Cae banda que se dedicaba a lavar dinero a través de IPS en varios departamentos

La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, desmanteló una red criminal que utilizaba recursos provenientes del narcotráfico para blanquear dinero mediante inversiones en el sector salud. Los fondos ilícitos, que estarían vinculados a la estructura criminal conocida como La Constru, actualmente Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, fueron presuntamente utilizados para adquirir ambulancias, crear Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y realizar otras inversiones en varias regiones del país.

Las investigaciones revelaron que el dinero, proveniente del narcotráfico, particularmente del envío de clorhidrato de cocaína desde la zona fronteriza con Ecuador, fue destinado a la creación de empresas relacionadas con servicios médicos en los departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caldas, Cauca y Valle del Cauca. La organización criminal habría utilizado estos recursos para establecer una infraestructura que ofreciera servicios de salud, con el objetivo de camuflar el origen de los fondos.

Según la Fiscalía, Édison Bernardo Rosero, alias Chamón, identificado como cabecilla de La Constru, adquirió 24 vehículos, incluyendo ambulancias y un carro de alta gama. Además, se hizo con una droguería y ocho sociedades comerciales. Los bienes fueron registrados a nombre de varias personas, quienes operaban estos activos de manera ilícita. Seis de los titulares de estas propiedades fueron capturados y judicializados.

Los procesados enfrentan cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. En la audiencia de control de garantías, el juez de turno determinó que Bernardo Rosero, Solarte Rosero, Nathaly Rosero y Ortega Hernández deben permanecer en prisión, mientras que Yésica Tatiana Rúales Castillo y Gloria Alicia Arteaga Ángulo cumplirán su medida de aseguramiento en sus residencias.

Simultáneamente, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio realizó un rastreo de los bienes adquiridos con los recursos ilícitos. Como resultado, se identificaron 32 propiedades vinculadas a la red criminal, que incluyen ambulancias, IPS, vehículos de lujo y establecimientos comerciales registrados a nombre de los procesados. Estos bienes, cuya valoración preliminar asciende a 6.414 millones de pesos, fueron afectados por medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encargará de la administración de estos bienes mientras avanza el proceso judicial y de extinción de dominio. Esta operación representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en el narcotráfico y el lavado de activos, evidenciando la conexión entre el crimen organizado y sectores clave como la salud.