Era un domingo cualquiera en Villavicencio. Jugaba fútbol con algunos amigos de infancia en el barrio donde crecí, El Caudal. A un par de cuadras, ocho hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a mi padre. Ocurrió en 2004, cuando yo tenía seis años y mi hermana apenas once. La muerte no es del todo comprensible cuando se es niño. Ese dolor es insondable. En mi caso, solo se volvió tolerable con el tiempo. Mañana él cumpliría 60 años.
Mi papá fue un constructor, un empresario empírico que había logrado posicionarse en el sector. Lo mataron por negarse a pagar las extorsiones que le exigían para desarrollar sus proyectos de construcción. Su asesinato no fue solo un crimen, fue un mensaje cuyo objetivo era imponer miedo.
Las agresiones no venían de un solo bando. Antes y después de su homicidio fuimos víctimas de extorsiones por parte de las FARC y de las AUC.
A diferencia de las Farc, que cobraban “vacunas” en territorios apartados, los paramilitares tuvieron una cómoda presencia urbana. Fueron tolerados incluso por algunos dirigentes políticos de la región. Llegaban a amenazarnos hasta las oficinas de la empresa, justo al lado de la Gobernación del Meta.
Años más tarde, el Estado me reconocería formalmente como víctima del conflicto armado. Ese término nunca me ha convencido. Creo que reduce a quienes han sufrido la violencia a una condición pasiva, revictimizándolos, cuando en realidad han sido quienes avanzan sin mirar atrás.
Para mí ese proceso empezó en casa, en una familia que, a pesar de haber perdido un padre, un hijo, un esposo y un hermano, decidió no estancarse en el dolor, sino seguir adelante, construyendo país desde la empresa, la educación y el trabajo. De ellos aprendí un principio fundamental de los colombianos, la resiliencia.
Juntos concluimos que no necesitamos que alguien nos pida disculpas por sus atrocidades, ni hemos buscado culpables políticos ni recurrido a sentimientos de venganza. Avanzamos, con heridas, pero con la convicción de que algún día lo que nos pasó será la excepción y no la regla.
En Colombia, cerca de 10 millones de personas han sido víctimas directas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. Si se incluyen sus entornos, más de la mitad del país ha sido afectada. Es difícil que un colombiano no conozca al menos a una, ya sea de homicidio, secuestro, extorsión, violencia sexual, desplazamiento u otros vejámenes.
Conociendo la violencia de primera mano, considero preocupante en qué se ha convertido el debate público. Haber sufrido la violencia no da derecho a instrumentalizarla. Estructurar una campaña en torno a esa gran población es electoralmente rentable, pero sin garantías de no repetición, termina siendo un engaño.
Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre cómo enfrentaría a las organizaciones armadas mientras desarrolla sus diálogos de paz, pero ha optado por convertir el dolor de las víctimas en una herramienta política. En particular, apunta a quienes han sido vulnerados por el paramilitarismo y por el Estado, del cual él y Aída Quilcué son víctimas. Apela a generar resentimiento, simplifica el conflicto a una supuesta opresión histórica y sustituye el diseño de soluciones basadas en evidencia por narrativas ambiguas.
Dicha estrategia necesita un antagonista, y durante años ha sido Álvaro Uribe Vélez. Por eso, Uribe debería evitar figurar de forma protagónica en la campaña de Paloma Valencia, al menos cuando Cepeda instala ese debate. Cada vez que entra en la confrontación, especialmente al insistir en referencias a su hermano, condenado por vínculos con el paramilitarismo, termina dándole a Cepeda la munición política que necesita para reforzar su narrativa. Lo que debería ser una discusión sobre seguridad termina desplazándose hacia disputas personales, estériles frente a lo que realmente importa.
Cepeda es coautor de la “Paz Total” y, aunque hoy intente deslindarse de sus resultados, sus fallas responden a un supuesto central en el que él participó: prescindir del uso legítimo de la fuerza del Estado frente a múltiples actores armados bajo la premisa de que no cometerían crímenes mientras negociaban su desmovilización, una apuesta, como mínimo, ingenua.
Esa política pública nunca tuvo un enfoque sólido. Careció de una teoría del cambio explícita, no tuvo indicadores de resultado e impacto, ni un sistema de monitoreo que permitiera hacer ajustes oportunos. Tampoco definió incentivos claros para el desmantelamiento efectivo de las estructuras armadas ni logró una articulación institucional robusta. En otras palabras, se implementó sin capacidad de medir, corregir ni exigir resultados.
Como consecuencia, en múltiples territorios el Estado ha retrocedido, mientras los grupos armados han ampliado su control y consolidado economías ilegales. Según la Fundación Ideas para la Paz, el número de integrantes de organizaciones armadas ha aumentado cerca de un 85 % desde 2022. Es decir, hoy hay casi el doble de combatientes que antes de la Ley 2272 de 2022, que estableció el marco jurídico de la “Paz Total”.
La misma debilidad se repite en el programa de gobierno de Cepeda. El documento habla de “seguridad humana” y víctimas, pero evita mencionar cómo recuperar el control del territorio. No define actores armados ni establece prioridades operativas. En Colombia, donde múltiples estructuras disputan el poder de facto, omitir ese componente es una falla estructural. Sin una estrategia clara de seguridad, cualquier intento de paz es entregar el país.
Su plan promueve la inversión social, indispensable, pero no detiene por sí sola la violencia. Colombia requiere bloquear el flujo de las economías ilícitas y ejercer autoridad donde se ha perdido la soberanía. Eso implica fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, mejorar sus capacidades de inteligencia y consolidar su presencia en las regiones históricamente abandonadas.
La pasividad de la propuesta de Cepeda resulta aún más inquietante luego de que Roy Barreras, quien hizo parte de la coalición del Pacto Histórico, señalara esta semana que algunas estructuras armadas estarían haciendo política en favor de la candidatura de izquierda.
Si es así, la pregunta para Iván Cepeda es imprescindible: ¿cómo puede pretender representar a las víctimas mientras coincide, así sea indirectamente, con quienes han sido sus victimarios?