Hay una pregunta que el Gobierno nunca ha querido responder con claridad: ¿en qué se fueron los billones de la salud?
Mientras millones de colombianos recorren farmacias buscando medicamentos que no consiguen y las tutelas por salud se disparan, el Gobierno ha tenido otra prioridad. Esa prioridad, financiada a manos llenas, se llama Equipos Básicos de Salud (EBS).
El presidente Gustavo Petro lo ha dicho con orgullo: “Son los equipos que recorren casa a casa todos los territorios”. El ministro Guillermo Jaramillo lo repite en cada rendición de cuentas: más de 10.000 equipos y una inversión que, desde 2022, ya compromete $8,2 billones.
Para dimensionar la cifra, con ese dinero habrían podido financiarse aproximadamente 160 millones de fórmulas médicas. Eso equivale a millones de dosis de insulina, tratamientos oncológicos y medicamentos para enfermedades crónicas que hoy los pacientes simplemente no consiguen.
Estos billones no salieron de la nada; se drenaron de un sistema que ya estaba al límite, acelerando su colapso.
Mientras los recursos se desviaban a estas brigadas, los hospitales y clínicas acumulaban una cartera morosa de $25,7 billones por parte de las EPS al cierre de 2025. Paradójicamente, las diez EPS intervenidas por el propio Gobierno —las mismas que Petro prometió sanear— concentran $12,6 billones de esa deuda, con una morosidad del 65,6 %.
El resultado de esta asfixia financiera es el desabastecimiento. Los gestores farmacéuticos acumulan una cartera vencida de $2,9 billones, rompiendo por completo la cadena logística. La industria entrega los fármacos, no recibe el pago; las filas en las farmacias se vuelven interminables y los pacientes regresan a casa con las manos vacías.
Por eso las quejas ante la Superintendencia de Salud por falta de medicamentos se triplicaron, pasando de 18.200 a más de 55.000 en un año y medio. Según el DANE, los hogares colombianos pagaron en 2025 $10,5 billones más en salud que al inicio del gobierno Petro. El sistema no desapareció: simplemente les trasladó la carga económica a las familias en un evidente acto de abandono.
Cuando la Contraloría entró a investigar, el panorama técnico empeoró y abrió la puerta a sospechas más oscuras. En julio de 2025 se confirmaron irregularidades en la ejecución de $1,3 billones asignados a los EBS. En varios hospitales intervenidos, el dinero terminó pagando nóminas atrasadas y deudas con proveedores que nada tenían que ver con atención preventiva.
El Ministerio de Salud, en lugar de aclarar el rumbo de estos recursos, optó por la opacidad: desactivó los tableros públicos de seguimiento territorial y, a marzo de 2026, ha ejecutado $4,2 billones sin una medición unificada de impacto, escudándose en que los datos son “preliminares”.
Todo indica que detrás de esta falta de control existe una motivación política. Desde mediados de 2025 se reveló que exasesores del Ministerio diseñaron una estrategia para repartir los EBS en los municipios a cambio de respaldo político para el Pacto Histórico. Lo que nació como el programa bandera de prevención se transformó rápidamente en una maquinaria electoral.
El episodio más vergonzoso de esta estrategia quedó registrado en video a finales de mayo de 2026 en La Guajira. Funcionarios con chalecos institucionales del Hospital de Nazareth —intervenido por el Gobierno desde enero de 2025— recorrieron rancherías wayúu con tarjetones en mano, explicando en su propia lengua cómo votar por Iván Cepeda en plena campaña electoral.
Con recursos públicos y con el dinero de la salud se hizo proselitismo abierto en una de las regiones con mayores tasas de desnutrición y abandono del país.
Lo más preocupante es que el senador y hoy candidato presidencial, hasta la fecha, no ha dicho nada. No solo ha guardado silencio frente a las denuncias de corrupción y a los videos que muestran el uso de recursos de la salud con fines electorales, sino que su propia aspiración terminó beneficiándose de ese entramado.
El pasado 26 de febrero el Ministerio de Salud organizó en la Plaza de Bolívar el evento institucional “Defender la salud es defender a Colombia”, que incluyó un desfile de 51 ambulancias y delegaciones de los EBS. Al día siguiente, la misma tarima, el sonido, las luces y los equipos logísticos, cuyo contrato contemplaba dos días de alquiler, fueron utilizados para el “Pacto Fest”, el cierre de campaña de las listas del Pacto Histórico al Congreso por Bogotá.
Jamás hemos oído a Cepeda pronunciarse sobre el saqueo de estos recursos ni sobre el polémico nombramiento del imputado Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud.
No me sorprendería que, en medio de una campaña en la que las encuestas le son cada vez menos favorables, ahora intente marcar distancia o prometer algo distinto. Pero la realidad es otra: durante cuatro años guardó silencio frente al deterioro del sistema de salud, los escándalos que lo rodearon y el uso político de recursos que debían estar al servicio de los pacientes.
Los hechos valen más que mil palabras.
Cepeda ha defendido a capa y espada que quiere darle continuidad al modelo de salud de Petro. Quienes callan frente a los escándalos y el clientelismo de sus aliados no hacen control político; hacen complicidad.
Al final, esta política fracasó incluso en el objetivo que decía perseguir. El DANE demostró que las barreras de acceso a la salud en las zonas rurales empeoraron. Se invirtieron billones con la bandera de llevar salud al campo, y el campo terminó más desprotegido que antes.
Esta ya no es una discusión técnica sobre el modelo de atención primaria; es una pregunta moral: ¿A quién le sirvieron realmente esos ocho billones de pesos? ¿A los pacientes vulnerables o a los intereses electorales del partido de Gobierno?
La ambición de controlar el botín de la salud desplazó la obligación de proteger a los ciudadanos. Detrás de cada peso desviado hay un colombiano que no recibió su tratamiento, una familia que tuvo que endeudarse para comprar un medicamento o un paciente que murió esperando atención.