El oscuro final de las telcos públicas

Para nadie es un secreto que el desempeño del sector de las telecomunicaciones en Colombia, en los últimos veinte años, ha sido una pesadilla para el Estado colombiano como inversionista. Como accionista en Colombia Telecomunicaciones, heredera de la difunta Telecom que es hoy socio de Telefónica de España, el Estado no solo no ha recibido dividendo alguno de la empresa, sino que, con el tiempo, tuvo que responder por el pasivo pensional de los trabajadores que sumó más de ocho billones de pesos, cifra que a valor de hoy es aún superior. Más de medio Reficar.

Paralelamente, en un fallo en el que la calidad de la defensa ejercida por el Estado y de aquellos exfuncionarios públicos que declararon en el proceso de arbitraje de la Ciadi queda en entredicho, Colombia tendrá que devolver 380 millones de dólares que la empresa le había pagado a la nación por sus activos adscritos a su concesión de telefonía móvil, más intereses. Un pésimo final en el que el Gobierno perdió los activos que, según el contrato y el marco legal vigente al momento de su firma, le revertían al final de la concesión en 2014 bajo el ministerio de Diego Molano.

Las cuentas del paso de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones dejan al país con el valor remanente de un billón de pesos que Millicom, socia hoy de EPM en UNE, ofrece por esa participación estatal en Colombia Telecomunicaciones. Hay que resaltar que la caja operativa generada por la empresa, sólo en 2013, fue superior a esa cifra: un desempeño financiero, consecuencia de múltiples factores entre los cuales la administración de la compañía por la española y la incapacidad de los gobiernos de turno en evitar estar expuestos a los grandes riesgos de la operación de la compañía, fueron definitivos.

Paralelamente, si en Colombia llueve, en Bogotá no escampa. La ETB, que nunca logró consolidar un proceso de venta o de consecución de aliado estratégico por las presiones de un sindicato todopoderoso, sufre hoy por las malas decisiones administrativas tomadas en el pasado y reportó, a septiembre, pérdidas de más de 120 mil millones de pesos, a pesar de que contabiliza, curiosamente, 80 mil millones de pesos, resultantes de la venta de cobre proveniente del desmantelamiento de su red, como ingreso en sus estados financieros.

Entre las decisiones cuestionables de la ETB estuvo el despliegue masivo de fibra realizado durante la alcaldía Petro, que si bien sonaba atractivo, nunca tuvo retornos financieros apropiados por la incapacidad de la compañía de cumplir con los supuestos de un negocio poco realizable desde su concepción. Paralelamente, su aventura en el mercado de móviles, en que se alió con sus competidores para desplegar la red, se convirtió en la segunda iniciativa fallida y financieramente negativa durante el mandato del actual presidente de la República como burgomaestre de Bogotá y presidente de la junta directiva de la ETB.

Después de un período de sensatez en la alcaldía de Peñalosa, en la que la ETB contuvo sus gastos, la empresa recibió su estocada final durante la alcaldía de Claudia López. Su discutible negociación de los pleitos por cargos de acceso con Telefónica y su incursión en el negocio de Centros Poblados, a todas luces deficitario para la operadora, son hoy causantes adicionales de su predecible descalabro financiero.

El alcalde Galán, después de un año de mantener la misma administración de su predecesora en la compañía, ha decidido, finalmente, actualizar la junta directiva de la ETB y nombrar su nuevo presidente, el exministro de comunicaciones Diego Molano. Deseándole éxitos en la difícil gestión a la cual se enfrenta a partir del próximo año, los bogotanos estamos convencidos de que su gerencia estará comprometida con sus accionistas y que su paso como funcionario de la operadora española no será más que un periódico de ayer. Buenos vientos y buena mar.