Gustavo Petro construyó durante años un discurso alrededor de la defensa del medio ambiente. Sin embargo, después de cuatro años de gobierno, Colombia no solo quedó inundada de cultivos de coca, sino con organizaciones criminales fortalecidas alrededor de otro negocio devastador: la extracción ilícita de minerales.
Hace algunos días estuve en El Bagre, Antioquia, y el panorama es desolador. En el río Nechí, entre los municipios de El Bagre y Nechí, hoy se observan cerca de 200 dragas asociadas a esta actividad. Si una de estas enormes máquinas puede costar alrededor de dos millones de dólares, estaríamos hablando de maquinaria por cientos de millones de dólares operando sobre nuestros ríos.
Y entonces surge una pregunta elemental: ¿tiene un pequeño o mediano minero semejante capacidad económica?
Claramente, debemos diferenciar al pequeño minero que busca formalizarse y trabajar dentro de la legalidad de las estructuras criminales que cuentan con maquinaria, capital y capacidad logística para destruir enormes extensiones de nuestro territorio. Lo que está sucediendo en el Bajo Cauca antioqueño es una tragedia ambiental y de seguridad que Colombia no puede seguir normalizando.
A esto se sumó una decisión que considero profundamente equivocada: durante el gobierno Petro, se puso fin a la delegación de funciones de autoridad minera que Antioquia ejerció durante más de dos décadas. Desde enero de 2024, la Agencia Nacional de Minería reasumió competencias relacionadas con titulación y fiscalización que anteriormente ejercía el departamento.
Mientras, se centralizaban nuevamente esas funciones, la extracción ilícita avanzaba.
Las cifras muestran una preocupante ruptura de tendencia. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2022 Colombia registró 94.733 hectáreas con evidencia de extracción de oro de aluvión. Para 2023, la cifra aumentó hasta 105.060 hectáreas, un crecimiento cercano al 11 %. Lo más grave es que el 76 % fue clasificado como extracción ilícita no autorizada.
Antioquia es uno de los epicentros de esta tragedia. La medición de 2023 mostró una fuerte expansión de la explotación de oro de aluvión en municipios del Bajo Cauca como El Bagre, Cáceres y Zaragoza.
Y desde entonces tenemos otro problema, el rezago de la información. Los datos oficiales disponibles no permiten conocer con la misma precisión qué ocurrió posteriormente. Pero basta recorrer el territorio para comprender la dimensión del desafío. En septiembre realicé un recorrido aéreo por el Bajo Cauca y pude observar extensas áreas afectadas y una enorme presencia de dragas sobre el río Nechí.
Eso no es ambientalismo. Eso es pérdida de control territorial, para quedar en manos de guerrillas y narcotraficantes.
El problema también aparece cuando seguimos la ruta del oro. Mientras la explotación ilícita ocupa enormes extensiones del territorio, la producción aurífera asociada al pago de regalías ha mostrado retrocesos. Colombia necesita saber cuánto oro realmente está produciendo, cuánto se comercializa legalmente, cuánto paga regalías y cuánto termina alimentando las finanzas de organizaciones criminales.
Porque cada gramo de oro que sale ilegalmente representa mucho más que un recurso que deja de tributar. Significa menos regalías para vías, agua potable, educación, salud y desarrollo en los propios municipios mineros. Y significa también más recursos disponibles para financiar estructuras criminales.
La paradoja resulta indignante: regiones inmensamente ricas en oro continúan teniendo comunidades profundamente pobres.
Por eso necesitamos una política completamente diferente. Al minero legal hay que protegerlo; al pequeño y mediano minero que quiere trabajar dentro de la ley debemos ofrecerle una ruta rápida y seria de formalización; al empresario que cumple las normas debemos darle seguridad jurídica. Pero contra las estructuras criminales dedicadas a la extracción ilícita necesitamos toda la capacidad institucional del Estado.
La explotación ilícita de minerales debe ser entendida como una de las grandes economías criminales del país y combatida con la misma prioridad institucional con la que Colombia enfrenta otras fuentes de financiación de las organizaciones armadas ilegales. También debemos fortalecer la cooperación internacional para atacar las finanzas, las cadenas de comercialización y el lavado de activos asociados al oro ilegal.
Y existe una batalla adicional que no podemos olvidar: recuperar nuestros ríos, bosques y ecosistemas destruidos.
El verdadero ambientalismo no consiste en pronunciar discursos internacionales mientras las organizaciones criminales contaminan los ríos, destruyen bosques y convierten el oro ilegal en combustible para la violencia. Se demuestra ejerciendo autoridad, protegiendo los recursos naturales, formalizando a quienes quieren trabajar legalmente y persiguiendo a quienes hacen fortunas destruyendo el territorio.
Petro quiso presentarse como el gran ambientalista de Colombia. Los resultados de su gobierno merecen ser confrontados con lo que ocurrió sobre el terreno.
Porque quien permite que los criminales destruyan nuestros ríos mientras habla de salvar el planeta tendrá que responder ante Colombia por semejante contradicción.