Desarrollo insostenible

Ironía o locura. En medio de la depredación más brutal de ecosistemas por cuenta de la siembra de la coca, la marihuana y la minería ilegal de todo tipo, el Estado colombiano, en su ineficacia y falta de gobernanza proverbial — esa que deja la mitad del territorio en manos de los violentos, entrega el futuro de nuestros niños a un sindicato sinvergüenza como Fecode o es incapaz de proveer justicia a quienes la demandan—, ha encontrado la suficiente energía, motivación y capacidad ejecutiva para poner en duda, a un mismo tiempo, el futuro energético y el productivo de toda la Nación.

Hoy, como nunca antes en mi vida adulta, se ha puesto en marcha un conjunto de factores estructurales que no solo darán al traste con las escasas oportunidades de abandonar el subdesarrollo, sino que, de manera segura y dramática, nos llevarán de vuelta a altos niveles de pobreza y, con ellos, se agravarán, sin lugar a dudas, los factores más agudos y masivos de daño ambiental.

Parafraseando a Churchill, nunca tantos les deberemos tantas desgracias a tan pocos.

Más de tres décadas de ambientalismo activista e institucional, desarrollado en medio de la ignorancia, la obsesión regulatoria y el secuestro político e ideológico de la agenda ambiental por parte de la izquierda radical y las guerrillas, nos dejan hoy en una catástrofe energética y en una crisis de desarrollo que, con suerte, tomará más de una década reversar. Y ello si el país logra— en un milagro metafísico— superar la agenda ideológica, los prejuicios baratos de gran parte de nuestro liderazgo, los oportunismos ambientales y las montañas de publicidad del fin del mundo con las que hemos contaminado la mente de nuestros conciudadanos.

El Plan Energético Nacional está poco menos que suspendido por la interferencia en todos los frentes del Ministerio del Medio Ambiente y de la Anla, aparejada con las injerencias politiqueras y corruptas de las Corporaciones Autónomas Regionales.

La conquista por parte de las Farc del Ministerio de Minas y Energía, un logro estructural en los objetivos de largo plazo de la izquierda subversiva para acabar con la democracia y el libre mercado en el país, se ha sumado como catalizador de última generación al desastre energético en curso.

La pérdida de los últimos contrapesos institucionales en el Ministerio de Minas y Energía, frente a la obsesión destructora de Susana Muhamad y sus cohortes de reguladores e interventores, aseguró que las decisiones de urgencia que pudieron mitigar la crisis no se tomaran.

No voy a excusar aquí la connivencia, en las fronteras de la corrupción, de la institucionalidad minero-energética, que redujo a un mínimo las subastas de cargo por confiabilidad, aceptando los compromisos de simple postulación sin asegurarse de la eficacia de los mismos, y que llevó el país a construir un oligopolio de generadores, principalmente públicos. Tampoco se puede excusar la obcecación ridícula e igualmente sospechosa, con el famoso ‘Camino a cero’ que glorificó la expansión y dominancia inviable de las fuentes no convencionales de energías renovables, cuyo fracaso hoy coloca al sistema en riesgo de apagón, pero que permitió tanta especulación y negociado.

Pero la perversidad y autismo del apparatchik ambiental son los verdaderos causantes del derrumbe de la autosostenibilidad energética del país. Entronizados en la opinión pública, santificados por falsos avales académicos, creadores de mentiras, mitos y leyendas ambientales, profetas del fin del mundo y utilitaristas del contrato, la nómina y la consultoría, estos frenéticos y religiosos activistas han pelechado y subsistido de las mieles de la burocracia, el Estado y la cooperación internacional, especializándose en crear e implementar todo tipo de absurdas barreras regulatorias, objeciones pseudocientíficas, dudas metafísicas o movimientos comunitarios inducidos.

Con ello, han logrado sumarse a la violencia y la inseguridad jurídica para frenar la mayoría de las iniciativas de expansión de la red de transmisión eléctrica y de nuevas iniciativas de generación.

Lograron acabar la viabilidad de nuestro modo de generación más poderoso, prolífico y benéfico con el medio ambiente, como lo es la generación hídrica, convirtiéndolo en tóxico con base en mitologías y empoderamiento suicida de comunidades.

Han frenado la ampliación de la frontera de hidrocarburos, haciendo antieconómico e incierto el desarrollo de la exploración. A punta de mentiras, presiones y escándalos, impidieron que el país entrara a probar siquiera el fracking, una tecnología probada y aceptada por décadas en los países más radicales ambientalmente, construyendo una barrera de acciones judiciales y políticas que impiden aprovechar nuestras reservas y propiciando la necesidad de aumentar la importación de gas, que golpea el bolsillo de millones de colombianos y hace incierto el suministro de este energético favorito de los hogares.

Y sigue la maldición ambientalista haciendo males. Propicia la minería informal e ilegal, a la vez que impide el desarrollo de la minería organizada, privándonos del acceso a metales y minerales estratégicos y sus providenciales rentas. Impide por todos los medios el desarrollo de la agricultura a gran escala y mantiene como un sueño iluso la posibilidad de habilitar 13,5 millones de hectáreas ociosas o subutilizadas en la altillanura de la Orinoquía.

La promesa constitucional del desarrollo sostenible, que era razonable, viable y ponderada, ha sido reemplazada por el infierno de los buenos propósitos, las legiones de chantajistas y los sueños mojados de reguladores malaferosos que, con los peajes regulatorios o ‘técnicos’, frenan todo, destruyen el futuro, no responden nunca por nada y se aseguran la chanfa y la notoriedad a costa del bienestar de todos.