Contraloría denuncia inoperancia de la UNGRD en Piojó tras más de dos años del desastre

La Contraloría General de la República, a través del vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, realizó una visita de seguimiento al municipio de Piojó, Atlántico, con el propósito de verificar los avances en los procesos de reconstrucción del casco urbano, luego del deslizamiento de tierra ocurrido el 22 de noviembre de 2022.

A pesar del tiempo transcurrido desde la emergencia, el panorama sigue siendo preocupante: más de 150 familias continúan sin recibir soluciones efectivas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante la jornada, Zuluaga lideró una mesa de trabajo con autoridades locales, damnificados y demás actores sociales, en la que se evidenció nuevamente la ausencia presencial de los representantes de la UNGRD.

Aunque algunos funcionarios se conectaron de manera virtual, la Contraloría calificó esta falta de presencia institucional como una muestra de desinterés frente a la crítica situación que enfrenta la comunidad.

“Estas situaciones ameritan una presencia institucional con soluciones concretas, en reconocimiento de la condición de vulnerabilidad manifiesta”, señaló el vicecontralor.

Uno de los puntos que más llamaron la atención durante la reunión fue la inminente pérdida del auxilio de arrendamiento por parte de la mayoría de los damnificados. La Contraloría advirtió que retirar esta ayuda sería un grave error, pues la condición de damnificado solo debe cesar una vez se haya brindado una reparación integral.

Zuluaga Pardo cuestionó además la falta de claridad jurídica respecto a la depuración del censo y la afectación de las familias que han realizado procesos de reagrupación, lo que ha puesto en riesgo su derecho al subsidio de arriendo.

“La comunidad sigue esperando su vivienda, y tampoco se están dando los subsidios. Este es el derecho más mínimo que tienen para garantizar su bienestar”, manifestó.

Como resultado de la mesa de trabajo, definieron tres compromisos dirigidos a la UNGRD, así lo muestra el comunicado de prensa emitido por la Contraloría:

1. Entrega de un estudio técnico del terreno afectado: La Unidad deberá proporcionar un estudio que determine el nivel de riesgo (alto, medio o moderado) del suelo donde ocurrió el desastre. Esta información es fundamental para establecer si las familias pueden retornar a dicha zona o si se requiere identificar un nuevo terreno para llevar a cabo el proceso de reasentamiento.

2. Explicación jurídica sobre el retiro del auxilio de arrendamiento: Se solicitó a la UNGRD una justificación clara sobre los criterios que están utilizando para excluir a algunas familias del beneficio del subsidio de arriendo. La Contraloría insistió en que estas ayudas no deben retirarse sin una reparación completa y verificable a los afectados.

3. Presentación del Plan Integral de Intervención: Se exigió a la UNGRD entregar el plan con fechas, actividades y cronograma definido, lo que permitirá a la Contraloría realizar un seguimiento riguroso y garantizar que la comunidad recupere las condiciones de vida digna que perdió tras la calamidad.