Esta semana, durante la presentación de su modelo económico, el presidente Gustavo Petro señaló al Banco de la República como responsable de la caída del mercado de vivienda, afirmando que las altas tasas están impidiendo que los colombianos compren. El señalamiento es parcialmente cierto, pero incurre en un diagnóstico equivocado.
El problema no es solo el acceso a vivienda, sino el aumento en su costo de producción. Cuando ambas dinámicas coinciden, el resultado es previsible: menos proyectos, precios más altos y más familias por fuera del mercado.
Cuando hay presiones inflacionarias —derivadas, entre otras cosas, del manejo fiscal y de decisiones que han presionado los costos, como el aumento del gasto y medidas que encarecen insumos clave—, el Banco endurece su política monetaria. Esa es su función constitucional: preservar la estabilidad de precios. Esto encarece el crédito, eleva las cuotas y reduce el número de hogares con capacidad de financiar una vivienda.
Pero el problema no termina ahí. La caída de la actividad constructora no responde a una sola causa, sino a varios factores que operan al mismo tiempo.
Primero, el costo de construir vivienda está aumentando. Según el comunicado del 18 de marzo de 2026 de Camacol, insumos como hierro y acero —que representan cerca del 16,3 % de los costos directos— podrían subir hasta un 35 %, elevando esos costos en alrededor del 3,9 % y presionando el precio final de la vivienda en aproximadamente el 2,2 %.
Segundo, se debilitó la política de acceso. Los esquemas de subsidio a la vivienda, incluido Mi Casa Ya, no han desaparecido formalmente, pero sí han perdido capacidad real por restricciones presupuestales y menor previsibilidad en su ejecución. A esto se suma la eliminación de Semillero de Propietarios y la reducción efectiva de los apoyos a la tasa de interés.
Tercero, la relación con la industria se ha deteriorado. La confrontación con los constructores introduce incertidumbre y reduce los incentivos a invertir y desarrollar nuevos proyectos. En una actividad intensiva en capital y de largo plazo, sin condiciones de confianza, la expansión simplemente no ocurre.
Cuarto, hay un problema de concentración que limita la capacidad de respuesta. Cuando los grandes proyectos se concentran en pocos actores, se reduce la competencia y se desaprovecha el potencial de constructores regionales y medianos para desarrollar iniciativas en distintas ciudades. Esto restringe la velocidad a la que puede crecer la oferta, especialmente en territorios donde la demanda está aumentando.
Las cifras ya reflejan la magnitud del problema. La construcción acumula más de 30 meses de contracción, ha perdido más de 136 mil empleos y, según análisis del sector, los metros cuadrados iniciados han caído cerca del 39 % a nivel nacional —una señal directa del freno en nuevos proyectos—, mientras el empleo crece apenas alrededor del 2 %, evidenciando el rezago con el que impacta el empleo.
A esto se suma un hecho estructural: hoy el sector aporta menos a la economía de lo que históricamente ha sido saludable. En condiciones normales, la construcción debería representar cerca del 6 % – 7 % del PIB; sin embargo, hoy ronda apenas el 4 %, reflejando un nivel de actividad insuficiente para sostener el crecimiento y el empleo que el país necesita, en un momento en el que Colombia, simplemente, dejó de construir al ritmo que demanda su propia población.
Hay, además, una señal especialmente preocupante: las licencias de construcción. En 2025 disminuyeron frente a años previos, lo que anticipa una menor capacidad de edificar en los próximos años. Cuando caen las licencias, no solo se reduce la actividad presente, también se limita la oferta futura.
Cada vez más jóvenes ven cómo la posibilidad de comprar vivienda se aleja frente a las oportunidades que tuvieron sus padres. Familias que ahorraron durante años hoy no alcanzan a cerrar la brecha entre lo que pueden pagar y lo que cuesta una vivienda. Lo mismo empieza a ocurrir con el arriendo: los precios crecen por encima de los ingresos, en un mercado donde la oferta de vivienda disponible no está siendo suficiente para responder a la demanda.
Por eso el próximo gobierno, sea cual sea, tendrá que reactivar la construcción. No solo es una necesidad sectorial y social: es una de las formas más rápidas de dinamizar la economía y generar empleo en el corto plazo.
Por ejemplo, en Estados Unidos, tras la crisis financiera de 2008, la recuperación del sector inmobiliario contribuyó de manera significativa a la reactivación del empleo y al crecimiento económico a partir de 2012; en España, si bien la burbuja inmobiliaria fue el origen de la crisis, la estabilización progresiva del sector y la reactivación de la actividad constructora acompañaron la recuperación económica en los años siguientes; y en Chile, los programas de subsidio y apoyo a la vivienda han sido utilizados de manera recurrente como herramienta contracíclica para dinamizar la economía en fases de menor crecimiento.
Además, es una actividad con fuertes encadenamientos productivos: puede activar más de 30 subsectores, desde cemento y acero hasta transporte, comercio de materiales, servicios financieros, diseño, arquitectura e ingeniería. Pocos sectores tienen un efecto multiplicador tan amplio.
Reactivar la construcción exige recuperar la previsibilidad de la demanda mediante un esquema de subsidios o créditos a la vivienda con recursos estables y reglas claras, bien diseñado para que llegue efectivamente a las poblaciones vulnerables y a la clase media, así como reducir los costos de producción mediante la revisión de aranceles y la eliminación de cuellos de botella en licencias.
También implica reconstruir la confianza con la industria mediante señales coherentes y abrir el juego a constructores regionales y medianos capaces de ampliar la oferta en todo el territorio.
Tanto el Gobierno actual como el que ocupe la Casa de Nariño el 7 de agosto deben dejar de tratar al sector constructor como un adversario y empezar a trabajar con él. De esa relación depende, en buena medida, que el país vuelva a construir. Para la mayoría de los colombianos, acceder a vivienda dejó de ser una posibilidad y empezó a parecer un privilegio.