La reforma pensional está en cuidados intensivos: SEMANA explica los tres caminos que le quedan en la Corte Constitucional

En medio de los llamados del presidente Gustavo Petro para convocar movilizaciones permanentes y defender las reformas de su Gobierno, la Corte Constitucional puso en marcha la discusión que definirá el futuro de la pensional. SEMANA presenta los tres caminos que le quedan a esa ley, que ya tambalea en su control de constitucionalidad.

Con la radicación de la ponencia por parte del presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, se echó a rodar la versión de que en ella se solicitaba la inexequibilidad por vicios de forma insubsanables en la aprobación de ese proyecto de ley en la Cámara de Representantes. La reacción de Petro fue airada y planteó sacar de nuevo a la gente a protestar, esta vez contra la Corte Constitucional, como en el pasado lo hizo contra la Corte Suprema de Justicia en el marco de la elección de fiscal general de la nación.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar ha mantenido el hermetismo y no ha dicho ni una sola palabra sobre su ponencia. Se espera que probablemente en marzo se defina el futuro del proyecto que modificó el sistema de pensiones. Sin embargo, se conoce que el planteamiento de Ibáñez Najar pondría en jaque la reforma pensional. Por ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional le metió el acelerador a la discusión y hasta tuvieron el primer debate sobre esa postura, que estaría alineada con la petición de la demandante, la senadora Paloma Valencia, de tumbar la iniciativa.

Pero más allá de las polémicas, que incluso influyeron en la decisión de los presidentes de las altas cortes de no asistir a la invitación que les hizo Petro para participar en un “encuentro de diálogo” en la Casa de Nariño, esta reforma pensional solo tiene tres caminos en la Constitucional.

Tumbarla

El 18 de julio de 2024, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, radicó una demanda contra la reforma alegando que la aprobación tuvo graves vicios de trámite, es decir, de forma. La congresista pidió tumbar toda la iniciativa, pues se habría aprobado bajo una serie de irregularidades durante el cuarto debate en la Cámara de Representantes.

Valencia expuso que se debía “deliberar (sobre) todos los aspectos sometidos a consideración, pero la Cámara de Representantes terminó aprobando el texto que tenía el visto bueno del Senado y dejó de lado el proyecto que ellos mismos habían construido y revisado en la Comisión Séptima”. La demanda también subrayó que la nueva reforma estableció un régimen especial para pueblos étnicos, a pesar de que existe una prohibición en la Constitución.

Siete meses después de que llegó esa demanda a la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó su ponencia ante los ocho magistrados restantes de la Sala Plena para que definan el futuro de la pensional. En los pasillos del Palacio de Justicia se rumora que la ponencia de Ibáñez es determinante contra esa ley por las inconsistencias que habría tenido su aprobación en el Legislativo.

Esa idea fue respaldada por un concepto que envió la Procuraduría en noviembre del año pasado. El asunto de fondo es que en el cuarto debate no hubo deliberación sobre el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara, y en el corto tiempo de discusión legislativa solo se aprobó la decisión de darle vía libre al texto del Senado. Dos errores insubsanables: no hubo debate y se cercenó lo adelantado en el tercer debate en comisión.

Devolverla al Congreso

Con la revisión de la reforma pensional en la Corte Constitucional, llegaron varios conceptos de entidades, organismos y expertos sobre la demanda que pide tumbar esa ley. Uno de estos lo envió el abogado Rodrigo Uprimny, a través del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); sugirió devolver el proyecto al Congreso para enmendar los errores en el trámite legislativo.

Uprimny explicó en su argumento que la subsanación de un vicio de procedimiento “no afecta los atributos ni el contenido de la reforma pensional”, por lo que le propuso a la Corte devolver ese proyecto hasta el último debate de la Cámara de Representantes para que se pueda corregir el error que terminó en la demanda que la tiene en la cuerda floja. Sin embargo, advirtió que en esos escenarios “es factible que la ley experimente un cambio en su contenido, que sin variar su objeto ni desconocer los principios de consecutividad e identidad, modifique algunas de las instituciones del nuevo sistema general de pensiones”.

Una de las preocupaciones que deja ese ejercicio de subsanación es que el próximo primero de julio de 2025, en menos de cinco meses, entra en vigencia el nuevo sistema pensional, por lo que el Congreso podría terminar limitado y hasta condicionado sobre los cambios que debería tener esa reforma.

Ante ese escenario, Uprimny le hizo una petición a la Corte: “Para liberar al Congreso de ese limitante y modular la fecha de entrada en vigencia del sistema pensional, posponerlo seis meses o un año, con el fin de que los eventuales cambios que se le hagan a la ley, en el procedimiento de subsanación, cuenten con un periodo constitucionalmente aceptable de adaptación institucional y ciudadana”.

Vía libre

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, e Iris Marín, defensora del Pueblo, también hicieron llegar sus conceptos al control de constitucionalidad, argumentando que la reforma pensional es un hecho y debe seguir adelante, a pesar de las casi 60 demandas que han llegado a la Corte Suprema.

El representante por el partido Alianza Verde concluyó que a la fecha no hay norma vigente que “prohíba a cualquiera de las dos cámaras del Congreso aprobar el escrito aprobado por la otra en su totalidad”, contradiciendo el principal argumento de la senadora Paloma Valencia contra la reforma que habría aprobado la Cámara de Representantes, pupitreando el texto avalado por el Senado.

La defensora del Pueblo indicó que la ley fue expedida “respetando el trámite legislativo y los principios de publicidad democrática”. En el documento de 28 páginas que le envió a la Corte, también detalló que en el proceso de aprobación se cumplió con todas las etapas que establece la Constitución y se acogió el texto del Senado “como una decisión consciente”.

Con el arranque de la discusión en la Corte Constitucional, que no se extenderá en el tiempo, la magistrada Diana Fajardo se declaró impedida para participar en el debate por una solicitud de traslado de régimen de pensión. Por su parte, el presidente Petro, al ver que su única reforma aprobada está a punto de fracasar en la revisión de constitucionalidad, le pidió al alto tribunal una audiencia pública para ejercer su defensa.