Por estos días, Colombia ha vuelto a escuchar una expresión que parecía reservada exclusivamente a los recuerdos de la infancia: “Jugar a los congelados”. Para quienes crecimos en las calles y parques del país, las reglas eran simples: quien era tocado debía quedarse inmóvil, paralizado, esperando que alguien llegara a liberarlo. Era un juego inocente, propio de la niñez, donde las únicas consecuencias eran las risas al final de la tarde.
Lo inquietante es que hoy esa expresión haya reaparecido en medio de revelaciones sobre conversaciones sostenidas entre funcionarios del Gobierno nacional y miembros del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias del país. Si los hechos conocidos públicamente llegaran a confirmarse en toda su dimensión, la pregunta que surge es inevitable: ¿terminó el Estado colombiano jugando a los congelados con los bandidos?
Porque mientras algunos parecían dispuestos a congelar la acción legítima del Estado, los criminales jamás se congelaron.
No se congeló el narcotráfico. No se congeló la extorsión. No se congeló el reclutamiento forzado de menores. No se congelaron las amenazas contra líderes sociales. Tampoco se congeló el control territorial ejercido por estructuras armadas ilegales en amplias regiones del país.
Las cifras oficiales revelan una realidad preocupante. La Unidad para las Víctimas reportó que solo durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 164.000 eventos de desplazamiento forzado, afectando a más de 156.000 personas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha advertido que cerca del 71 % de los municipios colombianos enfrentan riesgos derivados de la presencia y expansión de grupos armados ilegales.
Detrás de esas cifras existen historias humanas: campesinos que abandonan sus tierras, comunidades enteras confinadas, niños que crecen bajo la sombra de las armas y ciudadanos obligados a obedecer normas impuestas por quienes jamás recibieron un voto, pero ejercen el poder a través del miedo.
Quizás una de las consecuencias más dolorosas de esta política haya sido el mensaje enviado a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública.
Durante décadas, miles de soldados y policías han sacrificado su tranquilidad, sus familias e incluso sus vidas en defensa de la institucionalidad. Muchos murieron combatiendo precisamente a las organizaciones criminales con las que posteriormente se intentó dialogar sin exigir, al menos de manera previa y verificable, el abandono de las armas y de sus economías ilícitas.
Si además se confirma que integrantes de la Fuerza Pública fueron apartados de sus responsabilidades o considerados un obstáculo para las conversaciones por petición de organizaciones criminales, estaríamos frente a un precedente de extrema gravedad para cualquier democracia. Ningún Estado serio puede permitir que quienes han desafiado violentamente el orden constitucional terminen influyendo sobre las decisiones relativas a quienes tienen el deber de defenderlo.
La paz es, sin duda, un propósito legítimo y necesario. Ninguna sociedad puede renunciar a buscarla. Sin embargo, la historia reciente de Colombia demuestra que la paz verdadera no se construye debilitando al Estado, ni entregando territorios a organizaciones armadas, ni confundiendo estructuras narcotraficantes con actores genuinamente comprometidos con la reconciliación.
La paz exige condiciones mínimas: voluntad real, abandono definitivo de las armas, sometimiento a la justicia, reparación integral a las víctimas y garantías efectivas de no repetición. Cuando estos elementos no existen, el riesgo es evidente: que el diálogo termine convirtiéndose en una oportunidad para fortalecer militar y económicamente a quienes nunca tuvieron la intención de abandonar la violencia.
Pero la gravedad de las revelaciones conocidas por el país no puede quedar reducida a la controversia política o al debate mediático. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes tienen el deber constitucional de investigar con rigor, independencia y celeridad estos hechos.
Los colombianos tienen derecho a conocer toda la verdad. El país merece saber quién tomó las decisiones, bajo qué criterios se adoptaron, quién participó en ellas y cuáles fueron sus consecuencias reales para la seguridad nacional. Si servidores públicos comprometieron la seguridad del Estado, debilitaron deliberadamente la acción legítima de la Fuerza Pública o favorecieron intereses criminales, deberán responder ante las autoridades competentes, sin excepciones ni privilegios.
En una democracia auténtica no existen funcionarios intocables. Ningún cargo, investidura o posición de poder puede convertirse en escudo frente al deber de rendir cuentas. Colombia exige respuestas claras, investigaciones profundas y resultados concretos. La verdad debe conocerse y, si a ello hubiere lugar, las sanciones deberán imponerse con todo el peso de la ley.
Porque cuando están en juego la vida de los colombianos, la seguridad nacional y el honor de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, el silencio institucional no es una opción.
Porque con los niños se juega a los congelados.
Con los criminales, un Estado democrático no juega: los enfrenta dentro del marco de la Constitución y la ley. Y quienes eventualmente hayan olvidado ese principio deberán responder ante la justicia y ante la historia.