¿Habrá una Corte Constitucional de carácter petrista? En el 2025 se elegirán cuatro magistrados y esto es lo que está en juego

El presidente Gustavo Petro no cuenta con las mayorías en la Corte Constitucional, un tribunal que se ha convertido en el muro de contención de leyes y decretos, algunos con vicios o facultades desproporcionadas amparadas en el bolígrafo presidencial. La Corte ha tenido entre sus manos temas como la emergencia económica en La Guajira, la creación del Ministerio de la Igualdad, la prohibición en la deducción de regalías –incluida en la tributaria– y las facultades sancionatorias de la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular.

En la Corte se avecinan cambios por magistrados que cumplen su periodo, y el Gobierno Petro se alista para lograr la elección de togados cercanos y obtener las mayorías en el tribunal. La estrategia se remonta al pasado 17 de octubre de 2023, cuando el Senado eligió a Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de la Casa de Nariño, como magistrado. Salió del Gobierno Petro y aterrizó en la Corte Constitucional.

Entre algunos magistrados se comenta que las posturas de Fernández son una especie de “realización jurídica de las teorías políticas de Petro”. El exsecretario se opuso a la decisión de dejar sin efecto la nulidad del Consejo de Estado a las sanciones disciplinarias de la Procuraduría contra Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, y el exsenador Eduardo Merlano. La competencia del ente de control para sancionar a elegidos por voto popular ha sido una de las principales batallas de Petro.

Mientras que la Corte amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría en los dos casos, el magistrado Fernández esbozó: “La aplicación de las sanciones de destitución e inhabilidad solo podrían llegar a ser exigibles en el escenario en que las mismas sean objeto de un examen amplio, integral, con libertad probatoria y de verificación completa de los hechos y de lo reprochado por parte de una autoridad judicial”.

Fernández reemplazó al magistrado Alejandro Linares, quien tenía en su equipo, en calidad de auxiliar, a Miguel Polo Rosero, un abogado con más de diez años de experiencia en el tribunal. Polo Rosero, con el apoyo político del Gobierno Petro, fue elegido para reemplazar a Antonio José Lizarazo, que deja su cargo este 6 de febrero.

Sobre Polo Rosero se ha dicho que es de línea conservadora, pero nadie duda de que su elección se dio en buena medida por el respaldo de la Casa de Nariño.

La tercera ficha que busca el presidente Petro es el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, que reemplazó al cuestionado Jorge Pretelt. Ella fue secretaria jurídica de la Casa de Nariño en el primer periodo del Gobierno Santos y tiene posturas lejanas al petrismo. Su periodo concluirá el próximo 15 de mayo.

Asimismo, la magistrada Diana Fajardo estará hasta junio de este año, y el periodo del magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, finaliza en septiembre.

Los togados son elegidos por el Senado a partir de ternas presentadas por la Casa de Nariño, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La elección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional ocurrirá en medio de las tensiones del Gobierno Petro con las cortes. En el Senado, pese a los reveses políticos con algunas reformas, el entonces candidato Vladimir Fernández tuvo un respaldo abrumador: 88 votos.

Actualmente, además de Fernández, hay otros togados cuyas tesis son interpretadas en el mundo jurídico como afines a las de Petro. Uno de ellos es Juan Carlos Cortés, de línea liberal y cercano al exprocurador Fernando Carrillo. De hecho, fue su viceprocurador entre 2016 y 2020. Cortés se opuso a que la Corte Constitucional tumbara la prohibición de deducción de regalías del impuesto sobre la renta en el sector petrolero y minero argumentando “el alcance estratégico que se planteó en la reforma tributaria de 2022 para la medida declarada inexequible y por el efecto desestabilizador en los ingresos planeados para las finanzas públicas”.

Sin embargo, la Corte consideró que esa iniciativa, defendida por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desconocía la capacidad contributiva y violaba la confianza de las empresas dedicadas a esa actividad.

En el caso de la magistrada Natalia Ángel Cabo, en la Corte se señala que, por “autopreservación”, podría terminar salvando las iniciativas del Ejecutivo. De hecho, fue la encargada de presentar la ponencia que pedía avalar el decreto de la emergencia económica en La Guajira, pero fue derrotada. Ella también formó parte de la ponencia que le dio un respiro con condicionamientos a la ley de paz total.

Con Fernández, Polo Rosero, Ángel, Cortés y el nuevo magistrado que postulará la Presidencia (para el reemplazo de Cristina Pardo), Petro tendría la mayoría en la Corte Constitucional. Si el Gobierno consigue que los elegidos sean cercanos, tendría mayorías aseguradas.

Este año, el reconocido magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar será el encargado de presidir la Corte Constitucional. Su voz crítica e independiente frente al Gobierno es vista como un necesario contrapeso y una prenda de garantía en defensa de la Constitución de 1991. En los últimos meses, Ibáñez Najar ha denunciado chuzadas a sus comunicaciones y hasta drones sobrevolando su casa en Bogotá.

Para el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, la Corte ha cumplido hasta ahora con su función de ser guardiana de la carta magna. Aunque sus decisiones en 2025 tendrán un innegable efecto político de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, se espera que los magistrados actúen en defensa del interés general.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry consideró que, con los cambios en la Corte, se mantendría una mayoría institucional con dos candidatos claramente gobiernistas (Vladimir Fernández y el reemplazo de Cristina Pardo) y por lo menos dos magistrados con posibilidades de posturas progresistas que podrían sumarle cuatro votos a los proyectos del Ejecutivo.

“Si puede haber mayorías para tomar decisiones a favor o en contra del Gobierno, dependerá en buena medida de los temas en los que hay interpretaciones y posiciones técnicas institucionales, y seguramente una cierta afinidad política. Habrá posibilidades de que en algunos temas haya mayorías que le den la razón al Gobierno en debates de interpretación constitucional”, explicó Charry.

El presidente Petro ha sido un constante crítico de las decisiones de la Corte Constitucional, pero ahora, con calculadora en mano, tratará de conseguir el respaldo del tribunal que, en derecho, les ha dado golpes certeros a algunas de sus iniciativas. En la Corte se definirá, en últimas, el futuro de las polémicas reformas del Gobierno, entre ellas la pensional.