Si lo piensan, no es nada del otro mundo: poder reparar un producto a un precio razonable y dentro de un plazo razonable, incluso tras el periodo legal de garantía; tener acceso a repuestos, herramientas e información sobre reparaciones y poder usar sin problemas servicios de reparación locales. Sin embargo, el tema del ‘derecho a reparar’ ha sido por años un campo de batalla en el que últimamente, por fin, hemos visto algunas victorias.
Los estados de Iowa y Colorado se han convertido epicentros de esta disputa en EE. UU. En el primero, avanza un proyecto de ley que exigiría a los fabricantes de maquinaria agrícola proporcionar acceso gratuito a software que guie al usuario durante el proceso de reparación para hacer frente a costos de mantenimiento ‘oficial’ que los agricultores describen como “una locura”.
En el segundo se logró la promulgación de una ley que garantiza el derecho a reparar dispositivos electrónicos, incluso frente a una respuesta defensiva por parte de las grandes corporaciones tecnológicas, que ahora intentan modificar el alcance de la normativa mediante la introducción de enmiendas que podrían integrar bloqueos de software y neutralizar su efectividad.
El argumento de la industria se sostiene en la seguridad del usuario y la integridad del producto, sobre la noción de que la vinculación previene el uso de componentes de baja calidad que podrían comprometer la información biométrica o la autonomía energética. Es una interpretación que suena razonable, pero que en la práctica hace que una amplia mayoría de dispositivos sean, hoy por hoy, más fáciles de remplazar que de reparar.
Los defensores del ‘derecho a reparar’, apoyados por organizaciones como el Public Interest Research Group (PIRG), sostienen que estas barreras digitales son en realidad una estrategia de obsolescencia programada. Al impedir que talleres independientes -o los propios usuarios- realicen sustituciones de hardware, los fabricantes retienen un monopolio sobre el servicio técnico que encarece el mantenimiento y reduce la vida útil de los aparatos.
No todos piensan así: Google ha mostrado por años una postura distinta y llegó, incluso, a publicar en 2024 un libro blanco sobre la longevidad de los dispositivos, en el que aboga por un diseño modular y el acceso libre a sistemas de diagnóstico. El compromiso de la compañía con el ‘derecho a reparar’ la ha llevado a apoyar legislación que aumenta el acceso de los consumidores a piezas y manuales de reparación. Los principios clave incluyen promover la longevidad de los dispositivos -en parte por razones de sostenibilidad- y defender la eliminación de restricciones para que piezas comunes puedan ser intervenidas con herramientas comunes.
No es solo teoría. La práctica demuestra que la viabilidad técnica de la reparación no es un obstáculo insuperable, sino una decisión de negocio. Una victoria reciente llegó con el lanzamiento del MacBook Neo, que muchos describen como el portátil más ‘reparable’ de Apple en la última década. Luego de años de baterías pegadas a los marcos de aluminio, RAM soldadas y tornillos propietarios que solo podían aflojarse con herramientas especializadas, este año vimos llegar a las tiendas una MacBook sin pegante, ni cintas, y con tornillos estándar que sujetan una batería que, simplemente, se levanta.
Por supuesto, no escapa a la atención de los expertos que la Neo llega unos meses antes de que se cumpla el plazo fijado para que entre en vigor la Directiva de la UE sobre el ‘derecho a reparar’, que exige a los fabricantes ofrecer acceso a repuestos, manuales de reparación y eliminar obstáculos técnicos o contractuales para la reparación independiente.
La legislación de Colorado prohíbe explícitamente que los fabricantes utilicen la vinculación de partes para impedir la instalación de piezas de repuesto o para mostrar advertencias engañosas que sugieran que el dispositivo ha perdido su garantía por el simple hecho de ser intervenido fuera de la red oficial.
Estas restricciones tienen un impacto económico medible: un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos determinó que las limitaciones a la reparación afectan de manera desproporcionada a las comunidades de menores ingresos, quienes dependen de la extensión del ciclo de vida de sus dispositivos.
Eso, por no hablar del impacto ambiental de la generación de residuos electrónicos, que registra cifras récord.
La ley de Colorado busca replicar un modelo de apertura que es inédito para la industria tecnológica, pero que existe hace décadas en la industria automotriz, al exigir que la documentación técnica y las herramientas de calibración salgan de la burbuja de la marca y estén disponibles para terceros. La resistencia corporativa se enfoca ahora en retrasar la implementación de estas obligaciones o en diluir las sanciones por incumplimiento.
Los fabricantes sostienen que permitir reparaciones externas aumenta el riesgo de ataques físicos a los dispositivos. Argumentan que un tercero podría instalar componentes maliciosos capaces de interceptar datos sensibles. Eso no falta a la verdad, pero expertos en seguridad informática han señalado que el riesgo es marginal en comparación con los beneficios de un mercado de reparación abierto.
Al final, se trata de que los dispositivos que alguien adquiere realmente le pertenezcan. Cuando un usuario compra un producto pero no tiene la capacidad de arreglarlo -o decidir quién lo hace- la naturaleza de esa propiedad se vuelve condicional.
Las leyes estatales en Estados Unidos y las directivas de la Unión Europea están forzando a las empresas a reconsiderar sus procesos de manufactura. El desenlace de la batalla legal en Colorado sentará un precedente para otros estados que consideran medidas similares, como California y Nueva York. La transparencia en la cadena de suministro de piezas y la eliminación de restricciones artificiales de software son los únicos caminos para garantizar que la innovación tecnológica no se traduzca en una acumulación insostenible de desechos y en un control absoluto, y hoy por hoy inadmisible, sobre el ciclo de vida de los productos.