Delegación del Congreso de EE. UU. visitó Cali y Buenaventura para evaluar situación de derechos étnicos y sociales en Colombia

Una delegación del Congreso de los Estados Unidos, liderada por el Congresista Henry “Hank” Johnson, visitó recientemente las ciudades de Cali y Buenaventura, con el objetivo de analizar la implementación del acuerdo de paz de 2016, particularmente en lo relacionado con el Capítulo Étnico y los avances en la reforma policial. La visita también permitió conocer de cerca las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, que siguen enfrentando graves problemas de violencia, desplazamiento y discriminación racial.

Johnson, un veterano demócrata del estado de Georgia, ha sido un firme defensor de los derechos de los afrocolombianos, indígenas y sindicalistas en Colombia durante más de 16 años. En sus intervenciones, expresó su oposición a la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE. UU. y Colombia, debido a las condiciones de pobreza y violencia que afectan a muchas comunidades afrocolombianas. En particular, destacó su apoyo al Paro Cívico de Buenaventura y a los jóvenes de Cali e indígenas que enfrentaron la represión durante el estallido social de 2021.

La delegación, que también incluyó a asesores de las congresistas Sidney Kamlager-Dove de California y Delia Ramírez de Illinois, así como a defensores de derechos humanos como Raudemar Ofunshi, Hernández de Colombia Acuerdo de Paz NGO, Gimena Sánchez de WOLA, y James Guittard de La Fundación Educativa de Diáspora en Cali, visitó el barrio Llano Verde en Cali, Allí, tuvieron un acercamiento con los líderes de la comunidad afrocolombiana, quienes compartieron sus preocupaciones sobre la falta de empleo digno, la inseguridad y la discriminación racial que enfrentan, especialmente los jóvenes afrocolombianos, quienes continúan siendo víctimas de la violencia policial y de grupos ilegales.

La delegación también se reunió con representantes de organizaciones como Memoria Viva Colombia, Tribunal Popular en Siloé, ACIN y Nomadesc, quienes expusieron la alarmante situación de impunidad que existe frente a los crímenes cometidos por la fuerza pública durante las protestas sociales de 2017, 2019 y 2021, con un índice de impunidad que alcanza el 98%. Asimismo, se denunció el uso de armamento antidisturbios producido en EE. UU. y Canadá, que fue utilizado de manera letal durante las manifestaciones.

Uno de los temas centrales de la visita fue la reforma a la Policía Nacional y la implementación de los acuerdos relacionados con la justicia para las víctimas del estallido social. Las organizaciones sociales solicitaron a la delegación que se realice un monitoreo de derechos humanos sobre la reforma policial, en particular en lo que respecta al presupuesto otorgado por EE. UU. para la Fuerza Pública colombiana, ya que muchos familiares de las víctimas de la brutalidad policial siguen siendo revictimizados por el lento avance de los casos judiciales.

En Buenaventura, los líderes afro, indígenas y de la comunidad LGBTQ compartieron con la delegación las graves violaciones de derechos humanos que continúan afectando a la región, especialmente en las zonas rurales, donde grupos ilegales siguen desplazando a la población y la minería ilegal destruye el territorio étnico. La guerra entre grupos criminales como los Shottas y Espartanos también sigue afectando la vida de los residentes en el área urbana.

Durante la visita, se destacó la labor del congresista Hank Johnson y de Raudemar Ofunshi en la promoción de los derechos de las comunidades étnicas y la justicia social, especialmente en lo relacionado con el desarrollo del Capítulo Étnico del acuerdo de paz. También, la Unidad de Restitución de Tierras y el movimiento afro e indígena reconocieron el papel clave que jugaron en el desarrollo del Capítulo Étnico el congresista Johnson y Gimena Sánchez-Garzoli. Dicho reconocimiento es por los esfuerzos en la lucha por la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Aunque la delegación valoró algunos avances, la visita dejó en evidencia que persisten graves retos en la implementación de los acuerdos y en la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas, especialmente en lo que respecta al racismo estructural, la violencia policial y el acceso a oportunidades económicas.

A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano, muchos líderes comunitarios manifestaron su frustración ante la falta de apoyo y soluciones a sus problemas, especialmente en áreas como Buenaventura, donde el comercio y la minería continúan pasando por encima de los derechos de la población local.

La visita del Congreso de los EE. UU. fue vista como un paso clave para reafirmar el compromiso del gobierno estadounidense con la paz, la justicia social y la defensa de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. A través de esta delegación, se espera continuar el apoyo bipartidista en los Estados Unidos para asegurar que se sigan impulsando cambios estructurales en Colombia que garanticen los derechos de los afrodescendientes, indígenas y otros grupos vulnerables.