El enemigo de la Corte Constitucional

Las dictaduras son la antítesis de la democracia. A los regímenes autoritarios no les gusta cumplir las reglas ni acogerse a los procedimientos. Y, por cínico que parezca, cuando se emiten decisiones judiciales que afectan sus intereses— como consecuencia de su mal proceder—, la autoridad judicial se convierte en víctima de una campaña de deslegitimación, orquestada y dirigida desde el escalón más alto del poder Ejecutivo.

La Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones dadas por la Constituyente de 1991, estudió entre las más de 140 demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), en particular, la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia.

En su rol de ciudadana colombiana, Valencia busca que se declare inexequible toda la reforma debido a un notorio vicio de inconstitucionalidad: la violación al principio de consecutividad. Es decir, el texto fue aprobado sin seguir el procedimiento constitucional, afectando, entre otros aspectos, el principio deliberativo, que exige que ambas cámaras tengan la oportunidad de discutir íntegra y argumentadamente los proyectos de ley sometidos a su estudio.

Como resultado de la primera parte del estudio de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional, la opinión pública conoció que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente de la acción presentada por la senadora Paloma Valencia, presentó ante la Sala Plena de la Corporación un proyecto de fallo que declara la reforma pensional inconstitucional por vicios de procedimiento.

Conocida la información, la reacción del presidente no se hizo esperar. De forma casi inmediata se emprendió un inmisericorde y descarnado ataque en contra de la corte, liderado por el otrora ideólogo de la Primera Línea Gustavo Bolívar, quien hizo gala de la intimidación frente a la eventual decisión de la Corte prometiendo una vez más “salir a las calles” a vandalizar y aterrorizar a la ciudadanía para defender su sesgo ideológico.

Los jóvenes en Colombia no pueden ceder ante semejante ignominia. Una vez más, el Ejecutivo pretende instrumentalizarlos para incendiar al país por una causa sin razón, base, ni fundamento. Paradójicamente, este mismo gobierno traicionó la ilusión de estos jóvenes pues, debido a las recurrentes torpezas del presidente, se eliminó el subsidio del Icetex, lo que disparará las cuotas de los créditos educativos hasta en un 87 %.

Pese a lo conflictivo del escenario, el presidente Petro, en un intento desesperado por contrarrestar los efectos de la ponencia negativa, presentó una solicitud ante la Corte Constitucional buscando la realización de una audiencia pública. Esta petición, además de improcedente, busca interferir indebidamente en la ponencia del magistrado Ibáñez y, en general, en la decisión autónoma que debe tomar la corte. De acuerdo con el Decreto 2067 de 1991, las audiencias públicas potestativas (a criterio de la corte) pueden realizarse antes de la ponencia, pero no después. Esto deja en evidencia la deslealtad y la intromisión del Ejecutivo en asuntos que no le corresponden.

Fruto de lo anterior y de lo enrarecido del panorama, el presidente de la Corte Constitucional y ponente del proyecto prefirió cortésmente declinar la invitación que para el día viernes pasado hizo el presidente Petro, en el Palacio de Nariño a los presidentes de las altas corporaciones judiciales. Lo anterior, a efectos de evitar suspicacias que se puedan originar por la decisión que la alta corporación debe tomar en estos días. La respuesta de Petro fue inmediata: en una de sus alocuciones— cada vez menos coherentes— descalificó los argumentos de los demandantes, tildándolos de meros “filibusterismos”. Según el mandatario de izquierda: “El sabotaje de la oposición a las reformas presentadas por el gobierno no ha sido argumentativo, sino puro y simple filibusterismo, una práctica parlamentaria de obstrucción que ojalá, la Corte Constitucional no legitime porque acabaría con la función del Congreso y lo degradaría [sic]”.

Finalmente, la decisión será adoptada por ocho de los nueve magistrados que integran la Corte por razón de que la magistrada Fajardo, de 61 años, logró un traslado expreso a Colpensiones. Por este motivo, presentó un impedimento que la Sala Plena aceptaría.

Para el presidente, la reforma pensional se ha convertido en un punto de honor, una batalla que pretende ganar a cualquier costo. Lo reprochable es que, en el camino que transita hacia ese objetivo, ha deshonrado el papel de la Corte Constitucional y la ha sometido a un chantaje para que le apruebe su irregular iniciativa.

Presidente, el fin no justifica los medios. Los procedimientos se respetan. No pretenda pisotear el rol que la Constitución le asigna como símbolo de la unidad nacional. Respete el equilibrio de poderes y permita que la rama Judicial —especialmente la Corte Constitucional— cumpla con su mandato de guardar la supremacía e integridad de nuestra Carta Magna que, al parecer, usted pretende desconocer.