer, de su propia voz, cuál es su posición sobre temas decisivos como el orden público, la política de seguridad y la continuidad, o eventual rectificación, del proceso de paz total en un eventual gobierno suyo.
Su silencio no se compadece con la gravedad de la coyuntura nacional ni con las incertidumbres que hoy afectan la estabilidad institucional y la seguridad del país. Colombia no necesita evasivas ni discursos preparados; exige definiciones claras, posiciones propias y respuestas concretas sobre decisiones que comprometen su futuro inmediato. Este es, sin duda, el momento de hacer un llamado sereno, pero firme a los ciudadanos indecisos y al voto de opinión para que no pasen por alto un asunto de la mayor trascendencia. Lo que está en juego no es simplemente una candidatura, sino el rumbo político, institucional y democrático de Colombia en los próximos años.