Cuando la vida en la vía no es una prioridad

Al finalizar cada año, se ha convertido en una tradición que la Policía Nacional, a través de su director, junto con los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales, presenten un informe de gestión relacionado con las estadísticas de homicidios en el país y en sus regiones.

En las últimas décadas, estas estadísticas han mostrado una tendencia descendente en Colombia, salvo algunas excepciones puntuales. Este logro ha sido el resultado de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Las cifras son claras: en las primeras décadas del siglo XXI, Colombia enfrentaba tasas alarmantes de homicidios, con aproximadamente 70 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002. Sin embargo, para 2017, esta tasa se había reducido significativamente a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, los niveles de homicidios han permanecido relativamente estables, fluctuando entre 25 y 27 por cada 100.000 habitantes.

Según los informes más recientes presentados por la Policía Nacional, en 2024 esta tasa a nivel nacional se mantuvo dentro de este rango estándar, reflejando la continuidad de las estrategias y los esfuerzos para mejorar la seguridad en el país.

Lo más preocupante es la aparente falta de prioridad que se le otorga a este problema en las agendas políticas nacionales, departamentales y municipales. Mientras que las muertes por inseguridad han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, las muertes en las vías han seguido un patrón ascendente que resulta profundamente preocupante.

Es imperativo que Colombia haga una pausa y reflexione sobre la gravedad de esta situación, implementando una política integral de seguridad vial. Esto debe incluir medidas drásticas, e incluso impopulares, orientadas a reducir estas cifras hasta alcanzar, idealmente, cero muertes en las vías. Estas políticas deben estar respaldadas por acciones contundentes de las autoridades, especialmente la Policía de Tránsito en las ciudades y en las carreteras, así como por los cuerpos de guardas de tránsito que operan en zonas urbanas.

Por ejemplo, en Medellín, las estadísticas de la Secretaría de Movilidad revelan que en 2024 se registraron 304 muertes por accidentes de tránsito, la cifra más alta de los últimos diez años. Esto contrasta con los avances logrados en la reducción de homicidios, en que la ciudad alcanzó la tasa más baja en los últimos 42 años. Esta disparidad evidencia la urgencia de abordar la protección de la vida desde una perspectiva unificada.

No podemos permitir que la vida de los colombianos se gestione como si existieran dos problemas aislados: los muertos por violencia y los muertos por accidentes de tránsito. Es prioritario que el Gobierno nacional, junto con las autoridades regionales y locales, articule una política integral en colaboración con la Policía Nacional, enfocada en proteger la vida en todas sus dimensiones. Los esfuerzos logrados en la reducción de muertes violentas perderán significado si las muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando. Es momento de actuar con decisión para detener esta tragedia en nuestras vías.

Las razones detrás de la alta tasa de muertes por accidentes de tránsito en Colombia están ampliamente diagnosticadas y documentadas. No obstante, el gran problema radica en que, a pesar de los diagnósticos, se han tomado muy pocas decisiones concretas para evitar que esta tragedia continúe.

Una de las principales causas es el notable aumento en el volumen de vehículos que circulan por el territorio colombiano, especialmente en las principales ciudades. Este incremento incluye todo tipo de vehículos, pero destaca particularmente el crecimiento exponencial de motocicletas en las vías. Este fenómeno requiere la adopción de medidas urgentes, aunque sean poco populares, como la construcción e implementación de carriles exclusivos para motocicletas en las grandes ciudades del país. Esta decisión, que no admite más demoras, debe priorizarse en urbes como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde las muertes de motociclistas han alcanzado niveles alarmantes.

Otro factor crítico es la falta de autoridad para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. La experiencia ha demostrado que es poco probable que los conductores cumplan con estas normas de forma voluntaria. Un ejemplo exitoso de intervención es la política de “tolerancia cero” frente a la conducción bajo los efectos del alcohol, que ha dado excelentes resultados. Los operativos masivos de control, acompañados de sanciones severas, han reducido significativamente la accidentalidad asociada al consumo de alcohol y el número de conductores detectados en estado de embriaguez.

La educación vial debe convertirse en un eje central de las políticas de prevención. Es fundamental que esta educación no solo esté dirigida a conductores, sino también a toda la ciudadanía, creando una cultura de respeto y seguridad vial. Paralelamente, es vital destinar presupuestos permanentes para mejorar la infraestructura vial, tanto en áreas urbanas como en carreteras departamentales y nacionales.

Otro aspecto crucial es garantizar la accesibilidad a servicios de emergencia de manera oportuna. Muchas vidas se pierden debido a la falta de asistencia médica inmediata tras un accidente, lo que subraya la importancia de invertir en una logística eficiente para atender emergencias.

Finalmente, una prioridad ineludible es la implementación de tecnología avanzada para mejorar el control y la seguridad vial. Esto incluye la instalación de más cámaras de monitoreo, radares de última generación y sistemas para penalizar comportamientos peligrosos en las vías. Estas tecnologías deben dar prioridad al transporte público y complementarse con acciones enfocadas en reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad en general.

Es lamentable que en Colombia no se haya logrado implementar una reforma al estatuto de tránsito que incorpore un sistema de puntos para los conductores. Este sistema obligaría a quienes acumulen infracciones a asumir costos más altos en sus seguros, fomentando así una mayor responsabilidad vial.

Un enfoque basado en las políticas de seguros vinculadas al historial del conductor, en lugar del tipo de vehículo, podría generar un cambio significativo en la cultura vial del país. Al ajustar las tarifas según el comportamiento del conductor, se establecerían condiciones más justas: los conductores responsables no serían penalizados por el valor del vehículo que conducen. Esto, a su vez, incentivaría a los conductores a mejorar su comportamiento para obtener tarifas más bajas.

Además, al centrar los seguros en el conductor y no en el vehículo, se simplificarían los procesos de reclamaciones y la asignación de culpas en caso de accidentes. El historial del conductor se convertiría en el factor principal para determinar responsabilidades, promoviendo una evaluación más objetiva y directa de los incidentes.

Este enfoque permitiría construir un sistema de seguros más equitativo y eficaz, beneficiando tanto a los asegurados como a la sociedad en general. Más importante aún, contribuiría a garantizar que la protección de la vida no se limite únicamente al ámbito del orden público, sino que también priorice la seguridad en las vías, promoviendo un compromiso real con la protección de los colombianos en todos los entornos.