Hay una pregunta que deberíamos hacernos los colombianos con urgencia: ¿quién cuida el servicio público en este país? ¿Quién vela porque los cargos del Gobierno los ocupen personas idóneas, con la formación y la experiencia que estos exigen? La respuesta institucional es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Pero, para entender lo que ese organismo representa hoy bajo el Gobierno Petro, hay que recordar quién lo dirigió primero: César Manrique, hoy prófugo de la justicia.
Ese dato no es un detalle anecdótico. Es una declaración de principios. Petro sabía quién era Manrique cuando lo nombró al frente de la entidad encargada, precisamente, de garantizar que el Gobierno colombiano funcione con criterios de mérito, transparencia e idoneidad. Lo sabía, y lo nombró de todas formas. Así de claro quedó, desde el primer año, cuál era la jerarquía de valores de esta administración frente a la institucionalidad.
Lo que vino después no fue improvisación; fue consecuencia.
Desde 2022, el Gobierno ha desmontado de manera sistemática y deliberada los estándares de acceso a los cargos públicos. No en una entidad, no en dos: en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las superintendencias, en el Ministerio de Igualdad, en el Dapre, en el Sena, en el ICBF y en la Anla. El patrón es idéntico en todos los casos: se identifican los requisitos que impiden nombrar a la persona que ya se quiere designar, y se modifican los manuales de funciones para que esa persona pueda ser nombrada. Basta recordar el caso de Juliana Guerrero, amiga íntima del presidente, a quien quiso nombrar viceministra de la Juventud sin cumplir los requisitos del cargo.
Esa es la democratización del servicio público según Petro: ajustar el Gobierno a la medida de sus cercanos. El Gobierno no elige a los mejores. Se adapta a los elegidos.
El caso de Cielo Rusinque no es la excepción. Es el ejemplo más descarado de ese modelo. El Consejo de Estado tumbó su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio por no cumplir los requisitos del cargo. La respuesta del presidente no fue buscar a alguien idóneo. Fue cambiar la norma. Días antes de conocerse el fallo —con el sentido de la decisión ya en la mano— ajustó los requisitos para que Rusinque encajara. No hay manera de leer eso como coincidencia. Es una maniobra deliberada para burlar una decisión judicial.
Y claro que no iba a soltar a su instrumento de persecución. Eso es exactamente en lo que se ha convertido la Superintendencia de Industria y Comercio: según denuncias documentadas, un aparato para intimidar y presionar a empresarios que no se arrodillan ante el Gobierno, que no le rinden pleitesía. Esto es corrupción. Y Rusinque, al parecer, es la persona indicada para administrarla.
El presidente ha intentado encuadrar todo esto como un acto de justicia social: la apertura del servicio público a comunidades históricamente excluidas, a líderes sociales, a afros, a indígenas, a quienes no pudieron costear un posgrado. El argumento sería digno de debate si tuviera alguna correspondencia con la realidad, pero no la tiene.
Primero, porque parte de una premisa falsa y ofensiva: que esas comunidades no cuentan con personas formadas, capaces y brillantes, cuando las hay y, además, han demostrado ser excelentes. Segundo, porque los beneficiarios concretos de cada modificación no son líderes comunitarios de base, son militantes, aliados políticos y amigos del círculo de confianza del presidente. Lo que este Gobierno llama democratización tiene un nombre más antiguo y más preciso: clientelismo.
Lo que está en juego no es un decreto ni un nombramiento. Lo que está en juego es la integridad misma del servicio público colombiano. Los requisitos de los cargos no son formalidades burocráticas, son el mecanismo a través del cual la sociedad se protege del capricho del poder. Garantizan que quien decide sobre medicamentos tenga formación en salud, que quien regula el comercio entienda la economía, que quien representa al país en el exterior pueda —al menos— comunicarse con sus interlocutores.
Cuando esos estándares se violan, cargo a cargo, decreto a decreto, manual de funciones a manual de funciones, lo que se derrumba no es solo la eficiencia del Gobierno: es su legitimidad.
Petro no está cometiendo errores. Está construyendo un modelo de gobierno donde la norma se dobla ante la lealtad y el mérito es un obstáculo a resolver. Un Gobierno así no sirve a los colombianos. Se sirve de ellos.