Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se leyeron como un veredicto contra la inteligencia artificial. La lectura es entendible y, aun así, se queda corta. Pregunta quién gana y quién paga, pero se salta la tercera pregunta, la que define el partido: qué pierde Estados Unidos si renuncia a dominar la capacidad central de su época.
Empecemos por darles la razón a los votantes. Los centros de datos pelean el agua con los municipios, presionan las tarifas de energía de condados enteros y, cuando se acaba la obra, dejan unas pocas decenas de empleos fijos. La plata que financia la carrera está en un puñado de empresas y de balances. Y la promesa de prosperidad futura suena hueca para el que se queda sin trabajo hoy. Todo eso es cierto. El problema es la receta que sale de ahí: frenar. Es la única política que garantiza pagar los costos sin cobrar los beneficios.
La historia económica explica por qué. El motor eléctrico entró a las fábricas en la década de 1880 y durante casi cuarenta años no movió la productividad un milímetro: las plantas lo usaban para girar los mismos ejes y correas que antes giraba el vapor. El salto llegó en los años veinte, cuando un motor por máquina permitió rediseñar la fábrica entera. La ganancia nunca estuvo en el motor sino en reorganizar el trabajo a su alrededor. El que juzgó la electricidad por los fogoneros que dejó sin oficio acertó en el dato y se equivocó en la conclusión.
La IA es el motor en 1890. Automatiza tareas cognitivas, incluidas algunas que sirven para inventar nuevas tecnologías; si acelera la investigación, el efecto no se queda en un sector sino que se riega por todos a la vez. Es una hipótesis, no un hecho. Pero el costo de equivocarse es asimétrico: sobreestimarla cuesta plata; subestimarla cuesta décadas.
Y nadie decide solo. Mientras Washington discute si frenar, Pekín pisa el acelerador: cómputo financiado por el Estado, fondos públicos de semiconductores por decenas de miles de millones de dólares y laboratorios que ya sacan modelos abiertos competitivos a una fracción del costo. El plan de acción de IA de la Casa Blanca lo reconoce al meter en un solo documento innovación, infraestructura, exportaciones y seguridad nacional. El que controla chips, cómputo, modelos y energía convierte esa ventaja en poder productivo, militar y de inteligencia.
Aquí la teoría de juegos sirve más que la indignación. Si invertir rinde más tanto cuando el rival invierte como cuando se queda quieto, invertir es la estrategia dominante y el equilibrio es una carrera. Europa es la prueba: reguló primero, con la ley de IA más completa del mundo, y hoy se pregunta, con el informe Draghi en la mano, por qué no tiene un solo laboratorio de frontera. Ese equilibrio puede traer sobreinversión y riesgos compartidos, y eso justifica acuerdos verificables, no abstenciones por cuenta propia. La regla cabe en una frase: la sociedad que decide parar tiene que calcular qué van a hacer sus competidores.
La competencia ya arrancó y no pide permiso. El FBI le atribuyó a Corea del Norte el robo de más de 6.000 millones de dólares a Binance a finales de octubre, y Volt Typhoon, según CISA, NSA y FBI, mantiene acceso a infraestructura estadounidense a la espera de una crisis. Esta semana la junta de Nvidia abrió una investigación independiente sobre Jensen Huang, después de que se supiera que la inteligencia estadounidense identificó a una ejecutiva cercana a él como agente reclutada por China para, según el Times, empujar la venta de chips avanzados a ese país. Cuando una empresa fabrica el insumo de la época, su estrategia comercial es política de seguridad. Y recortar las capacidades propias no le quita las ofensivas a nadie.
Nada de esto es un alegato contra el Estado. La industria produjo más del 90 % de los modelos de frontera de 2025, según el AI Index de Stanford; pero ARPANET nació con plata pública. La división correcta es de funciones: las empresas experimentan y venden; lo público financia ciencia básica, infraestructura, reglas y seguridad, y decide quién se monta al tren. Esa decisión tiene un precio. Los economistas Diego Comin y Bart Hobijn siguieron 15 tecnologías en 166 países durante dos siglos y encontraron que las diferencias en velocidad de adopción explican por lo menos una cuarta parte de la brecha de ingreso entre naciones. Los países ricos no inventan más; adoptan antes. Y la cuenta de cobro del rezago no les llega a las élites, que importan la tecnología de todas maneras, sino a la mayoría.
El empleo merece una cuenta completa. Habrá tareas desplazadas. También hay evidencia en contra: Brynjolfsson, Li y Raymond, de Stanford y el MIT, siguieron a 5.172 trabajadores de atención al cliente y encontraron que la asistencia de IA subió la productividad 15 % en promedio, y más entre los menos experimentados. No garantiza un saldo positivo en toda la economía; demuestra que la herramienta puede nivelar hacia arriba si se aprende a usarla.
La objeción energética es la más seria y tiene solución, aunque no sale gratis. El que construye una gran carga debe pagar la generación, la transmisión y el respaldo que necesita; la FERC, el regulador eléctrico federal, abrió en junio un proceso para impedir que ese costo se les traslade a los demás usuarios. Las microredes con generación local son viables, pero la IEA advierte que dar confiabilidad con gas local puede exigir sobredimensionar la capacidad entre un 30 % y un 70 %. Si la empresa se queda con el beneficio y la comunidad paga el costo, oponerse es racional. La aceptación se gana repartiendo, no prometiendo.
El malestar de las urnas es real, y la respuesta no es frenar, sino repartir capacidad: trabajadores que sepan usar la herramienta, pequeñas empresas que puedan adoptarla, energía suficiente, redes protegidas. Riqueza para quién es la pregunta correcta; frenar es contar fogoneros, y el pato lo paga la misma mayoría que hoy protesta.