El mes de julio de 2026 es un periodo de gran impacto para el derecho laboral en Colombia debido a la convergencia de dos cambios normativos clave. En primer lugar, la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, vigente desde el 15 de julio. En segundo lugar, el incremento del recargo por trabajo en domingos y festivos, que pasó del 80 % al 90 % desde el pasado 1.º de julio.
Sin embargo, el cambio más profundo probablemente no surgió del Congreso —ni con la ley de reducción de la jornada laboral del gobierno de Duque ni con la reforma del gobierno de Petro—, sino de las altas cortes. Fue allí donde la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SL2600 de 2025, amplió de manera radical la protección del trabajador prepensionado.
La decisión marca un punto de inflexión en el derecho laboral colombiano porque transforma el fundamento mismo de la estabilidad laboral reforzada o fuero de protección para quienes están a punto de pensionarse (prepensionados), bien sea porque les falta completar sus semanas o ahorro, o porque —tras haberlos completado— están a punto de cumplir la edad pensional. Esta figura de protección es una garantía constitucional y legal que impide que ciertos trabajadores en condiciones de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, prepensionados o personas con problemas de salud) sean despedidos o vean desmejoradas sus condiciones de trabajo de manera arbitraria, por ejemplo, con una reducción de salario.
Bajo los postulados de la Sentencia SU-003 de 2018 de la Corte Constitucional, imperaba un criterio restrictivo de la estabilidad laboral reforzada. Dicha tesis excluía del fuero de prepensión a los trabajadores que ya contaran con las semanas o el capital requerido, con el argumento de que la edad, como último requisito, se alcanzaría naturalmente con el paso del tiempo. De este modo, el amparo o la protección se reservaba exclusivamente para quienes necesitaran cotizar semanas o acumular el ahorro restante dentro de los tres años anteriores a la edad de retiro. Bajo esa óptica, un hombre de 59 años con 1.300 semanas o una mujer de 54 años con el ahorro consolidado carecían de protección prepensional, pues se consideraba que ya tenían los requisitos necesarios y solo debían esperar a cumplir la edad requerida.
Con el cambio de 2025, establecido en la Sentencia SL2600, la Corte Suprema de Justicia incluyó en el fuero de protección a quienes ya cuentan con las semanas cotizadas o el ahorro completo. Ante un despido, no protegerlos sería injusto. Aunque la edad pensional les llegará eventualmente, es muy probable que permanezcan desempleados durante los tres años —o el tiempo que les falte— para cumplirla, teniendo en cuenta que en esa etapa de la vida es mucho más difícil reinsertarse en el mercado laboral. La Sala Laboral de la Corte Suprema sostuvo que la protección debía extenderse a todos los trabajadores que estuvieran a tres años o menos de cumplir la edad pensional, incluso si ya tenían acreditadas las semanas o el capital requerido. En términos prácticos, quedarían protegidos los hombres desde los 59 años y las mujeres desde los 54 años.
Este cambio no es simplemente técnico. Es profundamente ideológico y constitucional, pues la Corte dejó de entender al prepensionado como alguien que necesita “completar requisitos” y empezó a considerarlo un sujeto especialmente vulnerable dentro del mercado laboral. Aunque el empleado tenga el ahorro y las semanas, merece protección para no quedar desempleado hasta cumplir la edad.
La sentencia acepta una realidad evidente, pero pocas veces reconocida: la discriminación laboral por edad. En Colombia, un trabajador despedido a los 59 años enfrenta enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Aunque tenga las semanas cotizadas, continúa dependiendo del salario hasta alcanzar la edad requerida para pensionarse.
La Corte, entonces, desplazó el eje del debate al identificar que ya no se trata únicamente del riesgo de perder la pensión, sino del impacto humano y económico que implica perder el empleo en la etapa final de la vida laboral. Así, dio lugar a una protección de la dignidad humana, el mínimo vital, la estabilidad económica, los derechos del adulto mayor, el derecho al trabajo y la prohibición de la discriminación etaria.
La Sentencia SL-2600 de 2025 plantea problemas jurídicos importantes.
Primero, porque se aparta de la línea previamente unificada por la Corte Constitucional. Segundo, porque amplía significativamente la estabilidad laboral reforzada sin una ley expresa que así lo establezca. Y tercero, porque genera interrogantes económicos relevantes:
- ¿Puede aumentar el temor empresarial a contratar personas cercanas a la edad pensional?
- ¿Podrían surgir despidos preventivos antes de que opere la protección?
- ¿Se incrementará el litigio laboral?
- ¿Terminará existiendo una categoría de trabajadores prácticamente inamovibles?
En este punto, es necesario retomar lo señalado al comienzo: julio de 2026 marca un hito en el derecho laboral colombiano, pues entraron en vigor dos de los cambios más importantes de los últimos años.
En primer lugar, culminó la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, por lo que la jornada máxima legal quedó definitivamente establecida en 42 horas semanales, sin disminución del salario de los trabajadores. Este cambio obliga a las empresas a reorganizar turnos, ajustar la distribución de la jornada y recalcular el valor de la hora ordinaria y de las horas extras.
Adicionalmente, en desarrollo de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral), desde el 1.º de julio de 2026 el recargo por trabajo en domingos y festivos aumentó del 80 % al 90 %, como parte del esquema de incremento gradual que culminará en 2027 con un recargo del 100 %. Esta medida representa un incremento significativo en los costos laborales para sectores cuya operación depende del trabajo continuo, como el comercio, la hotelería, la gastronomía, la salud, el transporte y la seguridad privada.
Tampoco puede ignorarse la controversia política sobre la reducción de la jornada laboral. Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante la entrevista entre Petro y el streamer Westcol. En esa conversación, Petro sugirió que la reducción de la jornada laboral hacía parte de sus grandes logros en esta materia. Sin embargo, posteriormente Álvaro Uribe Vélez respondió que dicha reducción no había sido impulsada por Petro, sino por el Centro Democrático, pues la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 42 horas fue aprobada mediante la Ley 2101 de 2021, promovida durante el gobierno de Iván Duque y respaldada por sectores del Centro Democrático.
La controversia evidenció cómo el debate laboral colombiano dejó de ser exclusivamente técnico para convertirse también en una disputa narrativa y política sobre quién representa realmente los derechos de los trabajadores. Paradójicamente, una de las medidas laborales más populares de los últimos años terminó por tener su origen en el mismo sector político al que el petrismo acusa históricamente de flexibilizar el trabajo.
Lo ocurrido entre 2023 y 2026 deja una conclusión clara: Colombia se está moviendo hacia un modelo laboral más garantista. Ese cambio no proviene únicamente del Congreso o del Ejecutivo. También surge de las altas cortes, que han comenzado a ampliar de manera progresiva las categorías de estabilidad laboral reforzada.
La Sentencia SL-2600 de 2025 simboliza perfectamente esa transformación. Se trata de una decisión profundamente humana y socialmente comprensible, porque reconoce la vulnerabilidad real de quienes están próximos a pensionarse.
Pero también genera enormes desafíos para la seguridad jurídica, la sostenibilidad empresarial y el equilibrio del mercado laboral.
Hoy, tanto las reformas impulsadas políticamente como la jurisprudencia reciente parecen indicar que Colombia se está inclinando, cada vez más, hacia una visión constitucional y protectora de la relación laboral.
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